Los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos.

Aún cuando la presencia de los derechos humanos se considera obvia en los Ordenamientos jurídicos y en el ámbito internacional, en el discurso social y en El debate político, al grado de justificar incluso golpes de Estado –lo que es un Uso extremo del término, no necesariamente de la esencia-, no siempre ha sido Así. Los derechos humanos, como figura jurídica, datan del siglo XVIII Americano y europeo, si no es que antes, de plena Edad Media. El recurso a los mismos como fundamento, proceso y objetivo del Estado moderno contemporáneo, como ya se apuntó, de la segunda mitad del siglo XX y su generalización, de la última década del mismo siglo, recién concluido. Existe entonces una diferencia cronológica entre “teoría” y “práctica” en el discurso de los derechos humanos, pero no es gratuita. Esa diferencia significa que al menos el Estado occidental requirió de la experiencia industrial, liberal y bipolar para asumir el elemento humanitario más allá de su fundamento jurídico y llevarlo a una materialización cotidiana desde la acción de gobierno. Es decir, a concretar el aspecto “garantía” de los derechos humanos. En todo caso, y debido a la hegemonía innegable de Occidente, esta experiencia y los valores que crea se extienden a nivel mundial. Un origen identificable de reconocimiento de derechos humanos –“garantías” una vez exigibles a la autoridad con base en un mecanismo apropiado- son los diversos fueros que protegían algunos derechos de un estamento social, incluso en una población específica, como es el caso de los Fueros hispánicos o en Inglaterra, la Carta Magna, hacia los siglos XII y XIII y, con un alcance más general, la Carta de Derechos del siglo XVII, también en Inglaterra. En el siglo XVIII, la Constitución norteamericana de 1776 y, en Francia, la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano y posteriormente la Constitución de 1791. A partir del siglo XIX se inicia el proceso de incorporación a los ordenamientos constitucionales nacionales conforme se extiende el individualismo liberal como formación político-jurídica dominante en el mundo occidental –e incluso más allá- donde el capitalismo metropolitano y periférico necesitan de una estructura política y jurídica uniforme para su afianzamiento como base económica, también dominante.

Así, el marco jurídico mínimo que se requiere es aquél que “garantice” la libertad individual frente al poder público, como una reacción de la burguesía triunfante contra el corporativismo medieval y el control monárquico del Estado. Este marco jurídico, desglosado en un catálogo de derechos individuales identificados también como “derechos naturales del hombre” -es decir, con los que se nace-, da el reconocimiento y soporte necesarios para la libertad de empresa y, junto con ésta, otras libertades que complementan la personalidad jurídica del individuo en el Estado moderno.

Desde luego, junto con la sociedad, el Estado, que es su organización Político-jurídica, y el sistema jurídico respectivo, también evolucionan, o dicho con mayor precisión, se adaptan a los cambios y deben responder a las exigencias sociales a riesgo de quedar obsoletos, rebasados e inaplicables. La propia Sociedad, en este caso, crea “su” Derecho. Primero como costumbre o práctica y después, mediante la presión de los hechos, como normas positivas ya legisladas a través de los mecanismos y procesos constitucionalmente establecidos para ese fin. Esto es significativamente apreciable en el campo de los derechos humanos, donde inclusive se identifican “generaciones” de éstos: los civiles y políticos; los económicos, sociales y culturales y los más recientes que podrían llamarse de “bienestar” –como el derecho a un ambiente no contaminado- y los gestado por “la sociedad civil” –impulsados sobre todo por organizaciones no gubernamentales, y que se refieren a una mejor calidad de vida y a una mejor convivencia social. Inclusive, a una mejor gestión gubernamental-. El camino seguido por los derechos humanos como figura jurídica presente en nuestros ordenamientos constitucionales inicia desde la Constitución Federal de 1824, que hace referencia a la protección, por las leyes, de los derechos de los ciudadanos. Además, señala que esas leyes deben ser “justas y sabias”. Continúa con Las Siete Leyes de 1835 -1836, de las cuales la Primera Ley Constitucional está dedicada a “Los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República”.

Las Bases Orgánicas de 1843, por su parte, contienen disposiciones sobre las garantías de igualdad, libertad y seguridad jurídica. Después, en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 se establece el amparo como el recurso del gobernado para hacer valer sus garantías individuales. Por último, en ese mismo siglo, está la Constitución Política de 1857 donde se contemplan en su Título I “los derechos del Hombre”, que ocupan los primeros veintinueve artículos de ese texto constitucional. La Constitución Política vigente, de 1917, si bien menciona de manera expresa “derechos humanos” únicamente en el artículo 102, apartado B, al facultar al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para establecer organismos de protección de aquéllos, también dispone que esos mismos derechos los “ampara el orden jurídico mexicano”, por lo tanto, aún cuando la figura como tal no se utiliza en la denominación de uno de los Títulos o Capítulos de las Constitución, sí se le reconoce presencia (y protección) en el orden jurídico nacional.

En cuanto a una definición legal de “derechos humanos”, tampoco existe como tal pero se maneja el término y queda quizá al sentido común la comprensión del mismo. Inclusive la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, dispone en su artículo 2.1 que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”, sin intentar su definición. De acuerdo con lo anterior, en la legislación no se ha hecho indispensable la definición precisa de lo que son los derechos humanos, pues las propia evolución social y el progreso en general, así como sus consecuencias –por ejemplo, cada vez sectores más amplios desean participar en la toma de decisiones públicas, o los efectos nocivos de la industria en el ambiente- crean determinados espacios para reivindicar uno u otro derecho que, por ser otras las circunstancias, antes no se consideraba como tal. Así es como se puede apreciar la aparición de las sucesivas “generaciones” de derechos humanos. En el momento en que era urgente abrir la participación política, no se priorizó el aspecto cultural, o bien, al considerarse situaciones sociales no se discutió la conservación del planeta para las futuras generaciones, por

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