Prógrama Sectorial 2013 2018

Programa sectorial de educación 2013-2018

Introducción

Hacer un análisis de este instrumento de política educativa nacional en un artículo de esta dimensión se torna complejo, sobre todo si se considera que, dentro de los 6 grandes objetivos que propone, plantea 35 distintas estrategias directamente relacionadas con la educación y tres que le son transversales, 265 líneas de acción directas y 133 transversales para su realización, por ello, es que preferí hacer una reflexión acerca de su devenir histórico, el contexto previo al programa 2013-2018 y sus posibles contradicciones o riesgos.

Marco histórico

Quizá una de las cosas a las que estamos acostumbrados en nuestro México sea la publicación del Plan Nacional de Desarrollo2 al inicio de cada sexenio o administración, en el cual se establece la rectoría del Estado en materia de desarrollo nacional y que obliga a los diferentes niveles de gobierno a presentar los programas especiales, regionales e institucionales3, que determinarán las prioridades nacionales y orientarán las políticas públicas de diversos sectores como salud, comunicaciones, energía, etcétera, entre los que destaca el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Esto no siempre fue así, aun cuando se presenta un plan sexenal desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, su existencia formal es apenas de poco más de 30 años. Anteriormente, no existía la obligación constitucional de formular un programa que sirviera de “norte” para la gestión del gobierno de los distintos sectores a lo largo de toda su administración.

Ahora bien, quizá la primera referencia de un esfuerzo así en materia educativa —aun cuando su ámbito fue parcial y sólo se refería a la alfabetización y la educación primaria— fue el plan de los once años, ideado por uno de los únicos dos secretarios de Educación Pública que ocupó el cargo en dos ocasiones4 y que además ostentó el puesto de director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1948 a 1952, Jaime Torres Bodet. Este plan se planteó como una verdadera política de Estado, abarcando dos periodos de gobierno, de 1958 a 1970.

Un segundo esfuerzo no legitimado normativamente como obligatorio fue el Programa Educativo 1977-1982 elaborado por el fugaz secretario Porfirio Muñoz Ledo (1976-1977); mismo que fue retomado, reformulado y priorizado por otro secretario de Educación Pública que también fue nominado dos ocasiones distintas en el puesto,5 Fernando Solana Morales. El principal mérito de este programa fue que, si bien incluyó todo el espectro educativo nacional, focalizó la acción de su gestión en 12 programas prioritarios, dentro de los cuales destacó el programa Primaria para todos los niños, conocido como el 3PTN, que permitió generar condiciones para la universalización de la atención de ese nivel educativo.

Gracias a este último esfuerzo es que nace formalmente el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988,6 y derivado de él, los programas sectoriales, como una obligación institucional del Estado mexicano al inicio de cada administración para determinar las acciones que el gobierno federal se propone realizar.

Desde entonces y hasta la fecha, todas las administraciones, tanto priistas, como panistas estuvieron obligadas por ley a presentar estos programas y, de alguna u otra forma, a ceñirse a su cumplimiento más o menos riguroso, sin que necesariamente haya un seguimiento ni rendición de cuentas público efectivo de ello.

El contexto previo al programa 2013-2018

En el caso del sector educativo, en la anterior administración (2006-2012) se da un hecho sui generis que altera esta programación fundamentalmente en el nivel de educación básica: la aparición de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), instrumento que remplaza al Programa Sectorial de Educación en dicho nivel. Éste se gesta desde la representación sindical y cuenta con el beneplácito de la máxima magistratura de la nación, generando distorsiones, duplicidades y traslapes importantes en la gestión del sector y disminuyendo de forma importante la rectoría del Estado y por ende la de los distintos secretarios que ocuparon la sep en esos años, derivando todo ello en prácticas inusuales en la actual administración.

Aunado con lo anterior se abandona la función de gobernar que compete al Estado en otras áreas de la gestión pública, lo que da como resultado un caldo de cultivo propicio y hasta necesario para que se geste lo que se conoce como el Pacto por México, inusual instrumento de carácter político que mediante el consenso de las tres fuerzas políticas mayoritarias del país, PAN, PRI y PRD, busca retomar la rectoría del Estado en diferentes áreas de la gestión pública mediante compromisos concretos, entre los cuales el sector educativo ocupa un lugar especial.

Después de dicho Pacto se de la reforma del artículo 3° Constitucional, la promulgación de las leyes secundarias que de ella devienen (la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente), así como las modificaciones a la Ley General de Educación, que en su conjunto forman el cuerpo jurídico normativo que determina el marco dentro del cual se desarrollará toda la política educativa de la nueva administración —y en tanto no

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