Marco Conceptual Para El Estudio De La Jurisdicción Administrativa

La justicia administrativa es el género en que se comprenden todos los instrumentos que los diversos ordenamientos han establecido para la defensa tanto de los derechos subjetivos como de los intereses legítimos de los administrados frente a la actividad de la administración.

La justicia administrativa es la especie y el contencioso administrativo constituye el género, sin embargo, al exponer su idea de justicia administrativa nos describe a la jurisdicción administrativa y al proceso administrativo.

La jurisdicción administrativa es el componente más importante de la justicia, a la vez que constituye una función insustituible y fundamental.

La jurisprudencia administrativa constituye un aspecto especial de la jurisdicción in genere, por razón de la materia y con independencia del órgano público que ejercita la propia función. Por ello sería erróneo partir simplemente de un concepto formal de la función jurisdiccional, pues existen órganos formalmente administrativos.

Que cumplen funciones jurisdiccionales y se encuentran estructurados como verdaderos tribunales.

El tribunal administrativo se puede describir como todo organismo que ejerce funciones jurisdiccionales resuelve litigios de carácter administrativo, sin importar si se encuentra o no dentro de la esfera formal de la administración para distinguir a los tribunales administrativos stricto sensu de algunos organismos que poseen facultades cuasi – jurisdiccionales debemos añadir las notas de imparcialidad e independencia, propias de todo órgano jurisdiccional.

El proceso administrativo comprende la serie de actos a través de los cuales se realiza la función jurisdiccional en materia administrativa.

La distinción entre proceso y procedimiento administrativo se puede explicar diciendo que el proceso es una serie de actos, del órgano jurisdiccional, partes y terceros, con una finalidad: solucionar un conflicto a través de una sentencia.

Contencioso administrativo que podemos definirlo como el procedimiento llevado ante un órgano jurisdiccional, con objeto de que resuelva de manera imparcial y supra partes una controversia surgida entre los particulares y la administración pública. El término contencioso administrativo es quizá el más utilizado tanto por los juristas francófonos como por los hispanohablantes para referirse indistintamente a la justicia administrativa, a la jurisdicción administrativa, al proceso administrativo, a la auto tutela de la administración, etc.

En vista de su amplitud se han propuesto algunos criterios para delimitarlo:

Estaremos frente al contencioso administrativo cuando se conceda a un órgano, potestad para juzgar la legitimidad de un acto administrativo.

Pero cuando se tramite algún asunto ante la administración activa y esta pueda dictar la resolución que ponga fin a la controversia, ya no puede considerarse como contencioso administrativo, pues estaremos en presencia de procedimientos de autotutela de la admiración publica.

Cuando nos encontramos en el supuesto de la jurisdicción administrativa en genere observamos que el órgano jurisdiccional conoce de toda clase de controversias administrativas. Ante el serán deducidas, sin distinción, todas las pretensiones fundadas en derecho administrativo.

La jurisdicción administrativa se ha visto en la necesidad de especializarse, conforme se profundiza su estudio, en distintas ramas o subclases. Una de ella, la jurisdicción tributaria, tanto por su dinamismo como por el notable volumen de estudios a ella dedicados, ha llevado a algunos teóricos a considerarla como una rama independiente de la jurisdicción administrativa.

La jurisdicción retenida es aquella que se realiza por órganos que forman parte de la administración activa. A este tipo de jurisdicción algunos autores le niegan tal carácter, pues no consideran su resoluciones

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