Factores contra el acceso a justicia

Introducción

Factores contra el acceso a justicia

Se hace necesario individualizar algunos de los factores que conspiran contra el acceso a justicia. Sin embargo, en muchos casos, aquéllos son completos y están interrelacionados; la pobreza, por ejemplo, va de la mano con la falta de educación y los prejuicios.

Si nos detenemos sobre las características propias del sistema adversarial, encontraremos que las decisiones judiciales producen habitualmente soluciones de “suma cero” que generan insatisfacción.

En frecuente observar que, a lo largo del proceso, se van produciendo escaladas del conflicto entre los contendientes. Así las partes accionan y reaccionan aumentando la intensidad del diferendo, en el que se muestra que el comportamiento de una de ellas refuerza la hostilidad consecuente de la otra. Entonces, a la disputa originaria se van agregando otras, entre las cuales figura una especial: “Ganarle al adversario y no dejarse vencer con las tácticas que aquél utilice”. Ello origina, muchas veces, el desvío de los esfuerzos hacia objetivos distintos del originario.

También juega en contra de la solución adversarial, el desajuste percibido por los protagonistas del caso, entre la “verdad real” y la “verdad del expediente” que para el magistrado es la imagen de los hechos, no como ellos sucedieron, ni siquiera como el mismo juez llega a suponer que sucedieron, sino como el juez se siente obligado a decir que sucedieron según las pruebas presentadas e interpretadas y aplicadas conforme a ciertas reglas procesales que incluyen presunciones legales. Si bien puede diluirse este desajuste reduciéndolo a una cuestión terminológica, ello no es así percibido por el justiciable.

A lo dicho, debemos agregar que el procedimiento rígido, unido a otros factores estructurales –falta de administración adecuada de los casos, deficiente productividad judicial, arcaica organización de la llamada “oficina judicial” y su flujo de trabajo -, hacen que los juicios se demoren y se acumulen.

Por dar sólo algunas muestras de lo que decimos, resulta que de investigaciones criminológicas realizadas en América Latina se han extraído varias conclusiones, a las que sólo aludiremos parcialmente:

• Las víctimas de los delitos se arrepienten de haber hecho intervenir a la policía y/o a los organismos competentes a causa del tiempo perdido, y los gastos que implica comparecer ante los tribunales;

• La lentitud de la justicia, su carácter abstracto y vetusto, su desigualdad, su inconsecuencia, sus elevados costos económicos y sociales conspiran contra la eficiencia de la tutela judicial.

Existen factores psicológicos y creencias acerca del proceso judicial que hacen que se lo rechace. Entre ellos están los prejuicios.

Por definición, un prejuicio consiste en juzgar algo con anticipación y sin tener elementos –antes del juicio-. Sin embargo, pensamos que detrás de un prejuicio hay generalmente una experiencia negativa, propia o ajena, a la que el individuo no quiere someterse nuevamente.

En el ámbito de la justicia, los prejuicios contra el sistema están sostenidos, muchas veces, por experiencias negativas que han sufrido los justiciables. Una justicia carente de medios, desprestigiada ante la ciudadanía, lenta, cara y con una creciente desconfianza generalizada que proviene del público usuario que percibe al sistema judicial como ajeno, en lugar de sentir que le pertenece, pues la justificación de su existencia es prestar el servicio de justicia a la sociedad.

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