REGIMEN DEL TRANSITO TERRESTRE

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO TERRESTE.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Se encuentra establecido en las siguientes disposiciones constitucionales:

Numeral 26 del artículo 156, que establece que es de la competencia del Poder Público Nacional: … El régimen del transporte nacional, de la navegación y del transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, de aeropuertos y su infraestructura.

Numeral 2 del artículo 178, que dispone que es de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, … y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas: … 2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros.

Numeral 1 del artículo 331, que prescribe que el Ejecutivo Nacional de conformidad con la ley, organizará: 1. Un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil; al cual estará adscrito el cuerpo técnico de vigilancia del tránsito y transporte terrestre.

OBJETO

La regulación del transporte terrestre, a los fines de garantizar:

1. El derecho al libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio nacional;

2. La realización de la actividad económica del transporte y de sus servicios conexos, por vías públicas y privadas de uso público;

3. Lo relacionado con la planificación, ejecución, gestión, control y coordinación de la conservación, aprovechamiento y administración de la infraestructura.

FINALIDAD

El Sistema Nacional de Transporte Terrestre tiene como finalidad:

1. Ordenar, transformar y orientar el sector hacia su pleno desarrollo;

2. Ejecutar la infraestructura que se requiere para operarlo de manera eficiente;

3. Coordinar la actividad de los órganos competentes del Poder Público, en la rectoría, planificación y ejecución de los procedimientos para el control del transporte terrestre.

REGISTRO NACIONAL DE VEHÍCULOS Y DE CONDUCTORES

El Registro Nacional de Vehículos y de Conductores tendrá carácter público. Todos los vehículos y conductores autorizados para conducir estarán inscritos en el mismo, con excepción de los vehículos artillados propiedad de la Fuerza Armada Nacional, cuyo registro lo llevará la autoridad militar correspondiente, la cual suministrará la información requerida por las autoridades competentes, en caso de accidentes de tránsito.

Como consecuencia de lo anterior, solo tendrán validez frente a terceros, a los fines de demostrar la propiedad de un vehículo, los títulos o certificados de propiedad expedidos por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

A los fines de su inscripción en el registro se incluirán el conjunto de datos relativos a la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos, así como todo acto o contrato, decisión o providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción de la propiedad, dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre los vehículos, para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros. Asimismo se dejará constancia en el registro de cualquier alteración de los vehículos que cambie su naturaleza, sus característi¬cas esenciales o que los identifican, asimismo su destrucción, desarme total o parcial.

El vendedor de un vehículo deberá notificar al Registrador Delegado o Registradora Delegada de la jurisdicción donde resida o haya vendido el vehículo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la enajenación del mismo, del acto notarial respectivo, con lo cual se liberará de toda responsabilidad, civil y administrativa frente a terceros, por hechos posteriores a la venta. El incumplimiento de lo dispuesto, acarrea multa.

Cuando un vehículo utilizado para el servicio de transporte terrestre público de personas y de carga, haya sido incluido en un programa de renovación de vehículos promovido por el Estado, la autoridad u organismo encargado deberá notificarlo al INTT en un lapso no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la inclusión del vehículo en el respectivo programa de renovación, para que sea desincorporado del Registro.

Igual obligación de informar, pero mensualmente, tienen respectivamente, los centros de componentes automotrices usados (chiveras), y las organizaciones aseguradoras, sobre los vehículos y partes de éstos adquiridas, y de los que hayan sido calificados como perdida total o irrecuperables.

EL REMOLQUE

Basamento Legal

Está contenido en el artículo 79 de la Ley de Transporte Terrestre, en concordancia con el numeral 4 del artículo 405, del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, el cual asigna a las autoridades administrativas o los órganos de ejecución en el ámbito de su jurisdicción, la facultad de remover los obstáculos, obras, vehículos u objetos que se encuentren ubicados, estacionados, que se presuman abandonados o se encuentren depositados en la vía pública, en zonas prohibidas o en sitios que obstaculicen el normal desarrollo de la circulación vehicular y peatonal.

La facultad de remover vehículos mal estacionados no releva a la Administración de responsabilidad por los daños ocasionados a los mismos, debido a la acción culposa en la operación efectuada. En todo caso, son solidariamente responsables la Administración, los propietarios o las propietarias de las unidades de remolque y sus garantes, frente a los afectados por los daños ocasionados.

Procedimiento

Después de transcurridos treinta (30) días hábiles de haber sido removidos los vehículos u objetos, conforme al artículo 79 de la Ley de Transporte Terrestre, si el propietario no los hubiere reclamado, las autoridades administrativas del tránsito terrestre están obligadas dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a publicar el listado de los mismos en un periódico de los de mayor circulación de la localidad, por lo menos

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