EL ESTADO VENEZOLANO COMO GENERADOR DE POLÍTICA CRIMINAL PARA LA PREVENCIÓN

República Bolivariana de Venezuela.

Ministerios del Poder Popular para la Educación Superior.

Universidad de Falcón

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Escuela de Derecho.

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EL ESTADO VENEZOLANO COMO GENERADOR DE POLÍTICA CRIMINAL PARA LA PREVENCIÓN

Proyecto de Trabajo de Grado para optar al Título de Abogado

Autores: MEDINA, Julio César

                                          LOPEZ, Jorge Luís

                                                  SALAS, Norma Marina

Líder: Abog. GERALDO, Manuel

FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS CRIMINALES PARA IMPLEMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA.

Autores:

MEDINA, Julio César

                                   LOPEZ, Jorge Luís

  SALAS, Norma Marina

Líder: Abog. GERALDO, Manuel

RESUMEN

El presente estudio tiene la intención en analizar la función del Ministerio Público en la planificación de políticas criminales para implementar la seguridad ciudadana, resaltando aquellos aspectos relevantes relacionados con esta temática. Desde allí, que para obtener la información que sustenta una investigación documental, en la cual se utilizaron como técnicas de recolección de información, las fuentes documentales, como citas bibliográficas, comentarios, análisis, resumen, entre otras; destinadas para tal fin, de tal manera, se recurrió al análisis de contenido de naturaleza cualitativa, la cual se logra deducir que en el ámbito nacional, la incidencia del delito se transforma en un problema que ha trascendido a la sociedad y a sus miembros, atentando contra la vida y el patrimonio de las personas quienes diariamente son sujetos pasivos de aquellos que bajo el porte de armas, son sometidos para cometer actos ilícitos como el robo, hurto, secuestro entre otros delitos, requiriéndose de la actuación del Estado y los organismos competentes, de manera que implementen políticas criminales efectivas que causen impacto positivo en la planificación como un elemento fundamental en la función del Ministerio Público para ser  implementada en la seguridad ciudadana. De tal sentido, el aporte del estudio radica principalmente en derivar resultados pertinentes en cuanto a la función del Ministerio Público en la planificación de políticas criminales para implementar la seguridad ciudadana, esto con la finalidad de garantizar información acerca de la incidencia que esto tiene en el ámbito de la seguridad ciudadana por cuanto los actos delictivos se han convertido en uno de los factores que afecta a la misma. Del trabajo conjunto de las autoridades y la comunidad en general, en forma integrada se logre soluciones efectivas al problema de la delincuencia que de acuerdo con expertos y estudiosos de la materia constituye uno de los más graves en la sociedad.

Clave: Ministerio Público, Políticas Criminales, Seguridad Ciudadana, Delincuencia, Poder Punitivo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Venezuela actualmente la seguridad ciudadana ha venido siendo amenazada más allá de los límites de la sensación, en múltiples dimensiones que afecta diversas áreas de la vida, entre ella la social, la económica y sobre todo los derechos humanos. Sin duda, la seguridad no deja de ser un pre requisito primordial para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como seres humanos.

        Es importante considerar por otra parte, que el aumento de la inseguridad y la violencia ejercida por la delincuencia obstaculiza el disfrute de derechos y la dignidad del resto de las personas, la vida en común, el desarrollo y las posibilidades de profundización de la democracia, contando con los Ministerios competentes, los cuerpos policiales y demás autoridades de investigación penal para poder controlar la delincuencia y reducirlos, es decir, la seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de los derechos humanos de la sociedad y uno de los principales criterios para la calidad de vida, por lo tanto es necesario proyectar estrategias comprensivas que tomen en cuenta todos los factores que inciden en ellos; cuya responsabilidad es indelegable e intransferible del Estado.

        Cabe señalar, que la seguridad ciudadana, está representada por las diversas políticas civiles y proseguidas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y Ministerio Público, las cuales tienen como objeto, la prevención, protección y garantía de las personas para el disfrute de su tranquilidad, paz y seguridad de sus bienes. Esta figura significante ha cobrado en la gran importancia en el país, debido a los altos índices de inseguridad, por lo cual se ha perdido el derecho a vivir en paz debido al azote de la delincuencia y al número cada vez mayor de homicidios cometidos por ésta.

        De este modo, la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la sociedad contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la calidad de la vida de los ciudadanos obliga a los gobiernos, tanto nacionales como locales y a los demás sectores organizados de la sociedad, a diseñar esquemas alternativos a los existentes que, siendo cometido el disminuir los niveles de la delincuencia y por los Derechos Humanos y las Garantías Ciudadanas.

        A este respecto, es conocido que la seguridad ciudadana según Sánchez (2005), “es una función básica del Estado en la que se requiere una cooperación permanente de las autoridades, la comunidad organizada y las instituciones públicas y privadas” (p.12), esto debido a que la seguridad como bien común esencial para el desarrollo sostenible de un país, garantiza la inclusión social y el acceso justo a otros bienes como la educación, la justicia, la salud y la calidad del medio ambiente. La seguridad no es acción de uno solo, la seguridad es un acto mancomunado y tácito entre las instituciones dentro de las cuales no escapan los cuerpos de seguridad y la participación ciudadana.

        De ahí que el Ministerio Público acatando el ordenamiento jurídico que lo rige, además de acción penal a que es garante, debe implementar políticas criminales dónde se tome en consideración la participación ciudadana con la finalidad de llegar hasta el origen de la delincuencia y reducir su existencia hasta su extinción y con ello cumplir con la seguridad dentro del marco de los derechos humanos, como las garantías que debe brindar la Nación a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos. En este orden de ideas, la falta de la tutela efectiva de este derecho, no puede servir de obstáculo para el establecimiento de la responsabilidad estatal ante el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar, proteger y cumplir la seguridad ciudadana. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), señala la participación ciudadana como mecanismo de establecer una sociedad democrática, y también establece la corresponsabilidad, lo que implica que no sólo el Estado debe luchar por la seguridad ciudadana.

        No obstante, su importancia no ha sido refrendada con el adecuado diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana integral y estratégicas; más bien, algunas acciones aparecen dominadas por el miedo y la urgencia social del tema, con soluciones que privilegian el uso de la fuerza y las restricciones de libertad y derechos, como mecanismo aptos para perfilar soluciones. Estas acciones podrían evitarse si las instituciones encargadas de proveer seguridad se avocarían a las comunidades y junto se desarrollarían las políticas criminales atendiendo las realidades que se suscitan dentro de la población ante premisas de cultura, vicios, robo, violencia, delitos económicos, políticos y sociales, entre otros, tendrían un impacto positivo.

        Sin embargo, a pesar de la existencia de estos principios y mecanismos constitucionales, algunos entes gubernamentales obvian los aspectos generales de la seguridad ciudadanas, relegándola únicamente a índices e indicadores de criminalidad y violencia física, que son los más sensibles a los individuos, en término de agresión. Así pues, los venezolanos han llegado a sentir la necesidad de seguridad, proveído por un cuerpo de seguridad del Estado, evitar el alto índice criminal tomando las medidas para erradicar las actividades delictivas dentro de los barrios y ciudades; hasta el punto de mantenerse cautivos en sus propias casas, juzgándose impotentes ante la violación de los derechos humanos, los cuales están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), y los tratados internacionales a los cuales está suscrito el país.

        Para fundamentar teóricamente la investigación se empleará primeramente tres antecedentes que se refiera a los estudios previos relacionados con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas con anteriormente con una vigencia de cinco años con respecto al anteproyecto y que guardan alguna vinculación con el objetivo de estudio. En estos antecedentes, se señalarán a demás de los autores, el año en que se realizaron los estudios, los objetivos, principales hallazgos, conclusiones y la relación destacada con la investigación.

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