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Lesgislacion Informatica En México


Enviado por   •  16 de Noviembre de 2013  •  14.877 Palabras (60 Páginas)  •  264 Visitas

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Introducción

En los últimos tiempos el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha revolucionado la vida en varios aspectos; la tecnología cada vez avanza más rápido, mientras que el Derecho en México se ha quedado rezagado en materia informática.

La legislación informática en México reúne un conjunto de reglas jurídicas que son establecidas para regular hechos y actos de la tecnología informática, como la protección de los datos personales y la regulación que se realiza en internet en materia de propiedad intelectual, delitos informáticos, comercio electrónico, etc. Sin embargo, existen aspectos informáticos que no son considerados, como el uso ilícito de los equipos de cómputo o el reconocimiento legal de transacciones realizadas por medios electrónicos.

La regulación de la información y la protección de datos personales es un caso especial que requiere tratamiento jurídico por su importancia en varios sentidos, entre ellos el económico. Las figuras jurídicas más citadas que han estudiado e intentado establecer reglas claras en esta área son los derechos humanos, los personales y los patrimoniales.

Desarrollo

Legislación informática en México

Es un hecho innegable que el avance inaudito de la tecnología en materia informática y el desarrollo de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han excedido con mucho las expectativas más ambiciosas; pero sobretodo y como consecuencia de ello, han propiciado una serie de conductas, actos y hechos que inciden de manera trascendente en la vida social, económica, familiar, comercial, laboral, profesional, política, científica, en fin, en todos los ámbitos de la existencia humana. Y es ahí donde el Derecho, como regulador de las conductas del hombre en sociedad, como creador y organizador de los instrumentos jurídicos idóneos para garantizar la paz social y el bien público temporal, debe intervenir de manera expedita y eficaz para evitar que la estampida de fenómenos informáticos que nos invade, escapen de control legal manteniéndose al margen del Derecho mientras generan una serie de situaciones que necesariamente afectan de manera importante la vida de las personas y particularmente, del Estado.

Se puede decir que la legislación informática es un conjunto de reglas jurídicas de carácter preventivo y correctivo derivadas del uso de la informática.

Por otra parte, dicha reglamentación deberá contemplar las siguientes problemáticas debidamente identificadas:

• Regulación de los bienes informáticos. Ya que la información como producto informático requiere de un tratamiento jurídico en función de su innegable carácter económico.

• Protección de datos personales. Es decir, el atentado a los derechos fundamentales de las personas provocado por el manejo inapropiado de informaciones nominativas.

• Flujo de datos transfronterizos. Con el favorecimiento o restricción en la circulación de datos a través de las fronteras nacionales.

• Protección de los programas. Como resolución a los problemas provocados por la llamada “piratería” o pillaje de programas de cómputo.

• Delitos informáticos. Como la comisión de verdaderos actos ilícitos en los que tenga a las computadoras como instrumentos o fin.

• Contratos informáticos. En función de esta categoría contractual sui géneris con evidentes repercusiones fundamentalmente económicos.

• Ergonomía informática. Como aquellos problemas laborales suscitados por la informatización de actividades.

• Valor probatorio de los soportes modernos de información. Provocado por la dificultad en la aceptación y apreciación de elementos de prueba derivados de estos soportes entre los órganos jurisdiccionales.

Asuntos más importantes que en materia informática es importante regular:

1.- Delitos informáticos.

2.- Contratos electrónicos y firma electrónica.

3.- Protección de la privacidad y de la información.

4.- Propiedad Intelectual.

5.- Cómputo forense.

6.- Contenidos de Internet.

En el caso particular de México, antes de pasar a analizar si existe o no legislación sobre cada uno de los temas enumerados, resulta prioritario meditar si es necesario establecer la materia informática como una materia federal.

Al estar constituido nuestro país como una República representativa, democrática, federal, en la que los Estados que la integran son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, si bien unidos por el pacto federal, encontramos que en la actualidad, los asuntos informáticos que inciden en el ámbito del Derecho Civil o Penal, pueden ser regulados por cada una de las Entidades Federativas a su libre y mejor parecer.

De lo anterior podemos observar que todo el comercio electrónico, contratos electrónicos mercantiles, fenómenos informáticos que afecten vías generales de comunicación, delitos informáticos regulados por el Código Penal Federal (piratería, destrucción de información), los contenidos de Internet que impliquen delito federal (pornografía, casinos), el correo electrónico (si legalmente se equiparara al correo convencional) constituyen materia federal y por tanto, son o deberán ser regulados por leyes federales.

Sin embargo, los Estados pueden regular, en el ámbito de su competencia, las materias que no están expresamente reservadas a la Federación; por lo que en esta esfera entrarían los contratos civiles electrónicos, los delitos informáticos que incidan en el orden común, la admisión de documentos o medios electrónicos como prueba en los procesos penales o civiles, la protección a bases de datos privadas y todo aquel asunto que no toque materia federal.

Establecido lo anterior, procederemos a esbozar el panorama general que presenta la legislación mexicana en materia de fenómenos informáticos.

Delitos informáticos

Como hemos mencionado, el Derecho Penal es materia local, por lo que así como el Código Penal Federal regula ciertas conductas delictivas relacionadas estrechamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación; también algunas legislaciones estatales

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