Desobediencia penal

La desobediencia consiste, por lo tanto, en la infracción de una norma preceptiva o prohibitiva dimanante de un órgano de la Administración a través del cual se concentra la voluntad de la ley, y se agota con el puro hacer o no hacer lo que el funcionario ha ordenado que no se haga. La resistencia supone algo más; resistir es, desde luego, negarse a cumplir con lo que un órgano de la Administración ordena, pero no pasaría de ser una mera desobediencia si el que resiste no acudiera el empleo de la fuerza o de la amenaza con el empleo de la fuerza frente al intento de la Administración de constreñir al desobediente a cumplimiento de sus deberes. La resistencia presupone conceptualmente, por lo tanto que el funcionario al que se resiste trata de conseguir por la fuerza lo que de grado se le niega. La resistencia, para que constituya atentado, ha de ser grave. La gravedad se deduce o bien de la importancia de la orden a que se resiste, o bien de la constelación de la circunstancias que rodean al hecho, en virtud de las cuales lo accidental puede a llegar a tener más trascendencia que lo sustancial. La desobediencia no es nunca atentado.

La antijuridicidad suscita la cuestión si ha de concurrir un elemento subjetivo del injusto: la intención de ofender a la autoridad o a sus agentes en cuanto tales y no como particulares. La opinión dominante y la jurisprudencia sostiene la tesis afirmativa, que impide la posibilidad de una comisión culposa.

1. DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA

         Como antes quedo dicho, la desobediencia es el género y la resistencia la especie, por lo que deben ser tratadas conjuntamente, cosa que hace el propio Código empleando la técnica de los tipos mixtos alternativamente formados.

1. A Autoridades y sus agentes.--- Castiga el art. 237 a los que, sin estar comprendidos en el art.231, resistieren a la autoridad o a sus agentes, o los desobedecieren gravemente en el ejercicio de las funciones de su cargo.

Penas: arresto mayor multa de 100.000 a 500.000 pesetas.

La imprecisión terminológica, nunca bastante censurada, se manifiesta de nuevo en este lugar, donde se mencionan como sujetos pasivos la autoridad o sus agentes. La fórmula legal y sus divergencias con el art.231 en lo que concierne al sujeto pasivo no deben inducir a error. Autoridad o agentes de la autoridad se han de tomar en el sentido genérico de funcionarios públicos.

Cuando los hechos fueren cometidos por sociedades, empresas o entidades análogas, se impondrán, en sus respectivos casos, las penas señaladas a los directores, gerentes de las mismas o encargados del servicio que se trate, así como a los componentes de los Consejos de Administración, siempre que éstos tuvieren conocimiento de la orden incumplida.

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