EL NARCOTRAFICO EN MEXICO

EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO

Resumen

Este trabajo analiza las diferentes maneras en las que el Estado mexicano ha lidiado con el problema del narcotráfico. El texto explora la evolución de las respuestas del Estado ante un mercado a la vez cambiante y en expansión.

El análisis revela la evolución aparente de un mercado “regulado” directamente por y desde las estructuras del Estado a un mercado criminal “privatizado”.

Dicha evolución es el resultado de la erosión de las normas y reglas no escritas que durante décadas permitieron al Estado sujetar, controlar y reglamentar el comportamiento de las organizaciones criminales.

En las fisuras de la capacidad de regulación del mercado criminal coinciden cuatro factores: la brutal expansión del mercado —asociada al surgimiento de una economía de tránsito de cocaína—, el endurecimiento de la diplomacia anti-narcóticos en EEUU, la atonía económica y la apertura política en México. En esta transición, el rasgo más característico ha sido el repliegue de las agencias del Estado y el consecuente surgimiento de ejércitos y guardias privadas de protección.

El resultado más visible de estos cambios ha sido un incremento notable e indiscriminado en los umbrales de violencia que hoy acompañan a las actividades del narcotráfico en México.

Palabras clave: narcotráfico, drogas, criminalidad, gobernabilidad, estado.

Introducción

Aunque el surgimiento del mercado ilícito de drogas en México estuvo estrechamente ligado con la introducción y ejecución de las políticas prohibicionistas en EEUU, desde sus albores quienes reclamaban la representación del Estado participaron directamente en su control y regulación. En este trabajo se analizan las diferentes maneras en que el Estado mexicano ha lidiado con el problema del narcotráfico. Con ese fin, exploro la evolución de las respuestas del Estado, ante un mercado, a la vez cambiante y en expansión. El estudio dejará ver la aparente evolución de un mercado regulado directamente por y desde el Estado a un mercado criminal privatizado, no del todo diferente de aquél que prevaleció en Colombia en la década de los noventa.

El narcotráfico es una de las muchas actividades que forman parte del crimen empresarial ilegal. En esta actividad criminal organizada, los bienes y servicios que se intercambian son ilegales —ya sea por su propia naturaleza, o en virtud de los medios que se utilizan— pero hay también una dosis importante de consentimiento. Aunque aquí reside la diferencia fundamental entre crimen organizado y criminalidad común, vale la pena recordar que el crimen es un concepto legal. En efecto, al establecer lo que constituye un delito, la ley define y configura esferas de franca ilegalidad, y en ocasiones también zonas de ambigüedad. Se podría evocar esta ambigüedad en la relación del Estado con la ley y entre ésta y la sociedad. Lo que es importante subrayar es que las decisiones del Estado —ya sea que hablemos de la extracción de pagos e impuestos, la regulación, la prohibición o la omisión— influyen, configuran y hasta determinan la incidencia de la actividad delictiva y criminal organizada.

La prohibición, más que ninguna otra forma de intervención estatal, tiene un efecto desestabilizador sobre toda la esfera de lo ilegal. Cuando el Estado prohíbe el comercio de determinados bienes y servicios, sin contar con el respaldo efectivo de la sociedad, no sólo crea mercados ilegales sino que abroga de facto la imposición de muchas otras leyes reglamentarias en esas esferas económicas ilícitas. En otras palabras, prohibiendo determinadas actividades y transacciones, el Estado renuncia a muchos de sus poderes reglamentarios. La prohibición está en el meollo del narcotráfico y del crimen transnacional organizado.

El narcotráfico en México

Lo que aquí está en discusión es cómo los Estados y los políticos estructuran, con base en la prohibición y las variaciones —internas y externas en su cumplimiento— el entorno básico dentro del que operan y, en ocasiones, florecen actores criminales transnacionales. “Crimen transnacional organizado” es por tanto una proposición que implica, también, una opinión sobre la política internacional de prohibición.

En efecto, en el conjunto de elementos que influyen en la actividad criminal empresarial encontramos factores de índole tanto interna, como externa. Entre los primeros, está desde luego, la prohibición misma, pero también la organización y fuerza del Estado de quien depende, en última instancia, su cumplimiento. Para muchos observadores, allí donde el sistema judicial se niega o no puede ejercer su autoridad, el riesgo de que grupos criminales organizados se desarrollen, aumenta considerablemente. En la práctica, las políticas de prohibición pueden agravar la difícil situación de un Estado generando vacíos de poder, condiciones de anarquía y el desarrollo de sistemas privados de justicia y/o protección. En el ámbito externo, los factores determinantes son aquellos que se desprenden de las presiones hegemónicas a favor de la prohibición coercitiva y los que resultan de los desfases y asimetrías entre diferentes sistemas legales. En efecto, las variaciones en la definición sustantiva de lo que constituye un delito y/o en los niveles de cumplimiento de la ley han dado lugar a importantes incentivos y oportunidades para la actividad criminal transnacional.

La premisa que guía este análisis es que las respuestas que el Estado despliega tienen repercusiones directas en el comportamiento de los actores criminales y, por consiguiente, en los niveles de estabilidad política. Me propongo, pues, explorar la trayectoria y evolución de las respuestas del Estado mexicano al fenómeno del narcotráfico. Como se apreciará en las páginas que siguen, la nota característica de esta evolución ha sido el ascenso y caída de un mercado regulado desde las estructuras del estado y la transición hacia un mercado que se antoja “privatizado”. En este mercado, el rasgo característico no sólo ha sido la creciente y feroz competencia entre las organizaciones criminales, sino la transferencia del control y protección de la industria clandestina de las agencias del Estado a manos de guardias y ejércitos privados. En esta transición, el factor determinante ha sido la erosión de la capacidad de mediación y regulación de las estructuras

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