Ante proyecto acceso a la justicia

1.- Problemática

El acceso por parte de los ciudadanos a sus Derechos y Garantías Constitucionales, ha de erigirse como la base fundamental de un sistema político que privilegie los nuevos derechos individuales y sociales, ya que la consagración de éstos en nuestra carta magna, carecería de cualquier sentido y efectividad si no estuvieran dadas las condiciones para la puesta en práctica de mecanismos que propiciasen su aplicación real en nuestra sociedad.

Algunos, como Capelletti y Garth (1996) llegan a afirmar que el acceso efectivo a la justicia, se puede considerar como el requisito más básico —el "Derecho Humano" más fundamental— en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos.

1.1.- El acceso a la Justicia en Venezuela

Así pues, el acceso a la justicia, ha de ser analizado en el marco de una forma de pensar, o una corriente del pensamiento, que sirva de enlace o tránsito, de un estado formal a uno real de derecho, en el cual cualquier ciudadano, independientemente su condición social, pueda ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad.

En nuestra Venezuela actual, en pleno tránsito hacia el socialismo, se hace perentorio el debate crítico sobre el acceso a la justicia. En ese sentido, es necesario recordar que el Derecho, a través de los años, se ha convertido en un importante mecanismo de redistributivo en la sociedad, y que las trabas, escollos, problemas o, en general cualquier tipo de limitantes en el acceso a los derechos y garantías consagradas en él por parte de las clases sociales más desfavorecidas, se convierte en una perpetuación de una situación socialmente injusta.

Ahora bien, aunque se han de proponer mecanismos que hagan más expeditos y menos discriminatorios el acceso a la justicia formal por parte de los sectores históricamente excluidos, es necesario que, de manera concomitante, se haga énfasis en la inserción, puesta en practica y consolidación de las vías alternas para la resolución de conflictos (justicia de paz, arbitraje, conciliación, entre otras que pudieran surgir del debate comunitario), a manera de descongestionar la ya de por si sobresaturada administración de justicia.

1.2.- Desigualdad en el acceso a la Justicia de los grupos de escasos recursos económicos.

Es evidente el hecho de que en nuestro país que el Acceso a la Justicia material no se corresponde con el Acceso a la justicia consagrado tanto en la Constitución, como en los distintos Textos Legales en los cuales se desarrollan los preceptos contenidos en la primera.

Al verificar la incidencia de los postulados contenidos en nuestra Carta Magna, nos encontramos realidades tales como la de la desigualdad que en el acceso a la justicia enfrentan los grupos de menores recursos económicos, quienes, aunado al hecho de no poder costear la fuerte erogación económica que acarrea el ejercicio del acceso a la justicia (irónico en un Estado en el cual la justicia, por mandato constitucional ha de ser gratuita) se enfrentan a un sistema, cuyos principales autoridades, son poseedores, en su mayoría, de una cultura jurídica que los hace proclives a discriminar e impartir justicia de acuerdo a las condiciones económicas de las partes.

Así las cosas, es evidente que un juez en materia penal no mira de la misma manera (aún de manera inconsciente por la fuerte incidencia de la percepción ideológica hegemónica) a un imputado perteneciente a los estratos sociales más humildes y a un imputado de las clases más favorecidas.

Lo anterior obedece a una noción pre-establecida de las personas más propensas a incurrir en delitos, la cual por una parte sitúa a pobres como principales ejecutores delitos y por la otra exonera in limine litis a los ciudadanos más pudientes por considerarlos menos propensos, dado a su estatus, a incurrir en estas desviaciones de la conducta.

En ese sentido, en cuanto a la fase procesal, se podría decir que, pese a la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y las distintas reformas que se han hecho al Código Orgánico Procesal Penal, la discriminación parece estar ligada a la defensa, ya que en muchos casos, por razones socioeconómicas antes mencionadas, a los pobres les es imposible acceder a una defensa de calidad. Esto, por un lado, por el excesivo número de causas que llevan los defensores públicos lo cual imposibilita sopesar y ponderar las mejores opciones de defensa en cada uno de los casos, y por el otro el alto costo de los servicios profesionales de un abogado privado, lo cual hace difícil —casi imposible— esta opción para los sectores de menos recursos económicos.

2. Interrogantes

Ante el panorama anteriormente descrito, y en aras de efectuar un aporte que permita minimizar estas desigualdades, surge la necesidad de dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Es posible minimizar la desigualdad en al acceso a la justicia en el ámbito territorial de la Comuna Guaicamacuto, en la Parroquia Macuto del estado Vargas, materializando los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?.

¿Tiene incidencia real el principio formal de igualdad en el acceso a la justicia contenido en el Código Orgánico Procesal Penal?

¿Hasta qué punto han tenido un impacto material sobre la desigualdad en el acceso a la justicia las reformas implementadas en el ordenamiento jurídico nacional?

¿Incide de manera positiva la gratuidad de la justicia como medio para reducir las desventajas existentes en el acceso a la justicia penal?

¿Repercute negativamente la desigualdad en el acceso a la justicia penal sobre el desarrollo del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?

¿Cómo minimizar la desigualdad en el acceso a la justicia penal de los grupos económicos menos favorecidos en el ámbito territorial de la Comuna Guaicamacuto, en la Parroquia Macuto del estado Vargas?

3. OBJETIVOS

3.1 General:

Analizar la real incidencia del Principio de Igualdad en el Acceso a la Justicia, desde el punto de vista Penal, para los grupos de escasos recursos económicos en el ámbito de la Comuna Guaicamacuto, en la Parroquia Macuto del estado Vargas.

3.2

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