EL JUZGADOR

El Juzgador

La reforma procesal del 18 de Junio del 2008 hace que el procedimiento penal mexicano pierda sus características ortodoxamente inquisitivas. La rigidez, el formalismo, la escritura preponderante en todos los actos procesales, la investigación secreta como etapa fundamental del procedimiento, la delegación de funciones en el sistema judicial, la falta de inmediación, el Juez sustituido por subalternos, etc.

Un proceso estructurado de manera contradictoria ante un juez imparcial cumple con los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos para obtener, en su caso, un juicio justo.

El sistema inquisitivo mixto en México está determinado por el valor que se concede a las actuaciones, producto de la investigación y de la fase de instrucción. Esto atenta contra el derecho de defensa y el principio del contradictorio.

Recordemos que la influencia de la Ilustración y el racionalismo, imponen criterios racionales en el proceso penal y se sustituye la prueba tasada por el sistema de libre valoración de la prueba .

La garantía de la imparcialidad exige que los jueces no formen parte del órgano que ha de enjuiciar la causa, ya que tener contacto directo como juez de instrucción, ahora de control, de los elementos de prueba, impide realizar una valoración neutral de estos y en consecuencia, violenta el principio de imparcialidad a favor o en contra de una de las partes.

Estas funciones en un sistema de libre valoración de la prueba tienen una importancia trascendental que consolida el principio de imparcialidad del juzgador.

Una cuestión sustancial para la protección de las personas del abuso o arbitrariedad del Estado, cuando intenta interferir gravemente en la esfera de libertad de los ciudadanos es preciso que el inicio de toda investigación criminal esté ajustada a los fines del proceso, consagrados en la Constitución Federal y que exista un órgano que controle la legitimidad de las actuaciones dirigidas al cumplimiento de esos fines.

En México, a diferencia de otros países, la investigación de los hechos de naturaleza delictiva se confiere exclusivamente al Ministerio Público, ahora en corresponsabilidad con la policía; sin embargo, aunque dirige y coordina la investigación penal, las actuaciones que realiza en las que existan algunos actos de molestia o privativos de derechos, se requiere del control judicial a partir de la figura del juez de control.

Este juez se caracteriza porque su función se convierte en un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al abuso o arbitrariedad de las autoridades que investigan.

La presencia de un órgano independiente e imparcial en la fase de investigación puede considerarse como una garantía para todo ciudadano frente al poder del Estado cuando pretende, a través de sus gobernantes, coaccionar al acusado o situarlo en una posición de objeto del proceso o bien, utilizar la tortura

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