Panamá

Panamá ha cumplido con la mayoría de los compromisos adquiridos al firmar y ratificar la Convención Marco de Cambio Climático (CMCC) y el Protocolo de Kyoto (PK). También ha establecido los procedimientos de registro y endose de proyectos elegibles dentro del Mecanismo de desarrollo Limpio (MDL).

La política ambiental general contempla el manejo sostenible de los sumideros de GEI (Gases de Efecto Invernadero), sobre todo a partir de las áreas protegidas, las cuales representan una importante proporción del territorio nacional. También ha incorporado el tema del cambio climático en su exposición de la política de desarrollo, aunque aún falta concretarlo efectivamente en las políticas económicas específicas.

En el ámbito de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) existe más conciencia de esta vinculación que a nivel de los entes rectores de la política de desarrollo. No obstante, en la misma ANAM esta relación todavía está dominada por una visión conservacionista, más que por la temática del cambio climático. Este tema aún no se considera como un eje vertebral de la política ambiental, sino como un elemento más que se ha añadido. Esta visión debe ser reconsiderada, dados los diversos y amplios efectos del recalentamiento del planeta sobre la sostenibilidad global.

En cuanto a la educación ambiental, Panamá ha promulgado una legislación que hace obligatoria la consideración del tema de cambio climático, como eje transversal, en la enseñanza primaria y secundaria. Sin embargo, no se ha dado un seguimiento y control de la norma.

En general, diversos instrumentos económicos de política ambiental, aunque son considerados en las legislaciones generales, no han sido normados para que puedan ser útiles.

Tanto la legislación ambiental como la forestal contienen una perspectiva integral de los bosques, en el sentido de considerar el conjunto de bienes y servicios que ellos proveen. En este sentido, dicha legislación es apropiada para desarrollar proyectos forestales de adaptación y mitigación del cambio climático. De hecho, los problemas que presenta el sector forestal no parecen estar vinculados a la Ley Forestal (1994) o a su reglamentación (1998), porque se trata de leyes muy jóvenes. No obstante, es preciso complementar con aspectos conceptuales sobre los bosques, de manera que se puedan establecer criterios de elegibilidad de proyectos forestales, inscritos dentro del MDL.

Igualmente, el reglamento y el manual de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) deben ajustarse de forma que incorporen los balances de carbono, los inventarios biológicos, además de los inventarios forestales que sí son contemplados, y la valoración de los impactos económicos, sociales y ambientales.

La vocación principalmente forestal de los suelos del país, así como la avanzada deforestación existente, son expresiones de gran potencialidad para que Panamá desarrolle proyectos forestales inscritos en el MDL.

En materia institucional, el país hace esfuerzos de adaptación, principalmente a través del Programa ambiental Nacional. La coordinación interinstitucional y sectorial, así como la participación efectiva de la ciudadanía, constituyen las principales dificultades. La debilidad institucional, igualmente, limita la aplicación de las normas legales. Por tanto, es urgente el fortalecimiento financiero y de personal del Programa Nacional de Cambio climático (PNCC).

Recomendaciones

Con base en el análisis efectuado sobre los aspectos legales e institucionales ligados al cambio climático en Panamá, se señalan las siguientes recomendaciones:

• Panamá tiene una legislación forestal de avanzada, que entiende el conjunto de bienes y servicios que ofrecen los bosques. Aunque dicha legislación puede mejorarse para tratar de estimular la producción del sector forestal, su perspectiva global no puede ser sacrificada.

Por tanto, cualquier propuesta debe considerar la captura de GEI como parte de la producción del sector forestal, de manera que la legislación potencie los proyectos MDL. La conducta del inversionista del sector es principalmente la de extraer madera del bosque más que considerarlo en su compleja producción de bienes y servicios. Desarrollar el sector forestal al mismo tiempo que se mantienen los principios de sostenibilidad forestal y de protección ambiental, es el principal reto a enfrentar en esta materia.

• La Ley de Reforestación debe ser ajustada a la política de cambio climático y al desarrollo sostenible de las plantaciones, e incluso debe ser balanceada en cuanto a los sacrificios fiscales que ella representa y la respuesta de los reforestadores.

• Deben restringirse los permisos y concesiones para explotación maderera en los bosques primarios, como forma de promover el desarrollo de plantaciones forestales.

• La ANAM debe ser agresiva en la pro posición de normativas consecuentes con la política ambiental y la de bosque y cambio climático, en caso de que se impulsen iniciativas legislativas de incentivo económico a los diferentes sectores de la economía

• Otras normativas también deben ajustarse para que consideren el tema del cambio climático, como es el caso de la reglamentación de los estudios de impacto ambiental, que hasta ahora no contemplan los balances de carbono, como tampoco la valoración económica de los impactos económicos, sociales y ambientales.

• Sobre este último tema, hasta ahora dichos impactos solo se consignan, proponiéndose al mismo tiempo, medidas de compensación y mitigación. La incorporación de dichos valores para evaluar la rentabilidad del proyecto MDL, permitiría inferir la capacidad real del inversionista de compensar y mitigar los daños.

• Convendría desarrollar una normativa exclusiva en materia de promoción de proyectos MDL, que incorpore todos los aspectos de la materia: captura, reducción y mitigación de emisiones de GEI, tecnología limpia, métodos de producción sostenibles (agricultura sostenible, por ejemplo), manejo sostenible de sumideros, etc. Esto podría evitar tener que incluir en cada norma legal los aspectos concernientes a los proyectos MDL.

• Los estudios que actualmente adelanta la ANAM sobre las readecuaciones institucionales necesarias para ejecutar la política ambiental del país, deben contemplar el cambio climático como un eje central de la política ambiental, lo cual, hasta ahora, no parece haber sido considerado.

• La ANAM debe ordenar la diversidad de comisiones, comités y equipos técnicos creados al calor de la política del cambio climático. Quizás convendría que el Sistema Interinstitucional de Ambiente sea el ente central y punto focal, coordinado por el PNCC como parte de la ANAM. De este Sistema se configurarían sub-comités,

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