Miguel De La Madrid Renovaion Moral

Esta “dominación”, entendida en el sinónimo de “autoridad”, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la habituación inconsciente hasta los motivos que se consideran puramente racionales con arreglo a fines. En todo caso, como el mismo Weber significa, un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad.

Como antes decíamos, son muy diversos los motivos de sumisión a la autoridad. En lo cotidiano domina la costumbre y con ella intereses materiales, utilitarios. Junto a la costumbre encontramos motivos afectivos o racionales con arreglo a valores. Pero junto a todos ellos, como nuevamente advierte Weber, se añade otro factor: la creencia en la legitimidad.

No es nada casual que toda dominación intente adicionar a cualesquiera otros motivos la creencia en su legitimidad. Esta creencia en la legitimidad de que habla Weber asegura la capacidad del gobierno para hacer cumplir las decisiones. Como parece obvio, en ningún gobierno todos los ciudadanos conceden legitimidad en este sentido, pero ningún gobierno puede sobrevivir sin esta creencia por parte de un número sustancial de ellos.

Como bien advierte Linz2, los gobiernos democráticos requieren esta creencia, con una intensidad más o menos mayor, por lo menos dentro de las filas de la mayoría, y normalmente deberían gozar de esta legitimidad incluso entre los que constituyen su oposición. Como mínimo, la legitimidad es el creer que a pesar de los defectos y fallos, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pueden ser establecidas, y por tanto pueden exigir obediencia. De modo más específico, la legitimidad de los regímenes descansa en la creencia en el derecho de los que legalmente ejercen la autoridad para dar cierto tipo de órdenes, para esperar obediencia y hacerlas cumplir, si es necesario, con el uso de la fuerza.

Esta creencia no requiere estar de acuerdo con el contenido de la norma ni apoyar un gobierno determinado, sino aceptar su carácter vinculante y su derecho a mandar, hasta que por procedimientos legales el régimen los cambie. La legitimidad democrática, ha dicho Linz3, se basa en la creencia de que para un país en concreto en una coyuntura histórica dada, ningún otro tipo de régimen podría asegurar más éxito en la tarea de perseguir objetivos colectivos.

En las democracias los ciudadanos son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla, lo que entraña el intento de ganar el control del gobierno sin usar la fuerza, siguiendo el proceso constitucionalmente previsto, como competición libre en orden a lograr el apoyo pacífico de la mayoría de los ciudadanos.

Con el reconocimiento de la legitimidad del conflicto y el establecimiento de reglas de juego claras por las que aquel debe discurrir, se establece, como bien señala García Laguardia4 un régimen realmente democrático en el cual se acepta el conflicto, se reconoce el pluralismo político y social, se establecen mecanismos de intermediación y representación, canales de conciliación y formación de consenso, instrumentos de movilización y participación de los miembros de la comunidad para influir en la organización política.

Es por todo ello por lo que bien puede afirmarse que la legitimidad democrática requiere la adhesión a las reglas del juego tanto de la mayoría de los ciudadanos que votan como de los que ocupan puestos de autoridad. En este marco, las elecciones desempeñan un papel fundamental; puede hablarse al respecto de su virtualidad legitimadora; como indican Carreras y Valles5 las elecciones son, en la sociedad

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