Derechos Humanos

Derechos humanos en Venezuela

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos Humanos de puede definir como el conjunto de organizaciones y personas dedicadas a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. No es una entidad orgánica, sino un conglomerado que se auto reconoce y es identificado a partir de un ámbito de actuación.

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito.

La labor del movimiento de derechos humanos y el derecho a defender derechos humanos, fueron reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas (O.N.U.) que aprobó el 9 de diciembre de 1998 la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y la Responsabilidad de los Individuos, Grupos y Órganos de la Sociedad de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Reconocidos Universalmente

Las políticas públicas desplegadas por el Estado venezolano, desde 1999, se orientan a garantizar los derechos humanos y lograr la inclusión plena de los venezolanos y las venezolanas, haciendo posible su realización y disfrute de manera integral y, especialmente, los derechos colectivos económicos, sociales y culturales.

VINCULACION CON EL MARCO JURIDICO VENEZOLANO

La Constitución de Venezuela de 1999 fue adoptada en diciembre de 1999, impulsada por Hugo Chávez, actual Presidente, recibiendo un gran respaldo de diversos sectores, incluyendo a actores de la Constitución de Venezuela de 1961, como Luís Miquilena y el rechazo de los partidos tradicionales. Chávez y sus seguidores la llaman la "Constitución Bolivariana", por inspirarse en los ideales de Simón Bolívar y su ideología el Bolivarianismo.

Una vez aprobada la nueva Constitución, el movimiento de derechos humanos asume con entusiasmo el reto de su realización, mediante la preparación del nuevo marco constitucional, promoviendo iniciativas destinadas a lograr el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En materia de iniciativas legislativas, la más significativa fue la participación con propuestas sobre todo el marco en materia de derechos humanos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. De allí surge el uno de los catálogos más completos sobre derechos humanos a nivel constitucional, pero con un andamiaje institucional relativamente frágil que ha impedido hasta el presente su realización, lo que hace reflexionar en años posteriores sobre las relaciones entre derechos humanos e institucionalidad democrática,

En el plano interno, también la Constitución, al reconocer la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos, protege consecuentemente el trabajo y accionar de los defensores de derechos humanos. El artículo 31 de la misma establece que: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.”

El Título III del Texto Fundamental desarrolla el articulado de derechos consagrados para la construcción del nuevo modelo de nación, basado en el respeto de los derechos humanos. El artículo 19, garantiza el respeto de los derechos humanos conforme al principio de progresividad y sin discriminación, siendo obligatoria para los órganos del Poder Público, de conformidad con la Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República.

A partir de 1999, cuando se inicia el actual proceso político autodenominado “revolución bolivariana”, estas estrategias con las que el Estado venezolano trata de eludir sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y de neutralizar la labor de las personas y organizaciones de derechos humanos, se agudizan en sus rasgos negativos, fundamentalmente a partir del fracasado golpe de Estado de 2002.

En abril de 2002, el movimiento de derechos humanos expresó un rechazo unánime al intento de golpe de Estado y brindó apoyo a víctimas de persecución política, tanto a las ocasionadas por el golpe, como a las resultantes de la retoma del poder por las autoridades

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