Ensayo Hidrocarburos

Con la llegada al poder de Rafael Correa, la situación con las compañías petroleras tomó otro tinte. El gobierno nacional manifestó públicamente que todos los contratos debían ser revisados para cambiar su naturaleza contractual a otra que no perjudique a los ecuatorianos. La propuesta era la firma de los contratos de prestación de servicios o servicios específicos, mediante los cuales el estado paga a la empresa explotadora una cantidad fija por barril, de petróleo explotado. Esta iniciativa no gustó a muchas transnacionales que amenazaron con retirar sus inversiones del país si esta propuesta se concretara.

Esta propuesta era coherente con otras propuestas provenientes de sectores vinculados a Alianza País y a otros movimientos sociales que reclamaban mayor capacidad reguladora del estado. Si embargo, los sectores vinculados con el ambientalismo y el movimiento indígena, miraban con duda y preocupación el discurso cada vez más radical y elocuente del Presidente que a pretexto de criticar la relaciones entre el estado y las transnacionales, manifestaba la necesidad de explotar los recursos naturales existentes y por descubrir, pues a su criterio dentro de un gobierno honesto y patriota, como él califica su gestión, esta explotación era posible pues ahora los ecuatorianos si disfrutaran de los beneficios de la explotación petrolera.

El gobierno nacional continúo con su discurso nacionalista petrolero, pero era cada vez más difícil llegar a acuerdos con las empresas para el cambio de modelo de contratos petroleros, porque no existía el mecanismo jurídico para obligar a las empresas a cambiar su modelo contractual y seguidamente porque la capacidad operativa de Petroproducción es cada vez más deficiente. Por todo esto tuvieron que crearse alianzas estratégicas y empresas mixtas con empresas de otros países, Venezolanas, principalmente, para el desarrollo no sólo de los campos que habían sido revertidos a favor del estado sino de otros campos maduros en donde la misma empresa estatal llevaba adelante la explotación.

2. ASPECTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIALES DE LA REFORMA

La motivación principal de la reforma de la Ley de hidrocarburos era la creación de un marco jurídico que permita reformar los contratos petroleros en donde el estado ecuatoriano mantuviera una utilidad en los términos que estipula la Constitución. Sin embargo existían otros objetivos colaterales como era reformar la estructura institucional del sector Hidrocarburíferas e introducir reformas complementarias para el marco regulatorio.

En relación a la reforma institucional del sector Hidrocarburíferas, la reforma permite que el Ministerio sectorial sea el que ejecute las políticas y sea el ente rector en materia Hidrocarburíferas, facultades que anteriormente estaban delegadas a Petroecuador. Se creó la Agencia de Regulación y el control Hidrocarburíferas, quien realizará el control y fiscalización de las actividades Hidrocarburíferas en lugar de la actual Dirección Nacional de Hidrocarburos DNH.

La reforma establece que las operadoras de la exploración, explotación, industrialización y comercialización podrán ser públicas, mixtas y privadas, en el orden establecido en la constitución. Pero el punto más controversial es que estas adjudicaciones se las realizará a través de un comité de adjudicaciones.

Para hacer viable el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios, se determina el pago de una tarifa por servicios independiente del precio del petróleo que incluye la amortización de la inversión, los costos y gastos, y una utilidad razonables en relación al riesgo incurrido. Podrá existir una tarifa adicional para privilegiar producciones provenientes de actividades que busquen impulsar el descubrimiento de nuevas reservas o la implementación de nuevas técnicas que mejoren la producción existente. Otro punto controversial en esta reforma es la inclusión de la disposición de un margen de soberanía para el estado del 25% de los ingresos brutos de la actividad. Adicionalmente se incluye la obligatoriedad del cumplimiento de las inversiones comprometidas mediante la presentación de garantías.

Las reformas complementarias también incluyen cambios en el porcentaje de la distribución de utilidades a trabajadores y a proyectos de inversión social mediante los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

En el tema ambiental introduce una causal de caducidad cuando se produzcan daños al ambiente y que estos no sean reparados.

En el tema tributario las reformas buscan un régimen común de impuestos a la renta del 25% para los contratos de prestación de servicios, dentro de las cuales se incluyen como deducibles a los servicios técnicos y administrativos y se excluyen los gastos financieros y de transporte por oleoducto.

3. DEL CAMBIO DE MODELO DE CONTRATOS: EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

En la reforma del artículo 16 de la Ley de hidrocarburos se establece una disposición mediante la cual se establece el cambio de los contratos de participación u otros, por los de servicios, por lo que se eliminarán todas las actuales modalidades de contratos y se obliga a todas las empresas a ir a una sola modalidad de contratos, que, según lo expresado por el Presidente de la República, son técnica y económicamente óptimos. Según lo manifestó el Ministro Wilson Pastor en su comparecencia a la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2010, a través de los contratos de prestación de servicios se producirá un incremento significativo de la producción y en caso de que las empresas no quieran entrar a esta modalidad, se estimará un valor de pago por la liquidación del contrato.

Lo dicho por el Ministro Pástor tiene su asidero legal y técnico en la medida en que los incentivos que se establecen para las empresas, como el pago de una tarifa adicional por la búsqueda y desarrollo de nuevos campos, establecidos en la reforma hará que las empresas se intensifiquen en mejorar la producción, sin embargo debe tomarse en cuenta dos riesgos trascendentales en esta reforma puntual. La primera es que incentiva el afán expansionista de la explotación extractiva en tiempos en donde se debería repensar la explotación de energías renovables y adoptar políticas post petroleras como era el discurso inicial del presidente. La segunda es que el incentivar el desarrollo de nuevos campos como una forma de aumentar tarifas de pagos por servicios puede provocar que las empresas empiecen a introducirse en áreas con alto grado de conflictividad social, para realizar prospecciones sísmicas, es especial en los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas lo cual pondría en mayor condición de fragilidad los territorios

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