ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS

1. Introducción.

El hombre por naturaleza, está destinado a la convivencia. Su necesidad de interacción con sus

semejantes fue lo que al final determinó las formas primitivas de la vida social y por ende, la

aparición del Estado.

El nacimiento del Estado es muy antiguo. Se estima que hace más de cinco mil años, emergen los

primeros esbozos de la autoridad centralizada en Egipto y demás civilizaciones contemporáneas,

para luego continuar su evolución, desde las polis griegas, pasando por el Imperio Romano, hasta

el Estado moderno que surge con las revoluciones y cambios sucedidos en Francia, Estados

Unidos e Inglaterra.

El Estado, pues, puede definirse como una organización jurídico – política que está autorizada a

ejercer su influencia para regular la interacción y convivencia de los miembros de la sociedad. El

filósofo español Ortega y Gasset concibe al Estado como la culminación del desarrollo social,

mientras que para el filósofo alemán Hegel, el Estado es un logro admirable de la civilización

moderna, en donde los grandes grupos de personas acuerdan subordinar sus intereses privados

para el bienestar de los miembros de la sociedad. Con la creación del Estado se alcanza un grado

elevado de organización social regida por una ordenación jurídica, la cual tiene una única finalidad:

el bien común.

Dentro del Estado, prevalece a lo largo de la historia reciente, la tesis de Montesquieu acerca de la

separación de poderes. Este principio demuestra una y otra vez ser fundamental e indispensable

para la existencia de la gobernabilidad. Por naturaleza, las actividades del Estado se manifiestan

en tres formas que se les denomina funciones: legislativa, administrativa y jurisdiccional,

enmarcadas dentro de la fuente primaria de toda Nación: La Constitución. Mediante los actos

legislativos, el Estado instituye el ordenamiento jurídico que regula su organización y su acción, así

como la vida social. Mediante actos administrativos, el Estado provee las necesidades y mantiene

los servicios públicos de seguridad y de vida. Mediante actos jurisdiccionales, el Estado interviene

en las controversias y dirime las mismas, en los casos en que se precisa su aplicación.

Dichas acciones, decisiones y lineamientos ejecutados por el Estado se denominan Políticas

Públicas. Por lo tanto, ellas son las acciones de Gobierno, que buscan cómo dar respuestas a las

diversas demandas de la población. Las mismas juegan un rol fundamental en el desarrollo

económico y en el bienestar social de una nación.

En Venezuela, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.

Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la misma. En ella

están plasmados los principios fundamentales que deben regir las políticas públicas a seguir. Sin

embargo, el Estado venezolano, aún cuando cuenta hoy en día con recursos y ordenamiento

jurídico que en teoría le da capacidad de ejecutar, no sigue, desconoce y es poco efectivo en la

aplicación de la Constitución.

De nada sirve discutir en la Asamblea Nacional o en los Ministerios del Gobierno, una cantidad de

programas de Políticas Públicas, si no hay capacidad de ejecución. Por lo tanto, necesitamos no

solamente políticas públicas con programas coherentes y bien estructurados, sino también un

Estado eficiente y productivo para llevar a cabo la ejecución de las mismas.

Para ello, la existencia de instituciones robustas es una condición importantísima para que las

políticas públicas tengan resultados favorables y el enfoque racional y administrativo que trate de

resolver de fondo los problemas sociales.

2. Las Políticas Públicas de la Quinta República

Una vez aprobada la Constitución Bolivariana en Diciembre del año 1999, el Gobierno Nacional

comienza a distanciarse del marco referencial que se encuentra en nuestra Carta Magna.

2.1. En materia Socio-Económica

En lo que respecta al modelo económico seguido por el Gobierno Nacional y encabezado por

el Presidente de la República, la administración pública tiene dos orientaciones claramente

definidas:

a) Intentar imponer, sin base constitucional, un sistema socialista similar al socialismo real

del siglo pasado, basado en un esquema rentista exacerbado, aumentando la dependencia

mono productora del país (petróleo), al tiempo que se ejecuta una política sistemática de

reducción al sector privado mediante expropiaciones, algunas de las cuales se han convertido

en confiscaciones, teniendo como resultado la destrucción del aparato productivo.

b) Abrazar un modelo de Capitalismo de Estado, donde las unidades de producción

expropiadas no pasan a ser propiedad del pueblo, tal y como pregona el gobierno, sino del

Estado. Dos elementos parecen determinar el giro del modelo socialista al Capitalismo de

Estado centralizado. Primero, un cambio institucional regresivo, claramente antidemocrático,

orientado a la imposición gradual de un nuevo régimen de propiedad pública, bajo la

denominación de propiedad social, sobre algunos medios de producción, hegemonizado por el

Estado. Y segundo, el inicio del proceso de expropiación de empresas. A partir del año 2004,

comienza un alza espectacular en el precio del barril de petróleo, con un pico en agosto de

2008. En ese año, el valor de las exportaciones petroleras venezolanas fue de

aproximadamente 90.000 millones de dólares, según cifras del BCV. En ese período el

gobierno empieza a obtener fondos extraordinarios, lo cual le permite obtener una base

financiera suficiente para expropiar una serie de empresas industriales y agrícolas, las cuales

incorpora al portafolio de empresas públicas.

El camino del Gobierno Nacional entre las facetas del Socialismo del siglo XXI y el Capitalismo

de Estado centralizado, ha llevado a la administración pública a lograr muy poco bienestar para

la sociedad venezolana. Las esperanzas de superación de la pobreza, la exclusión social, el

disponer de un buen sistema de salud, de abatir la alta inflación, de disfrutar de una seguridad

social para todos los trabajadores, de tener una vivienda y trabajos dignos, así como el

combate de la corrupción, han terminado siendo el fraude estrepitoso tanto del Socialismo del

siglo XXI como del Capitalismo de Estado centralizado. Sin embargo, el Gobierno Nacional

desarrolla un elevado gasto público, para apaciguar la protesta popular, pese a los efectos

inflacionarios del mismo.

2.2. En Planificación.

Hasta la fecha de hoy, podemos afirmar que el plan de Desarrollo Socialista que lleva a cabo el

Gobierno Nacional, va en contra del concepto de planificación y de los principios establecidos

en la Constitución Nacional. Así pues, el Socialismo Bolivariano no pasa de ser una entelequia

ideológica con un simple camuflaje detrás del cual se esconde un gobierno populista y

totalitario. Por consiguiente, el gobierno venezolano actúa fundamentalmente a través de

acciones coyunturales, por lo que la planificación no obedece a un Plan de Desarrollo

articulado, sino que por el contrario, a la improvisación y excesiva regulación de todos los

actores económicos. Es harto conocido cómo las ocurrencias o ideas de último minuto en

materia económica, social y política, del Presidente de la República Hugo Chávez, son puestas

en práctica por funcionarios en todos los niveles del Gobierno Nacional, sin medir las

consecuencias ni el impacto que tienen las mismas sobre el país.

2.3. En Infraestructura.

Mientras la Constitución Nacional consagra el proceso de descentralización con la posibilidad

de que Estados y Municipios obtengan y administren financiamiento propio a través de la Ley

de Hacienda Pública Estadal, el Gobierno Nacional emprende una arremetida centralizadora,

restando competencias a los Estados y Municipios y reduciendo sus fuentes de ingreso y

demás asignaciones, como por ejemplo la eliminación de la LAES y del FIDES. Estos

programas dedicaban principalmente sus recursos a proyectos de inversión en obras de

infraestructura, tanto para la construcción como para el mantenimiento y dotación de

instalaciones, tales como carreteras y vías de comunicación, escuelas, hospitales y

acueductos. Si bien ambos programas fueron eliminados, no fueron sustituidos por ningún otro

programa para el financiamiento de proyectos regionales, que pudieran ser formulados y

ejecutados por los Estados y Municipios de manera autónoma. Al contrario, fueron sustituidos

por el Fondo de Compensación Interterritorial, el cual es distribuido con la anuencia del

despacho de la Vicepresidencia de la República, en proyectos que vayan en línea con el plan

de desarrollo socialista implementado por el Gobierno Nacional. Esto evidencia un

contrasentido respecto a los principios que inspiraron la Constitución de 1999, ya que este

“desarrollo socialista” no pasa de ser un proyecto político personalizado que trata de imponerse

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