Ley Orgánica De Los Pueblos Indígenas

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, es el instrumento jurídico que tiene como intención hacer cumplir lo dispuesto en el capítulo VIII (artículos. 119 al 126) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que es creada para otorgar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando de esta manera todos los derechos consagrados en dicha constitución, asegurando de esta forma su participación activa en los diferentes aspectos de la vida del país, el resguardo de sus culturas, el ejercicio de la autodeterminación de sus asuntos internos. Todo esto en armonía con lo previsto en nuestra Constitución Nacional y en los tratados, pactos y convenciones internacionales que son válidamente suscritos y ratificados por la República, así como lo establecido en la Ley la cual estamos estudiando.

Esta Ley, define con amplia convicción todo lo relativo a los Pueblos y Comunidades Indígenas, desde lo que son hasta lo que implican, así como su importancia, desarrollo y todo lo que abarcan y dentro del marco del plan de desarrollo nacional. Tiene por objeto cumplir con lo establecido en los artículos, 2 y 3 de la Constitución, así como desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y su conexión con los órganos del Poder Público y demás sectores nacionales. De igual manera, garantiza el respeto a la libre autogestión y a la participación de estas comunidades y pueblos en la formulación de políticas públicas.

En otro orden de ideas, toda actividad la cual afecte de forma directa o indirectamente a estos pueblos y comunidades, deberá ser consultada con ellos mismos, así como cualquier actividad que incluyan los recursos naturales o cualquier tipo de proyectos a ejecutarse en hábitat y tierras indígenas. No está permitido la ejecución de actividades que afecten la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de estos pueblos o comunidades, y todo proyecto o actividad deberá presentarse mediante un proyecto a los pueblos y comunidades indígenas involucrados para que sean sometidos a la consideración de estos en asambleas.

En lo que se refiere al hábitat, tierras, ambiente y recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas, está claramente tipificado en la Constitución, esta ley plasma que el estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y algo sumamente importante como es sus derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, y que estas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

Es por ello que, el estado debe ser garante de la protección y seguridad del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas en los espacios fronterizos. Ya que estos pueblos y comunidades ubicados en zonas fronterizas tienen el derecho de mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con los pueblos y comunidades indígenas de países limítrofes, en actividades de carácter social, económico, cultural, espiritual, ambiental y científico.

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