Incidencias De La ONU

La Diplomacia en el Caso Assange.

La inocencia o culpabilidad sobre los delitos denunciados contra Julian Assange en Suecia se podrían ventilar y resolver a través de diligencias procesales y/o en un eventual juicio en el que, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debería gozar de la presunción de inocencia y demás derechos reconocidos; pero este escenario ha pasado a segundo plano –al menos periodísticamente- con la entrada de Assange en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido (UK), la concesión de asilo por parte del Gobierno ecuatoriano y la irrupción del Derecho Diplomático en el emergente sistema procesal penal de la Unión Europea (UE). En efecto, dicho en términos jurídicos, Assange no se enfrenta a un proceso de extradición en el sentido tradicional de esa institución, sino a una Euroorden, un sistema simplificado de entrega de personas.

La Euroorden es consecuencia de un consenso intracomunitario en materia de Justicia e Interior, apareció con la Decisión Marco del Consejo de la UE de 13 de junio de 2002 sobre la Orden Europea de Detención y Procedimientos de Entrega entre Estados Miembros, y establece que los países de la UE “ejecutarán toda orden de detención europea sobre la base del principio de reconocimiento mutuo” y el mismo texto de la Decisión (art. 1).

Agotadas sus oportunidades en Londres para oponerse a su entrega a Suecia, ¿en qué cambia el Caso Assange con el asilo otorgado por el Gobierno de Ecuador y su permanencia en la Embajada ecuatoriana?

Procesalmente en nada por ahora. Sobre Assange sigue pesando una Euroorden y, como más, se podría añadir un desacato a las autoridades británicas bajo ley inglesa y/o la pérdida de la fianza prestada. No obstante, los nuevos sucesos han creado un escenario jurídico distinto o, para ser más exactos, otro paralelo.

¿Puede la justicia de un Estado o un Gobierno ordenar el ingreso por la fuerza a una sede diplomática?, fue la pregunta que despertó la noticia de que un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de UK (Foreign Office) manifestara que “Bajo la ley británica podemos darles un aviso semanas antes de ingresar al recinto y la embajada ya no tendrá protección diplomática” -informaba Reuters (jueves 16 de agosto de 2012, 08:06 CEST)- y de que UK había remitido a Ecuador una Ayuda Memoria en la que se manifestaba que se podrían “tomar acciones para arrestar al Sr. Assange en las instalaciones actuales de la Embajada” en referencia a la Diplomatic and Consular Premises Act 1987.

Intervención de la OEA

Posteriormente, gestos de Londres y declaraciones de funcionarios británicos han ido más bien en sentido contrario a las primeras noticias, como la declaración de su representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señor Philip Barton, diciendo: “En ningún momento el Reino Unido ha hecho ninguna amenaza a la embajada de Ecuador” y afirmando que su país “se ajusta a los principios de la Convención de Viena” sobre Relaciones Diplomáticas (EFE, 24 de agosto).

Por su parte, Ecuador ha dado por superada la situación con las declaraciones del Presidente Rafael Correa: “Qué bueno que el Reino Unido haya retrocedido en su amenaza, la damos por jamás recibida esa amenaza” (telesurtv.net; 25 de Agosto de 2012).

Superado el incidente diplomático, ha quedado un amplio material jurídico sobre la mesa académica en aspectos de Derecho Internacional, Procesal y de la UE, que merecen unos breves comentarios como, por ejemplo, un eventual litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre UK y Ecuador, la huida de Assange al amparo de prerrogativas diplomáticas, una eventual solicitud de extradición de Estados Unidos a Suecia, el silencio de la UE, el Caso Pinochet o la misma inviolabilidad de las Embajadas que, en su momento, también arrancó declaraciones inquietantes como las de Sir Tony Brenton, antiguo Embajador del Reino Unido en Rusia, quien reflexionó en que “Si vivimos en un mundo donde los gobiernos pueden revocar arbitrariamente la inmunidad y entrar en las embajadas entonces la vida de nuestros diplomáticos y la posibilidad de desempeñar su trabajo normalmente ..., será casi imposible” (RTVE.ES. 16.08.2012).

Ruptura de Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y Paraguay.

Los incidentes que llevaron a esta situación se desarrollaron a partir de la ocupación de Campos Morombí a finales de abril y principios de mayo del corriente año, una hacienda ubicada en el Departamento de Canindeyú, en el centro oeste de Paraguay y cerca da la ciudad de Caruguaty.

Los ocupantes eran conocidos como miembros de La Liga, y el argumento de la ocupación de los territorios era la convicción de ser un espacio destinado a colonización. Su propietario, Blas Riquelme, un rico terrateniente y empresario, antiguo senador del Partido Colorado, las habría recibido en 1969, junto con otras 50.000 hectáreas, de manos del por entonces dictador Stroessner. Esas tierras son reclamadas desde 1989 y se está en juicio por su propiedad.

Los ocupas ascendían a unos 150 campesinos cuando el 15 de junio, las autoridades del lugar decidieron su desalojo. Para ello se enviaron unos 320 efectivos, tanto policías como miembros del grupo especial GEO. Cuando una parte del grupo GEO se dirigió hacia las edificaciones del establecimiento con el propósito de negociar el desalojo; se abrió fuego. No se sabe exactamente quién efectuó el primer disparo, pero el resultado fue una balacera y un fuerte enfrentamiento del que resultaron muertos 7 policías y 9 campesinos, además de unos 80 heridos.

Las primeras medidas del Presidente Lugo después de la “matanza de Curuguaty”, fue la destitución del Ministro del interior, del Partido País Solidario, nombrando en su lugar a Candia Amarilla del Partido Colorado; sin aceptar el propuesto por el Partido Liberal Radical Auténtico. El cambio del Ministro del Interior fue mal recibido por el Partido Liberal Radical auténtico, aliado parlamentario de Lugo e histórico enemigo del Partido Colorado; en consecuencia le retira su apoyo en el Gobierno renunciando a todas las carteras bajo su control. Esta situación resulta decisiva en el juicio político, donde fue Lugo es acusado por mal desempeño de sus funciones.

Cuando los gobiernos de los países sudamericanos se enteraron de la inminente destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, inmediatamente armaron una comitiva de cancilleres para tratar de mediar en la crisis.

Uno de estos cancilleres era el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de supuestamente alentar a los cuerpos militares paraguayos a que no aceptasen la destitución de Lugo.

La nueva ministra de Defensa de Paraguay, María Liz García, dio a conocer un video en el que se muestra a Maduro entrando y saliendo de una reunión con altos oficiales en el Palacio de gobierno. Lo que se habló entre el canciller y los militares no se llega a saber con exactitud. .Pero circuló la versión de que Maduro les pidió a los altos mandos impedir la remoción de Lugo.

De todos modos, y como consecuencia del video, “el gobierno paraguayo anunció el miércoles 27 de junio, que retiraba a su embajador en Venezuela, Augusto Ocampos Caballero, y declaraba "persona no grata" al embajador de Caracas en Asunción, José Arrué, como respuesta a las "graves evidencias de intervención" de funcionarios venezolanos "en asuntos internos" de Paraguay. “La medida tiene efecto inmediato”, señala el comunicado oficial, que añade que al no encontrarse actualmente en Paraguay, resulta innecesario fijar un plazo para que el embajador abandone el país.”

Venezuela rechazó las acusaciones, pero no se conformó con el retiro de su embajador, sino que retiró a todo su personal diplomático. El 17 de junio, el presidente de Venezuela Hugo Chávez ya había anunciado el retiro de su embajador en Asunción y el cese del suministro de petróleo a Paraguay (cosa que finalmente no se cumplió) como respuesta a lo que denominó como “golpe de Estado.”

Asimismo, luego del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Chávez declaró que un grupo de senadores de Paraguay habían pedido dinero para votar a favor del ingreso de Venezuela al Mercosur, aumentando así la disputa.

El 18 de octubre, tres meses después de aquellos acontecimientos, por medio de una llamada telefónica el Presidente de Venezuela informó a los diplomáticos paraguayos que tenían un plazo de 72 horas para abandonar el país.

Según Víctor Casartelli, encargado de negocios ad interim de Paraguay en Caracas, la situación se trata de una desactivación de la Embajada del Paraguay pidiendo el retiro de todo su personal diplomático. Los motivos que se dieron fueron la “reciprocidad”. Venezuela espero un tiempo prudencial de tres meses para que Paraguay retire los miembros de su Embajada, y al no hacerlo, es el mismo presidente venezolano quien así lo solicita.

Siete días después de lo acontecido, el 25 de octubre, Paraguay declara que atenderá en Panamá, todos los asuntos consulares provenientes de Venezuela.

Análisis de los hechos a la luz de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares

El caso en sí, está ricamente lleno de elementos propios de las relaciones diplomáticas y consulares. Aunque también se manifiestan ciertas particularidades digna de mención por la curiosidad que presentan.

Primeramente,

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