RIESGOS EN LA COMUNIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

P.F.G. GESTIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO LOCAL

INFORME

CONCEPTUALIZACION DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Barquisimeto, 6 de Junio 2013

Hoy día los municipios requieren de una atención más eficiente, las ciudades, los pueblos están llenos de problemas y la cultura de sus habitantes ha cambiado en los últimos años; la sociedad exige y requiere un nuevo tipo de descentralización y nuevos procesos de democratización.

Para ello se ha creado “un mecanismo de concertación entre autoridades y la población para la asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil.

El Presupuesto Participativo: es un espacio en el proceso de toma de decisiones públicas, abierto a los ciudadanos, que les permite informar a los decidores sobre sus necesidades prioritarias y acordar un orden de importancia para su satisfacción. Se puede conceptuar como un procedimiento que permita participar a la ciudadanía opinando sobre la aplicación de los fondos públicos y controlando las rendiciones de cuentas referentes a su utilización, a las que están comprometidos los responsables en los periodos inmediatamente posteriores a la gestión del periodo presupuestario. Es un mecanismo por el cual los ciudadanos, a través de su participación directa, asignan las prioridades en que deben ser invertidos los fondos del gobierno municipal destinado a inversiones. Estos temas son identificados a través de la participación directa de la sociedad civil y, una vez establecidos mediante el consenso, son elevados al gobierno municipal que tiene la capacidad de incorporarlos como directivas en el momento de sancionar el presupuesto.

De esta manera, la sociedad puede intervenir en momentos políticamente valiosos dando su opinión en temas tales como un programa de gobierno, como controlando anualmente la ejecución de los actos de implementación de los programas.

El Presupuesto Participativo es entonces una herramienta de democracia participativa o de la democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos, Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio.

Importancia: El atributo de participativo le viene dado por la incorporación de la comunidad, a través del Consejo Comunal u otras organizaciones sociales existentes en el territorio comunal, en la toma de decisiones acerca de los proyectos en los que debe hacerse la inversión en el municipio. No se trata simplemente de “incentivar” la participación popular de una forma espontánea “hacer obras” o simplemente “aceptar” a los mecanismos de la democracia formal, se trata de integrar a los ciudadanos comunes en un nuevo “espacio público”. Es un mecanismo que permite a los ciudadanos ser más exigentes y más críticos.

En Venezuela la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su Artículo 271 que “El presupuesto participativo es el resultado de la utilización de los procesos mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas del Municipio proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual municipal. Todo ello con el propósito de materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del Municipio, atendiendo a las necesidades y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el Consejo Local de Planificación Pública”.

El proceso del Presupuesto Participativo si bien es cierto es un mecanismo de participación del pueblo tal como lo establece el Artículo 261 Numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal Venezolana, hay que trabajarlo de manera muy cuidadosa para que pueda romper el paradigma de que el Estado no da respuestas a las necesidades y su no transparencia al momento de rendir cuentas. Debe renovarse y adaptarse constantemente a la sociedad y así colocar al Gobierno al servicio de los intereses populares, formando una opinión pública independiente y un juicio crítico.

Pero no significa que el gobierno local debe realizar lo que el pueblo diga en todo momento sino lograr el mayor grado de concertación y priorizar de manera real las necesidades de una comunidad, logrando decisiones compartidas. Así la comunidad se entera de los costes de las obras, de donde salen esos recursos, como hace el Estado para obtenerlos? Al momento que un ciudadano tome conciencia de ello y se entere que pagando sus impuestos contribuye para la ejecución de determinada obra, pues conocerá los límites y entenderá el sentido de corresponsabilidad entre el estado y la sociedad en la consecución de los fines del Estado.

El Presupuesto Participativo debe basarse en principios como la transparencia (información suficiente y oportuna), eficacia, eficiencia, tolerancia, igualdad, participación, concertación, respeto a los acuerdos (compromiso concertado de cumplimiento). Debe fomentar la igualdad de oportunidades, ser racional y coherente, es decir, se deben tener en cuenta los recursos disponibles para realizar los gastos (equilibrio entre los ingresos y gastos), tomar en cuenta que los problemas no siempre se solucionan a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo.

Fundamentos: A principios de la década del ochenta comenzó a manifestarse la crisis por la que atraviesan actualmente las instituciones democráticas tradicionales, crisis que se ve reflejada en los bajos índices de credibilidad que las mismas tienen y en los escasos niveles de participación ciudadana registrados en ellas durante los últimos años. Frente a tal situación, una alternativa a la crisis es ampliar la democracia representativa avanzando hacia una democracia participativa.

La superación de la crisis dependerá, entonces, de la capacidad de los gobiernos de revertir la tendencia a través de una reformulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad, de manera tal que del fortalecimiento de la segunda surjan las bases de legitimidad que ha perdido el primero. Este proceso de fortalecimiento no puede plantearse en los términos tradicionales de gobierno, caracterizado por proceso de toma de decisiones de arriba hacia abajo. Por el contrario, el flujo debe revertirse, de manera que las decisiones recorran un sentido inverso.

En este punto es que adquieren una gran importancia las instancias de gobierno que tengan un mayor contacto con los ciudadanos, tales como los órganos municipales, comunitarios, barriales; ya que es allí desde donde es posible plantear un nuevo encuentro entre el gobierno y la sociedad que permita reconstruir los tejidos sociales. Una solución a los conflictos planteados debe pasar por una profundización de la democracia y, por consiguiente, por la puesta en práctica de mecanismos concretos que aseguren una participación de la sociedad civil mas activa, mas comprometida y con mayor capacidad de decisión sobre el manejo de sus recursos. Es en este sentido que el Presupuesto Participativo propone nuevas formas de gestión pública que garanticen su eficiencia a través de la participación de los ciudadanos en su implementación y profundizar las bases democráticas del régimen, por medio de una mayor participación en cuestiones estrechamente vinculadas a la vida cotidiana.

Al permitir a los ciudadanos involucrarse en la toma de decisiones gubernamentales y en el control de la gestión de sus recursos, el presupuesto participativo se constituye en un elemento fundamental para el establecimiento de democracias más participativas y en un medio eficaz de descentralización.

Condiciones: Considerando el proceso de institucionalización de este mecanismo, es importante tener claras las condiciones básicas necesarias para que un proceso de presupuesto público sea considerado participativo.

La participación del ciudadano debe estar garantizada, sin necesidad de pertenecer a ninguna organización que lo represente.

El procedimiento de presupuesto participativo debe ser lo suficientemente flexible para permitir la autorregulación por los participantes del mismo, adaptándolo a sus peculiaridades.

Es preferible que la metodología se adapte a cada ámbito o nivel de gobierno particular.

El control de la gestión y rendición de cuentas es un punto que definitivamente no debe estar ausente en las facultades del ciudadano.

El presupuesto participativo en principio, no es vinculante para el Poder Ejecutivo, si bien la ley que lo implemente podría establecer esta obligatoriedad condicionando el tipo de participación, el monto del presupuesto sometido a consulta y la forma de toma de decisión.

Limitaciones: En lo referido a las limitaciones para la implementación de un proceso de presupuesto participativo, deben existir condiciones básicas y tareas a desarrollar para que el mismo sea operativo.

El presupuesto participativo como cualquier ámbito de participación debe ser creado y sostenido para que la participación tienda a incrementarse.

Debe existir un importante esfuerzo de difusión y capacitación a los ciudadanos de los mecanismos y posibilidades de participación en este ámbito.

El sistema presupuestario debe estar organizado para que sea de fácil acceso y entendimiento para el común de la gente y se desprenda del mismo claramente la afectación de las partidas.

El sistema de registro contable debe ser claro y se debe poder identificar el responsable de cada gasto efectuado o comprometido.

El acceso del ciudadano a la información se debe poder realizar sin ninguna restricción y la información debe estar compilada en forma que se pueda relacionar con los sistemas presupuestario y contable.

La información técnica de las obras propuestas en el presupuesto debe estar disponible con la suficiente anticipación para la consulta de los participantes del proceso.

La implantación de un proceso de elaboración de un presupuesto participativo, en cualquier municipio, va a estar sometida a la interferencia de factores restrictivos internos al proceso de implementación e internos al contexto (de carácter institucional, administrativo, financiero, político y socioeconómico) en el cual se desarrolla. Existen también factores históricos estructurales externos de orden jurídico y operacional, que son fundamentales y que pueden comprometer una efectiva implantación.

La participación ciudadana es una condición necesaria para la buena marcha del gobierno regional, pero no constituye el reemplazo del gobierno en las funciones y obligaciones que le asigna la Constitución, así como tampoco significa la sustitución de las responsabilidades del mismo.

Ventajas y desventajas de la implementación del Presupuesto Participativo. Ventajas

Mejora el nivel de transparencia, al favorecer la comunicación y cercanía de los sectores sociales afectados y la gestión pública.

Amplia y canaliza la participación ciudadana en la elaboración de propuestas y la definición de prioridades de la gestión publica.

Produce una mejora en la planificación y ejecución de políticas publicas, dado que permite una mejor identificación de las necesidades y del uso de los recursos, información esencial en la elaboración e implementación de una política de desarrollo sustentable. Posibilita, además, la identificación temprana de conflictos lo que permite su prevención.

Promueve la revitalización del estado, pues exige la planificación y descentralización. El procedimiento participativo exige la creación por parte del estado de espacios de consulta y concertación evitando el acto simple de recibir y/o responder quejas.

Promueve la conciencia de responsabilidad social, involucrando a la sociedad en la solución de sus problemas. La población se convierte en la gestora de su propio desarrollo.

Modifica el sentido de la obra pública como propiedad comunitaria, quebrando la indiferencia de la sociedad hacia la cosa publica desarrollando un sentido de apropiación y pertenencia.

Desventajas.

Genera expectativas que, de no ser alcanzadas pueden producir un deterioro de la autoridad de los representantes.

Pueden generar conflictos que de no ser solucionados producirían un entorpecimiento o paralización de la gestión.

Requiere de un compromiso considerable de tiempo, así como de recursos humanos y financieros.

En un contexto de marcadas desigualdades sociales, la ausencia de una tradición de participación en la gestión urbana, por ejemplo, refuerza el privilegio de los grupos más organizados, reduciendo las ganancias posibles de aquellos con menos poder de presión.

La apertura de un nuevo espacio de representatividad, por la vía de la participación popular en la decisión relativa a la asignación de recursos, concede legitimidad al ejecutivo, debilitando o aboliendo en cierta forma, la representatividad formal del legislativo.

Al estimular la movilización con la finalidad de la participación directa, y no del control y de la presión sobre la representación legítimamente constituida por las urnas, puede permitir que la minoría decida por la mayoría.

Cronograma de actividades: viene a ser el resumen de todas los pasos que se ha de seguir en el proceso de la investigación científica, también se le conoce con el nombre de Gráfico de Gantt, en honor a su inventor (Henry L. Gantt), en el cual se plasman y distribuyen en el tiempo, las actividades claves que requerirá el proceso de investigación.

Dentro de las actividades existe una clasificación:

Recursos necesarios: Vienen a ser todos los recursos humanos o físicos utilizados en el proceso de la investigación que nunca deben de faltar.

En recursos humanos estimar los gastos y costos de la persona considerando si lo hará el mismo equipo o si le contratará recolectores de información para aplicar encuestas o entrevistas.

En recursos materiales, debe preverse el uso de vehículos, papelería, fotocopias, equipo de computación, cámara fotográfica o de video, conexión a internet, etc. La sumatoria de los costos y gastos estimados, conformará el presupuesto necesario para realizar la investigación.

Recursos complementarios: Denominamos así a los componentes formales del diseño que están fuera del cuerpo propiamente del proyecto. Así se tiene el índice y la introducción, al principio, y al final se encuentran la bibliografía y los anexos.

Etapas para la Elaboración del Presupuesto Participativo:

Analisis de la Situación:

Diseño del Plan de Participación Ciudadana:

Diagnostico para la Jerarquización de Necesidades:

Sistematicación de los Objetivos:

Formulación y Presentación de Proyectos:

Evaluación, Seguimiento, Supervisión y Contraloría Social de la Ejecución:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

P.F.G. GESTIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO LOCAL

ANALISIS CRÍTICO

CASO ARGENTINO “CRISIS ECONOMICA-DEMOCRATICA”

Estudiantes:

Rodríguez A. Gloria A

Asesor Prof. Yaneth Vásquez

Eje Curricular Presupuesto Participativo

Semestre-Trayecto: 8mo-3

Aldea: U.E. José Miguel Contreras

Barquisimeto, 6 de Junio 2013

El Presupuesto Participativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede constituirse como una respuesta satisfactoria a la crisis de representación y al mismo tiempo a las limitaciones del Estado postsocial, incentivando la participación y, a través de ella, a la creación de una nueva forma de ciudadanía que rompería con la lógica de descentralización neoliberal. La posibilidad de que esto efectivamente se realice depende del rol del Estado en la aplicación de esta herramienta.

El camino elegido para desarrollar esta hipótesis incluirá una contextualización de la situación crítica en la que se encuentra el Estado en la actualidad, para luego reflexionar sobre las perspectivas teóricas y las posibilidades prácticas de la participación.

Contexto del Caso:

Daniel García Delgado indica que los límites del Estado provienen de dos direcciones, los que vienen desde arriba tienen que ver con: presiones de los países centrales, de los organismos multilaterales de crédito, de otras instituciones supranacionales como la OMC, de empresas multinacionales y los que vienen desde abajo, por las presiones generadas por localismos regionales.

Durante los noventa, vivieron un proceso de achicamiento del Estado, aumentando cada vez más su incapacidad de responder satisfactoriamente a las demandas que emanaban del corpus social. Se siguieron al pie de la letra las instrucciones que el Consenso de Washington consideraba imprescindibles, se descentralizó, se privatizó y el espacio vacío fue ocupado por el mercado. En este caso, cuando nos referimos a descentralización, lo hacemos en el sentido propuesto por el Consenso de Washington, cuyas políticas tenían como fin reducir los costos administrativos del Estado nacional, esto dio como resultado un escenario de fragmentación social y exclusión verdaderamente abrumador. La descentralización en instancias administrativas de menor jerarquía (provincias, municipios) de una cantidad cada vez mayor de funciones que solían corresponder al Estado nacional, sin la correspondiente transferencia de recursos, sumió al Estado en una situación comprometida que hizo que le resultara extremadamente difícil actuar con el objeto de minimizar los efectos de la aplicación del resto de recetario neoliberal.

Esto causo una fuerte tensión por los efectos del neoliberalismo y la globalización y el reclamo cada vez más intenso, aunque difuso, de mayor democratización, a través de demandas tales como mayor transparencia en la gestión pública o una representación de mejor calidad.

La incapacidad del Estado de dar respuesta a la crisis fiscal derivada del esfuerzo destinado a honrar los compromisos internacionales agravó esta tensión y dio como resultado una profunda crisis de representación. La hegemonía neoliberal comenzó a resquebrajarse y dio lugar a la búsqueda desesperada de respuestas al vacío resultante. El neoliberalismo había hecho promesas que no pudo cumplir, abriendo un nuevo horizonte a ideas audaces y novedosas. La profundización de experiencias tales como el presupuesto participativo es una de estas ideas que pueden contribuir a generar una respuesta a un neoliberalismo que se retira como ideología hegemónica (aunque aún no está vencido), poniendo en disponibilidad de la sociedad una herramienta fundamental de la política como es la toma de decisiones y el control de la gestión pública de la Ciudad.

La experiencia de Buenos Aires

Antes de analizar la corta experiencia que tiene el Presupuesto Participativo en la Ciudad de Buenos Aires es preciso echar una mirada hacia 1996, año en que se reunió la Convención Constituyente. La Constitución de la Ciudad fue el resultado de un equilibro de poder entre la UCR y el Frepaso tendiente al progresismo, lo cual dio como resultado la moderna Constitución de la que dispone hoy.

En su artículo 52° establece el carácter participativo de todo el presupuesto, a la vez que difiere al legislador la tarea de "fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos".

Durante años, desde la sanción de la Constitución el artículo 52º no se tuvo en cuenta por diversos motivos; la alianza progresista dio, de la mano del luego presidente Fernando de la Rúa, un giro a la derecha y ello generó que de la alianza progresista que redactó la Constitución sólo uno de los convencionales llegara a ser miembro de la legislatura. Desde entonces no hubo voluntad política de poner en marcha el Presupuesto Participativo porque jamás fue bandera enarbolada por partido alguno, ni por el progresismo porteño ni mucho menos por la UCR más conservadora. No había ninguna razón política inmediata para llevar adelante este proyecto y de hecho nada se hizo, demostrando la pobre calidad de la clase política que reinaba en el país.

Los Ejecutivos que desfilaron por la gobernación se sumieron en la desidia, al menos en lo que respecta al Presupuesto Participativo, y a pesar de las buenas intenciones de los legisladores socialistas como Roy Cortina, el Legislativo aún no ha podido sancionar ninguna ley que lo reglamente. En otras palabras, el gobierno nunca ha estado dispuesto a perder el control de la ejecución del presupuesto.

La puesta en marcha de este mecanismo en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar en un momento de fuerte deslegitimación del sistema político y de las instituciones representativas. Después de la crisis de diciembre de 2001, el Ejecutivo se vio obligado a revivir la letra muerta de la Constitución impelido por la urgencia que planteaba dicha crisis. Sin embargo el Gobierno no aprovechó esta oportunidad para saldar la deuda con la ciudadanía por la baja calidad de la representación y, más en general, de la democracia.

Tampoco era de esperarse que lo hiciera, en realidad es una manifestación de la perversa coherencia que han venido mostrando los sucesivos gobiernos durante los últimos años en lo que se refiere a participación ciudadana.

Sin embargo, no toda la responsabilidad del estado actual de la cuestión recae en el Gobierno. La importancia asignada por los medios de comunicación al Presupuesto Participativo ha sido prácticamente nula. La deuda que las autoridades mantienen con respecto al Presupuesto Participativo no ha sido nunca un tema en la agenda mediática. De la misma manera, también es cierto que existen funcionarios que se esfuerzan genuinamente en concretar esta experiencia, pero que no cuentan con el apoyo político necesario para llevarlo a cabo ni con los recursos que dicho apoyo implicaría.

Durante el transcurso de 2004 han participado efectivamente de la experiencia participativa que brinda el Presupuesto Participativo alrededor de 5000 personas durante los plenarios de cierre de las asambleas barriales refrendando, a través del voto, las prioridades seleccionadas en instancias anteriores. Si se tiene en cuenta la escasa promoción del Estado, podríamos decir que la experiencia, en términos de participación, ha sido todo un éxito. Sin embargo, en términos absolutos el nivel de participación ha sido realmente muy bajo. En cuanto a la cantidad de dinero comprometido, a ser ejecutado en 2005, se han asignado 16 millones de pesos. Esta cantidad es claramente insuficiente y creemos que puede frustrar las expectativas de los ciudadanos con intención de participar en las asambleas.

Debe destacarse que las asambleas han sido penetradas por partidos políticos, más concretamente por dirigentes que buscan relegitimarse a través de los cargos que pone el Presupuesto Participativo a disposición de la ciudadanía. Esto disminuye la calidad del debate y puede limitar las posibilidades que plantea el Presupuesto Participativo en términos de ampliación de la ciudadanía.

En el transcurso del año 2002, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), a través de la Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana, puso en marcha el Presupuesto Participativo (PP), proceso de democracia participativa, voluntaria y universal contemplado en el Art. 52 de la Constitución de la Ciudad y los Art. 9 y 29 de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público que sirve para el debate, elaboración, control y seguimiento del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones.

De esta manera se abrió un espacio de intervención participativa de los vecinos en los asuntos públicos de la Ciudad, facilitando el control democrático de la Administración y dando cuenta de la nueva realidad del barrio como espacio de protagonismo ciudadano.

Esta herramienta de democracia participativa se implementó en el marco de una grave crisis de representatividad de las instituciones democráticas y de una honda recesión económica que impactó en el tejido social de la Ciudad y limitó los recursos de la gestión local-, y ayudó a reducir la brecha abierta entre el Estado y la sociedad civil.

Teniendo en cuenta lo trascendente e innovador que significa la adopción de este tipo de medidas en la práctica ciudadana, es más que probable que en su aplicación puedan presentarse situaciones a ser revisadas y corregidas con el fin de mejorar su uso, ejercicio en el que a la propia participación de los vecinos y a su rol activo le cabe la mayor responsabilidad.

Durante años: organizaciones sociales y sindicales de distinto tipo venían haciendo un trabajo de difusión y concientización sobre el Presupuesto Participativo. Tal es el caso del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la Central de Trabajadores Argentinos (IDEP-ATE/CTA), impulsora de su inclusión en el texto constitucional; Poder Ciudadano; Redes de Planificación Participativa y Gestión Asociada (Buenos Aires Viva - Red Gestión Asociada del Oeste, Flacso); Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Por su trayectoria estas organizaciones conformaron oportunamente, en el lanzamiento del Presupuesto Participativo en el año 2002, el Consejo Asesor y hoy forman parte del Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo (CPP).

Cabe recordar, además, que esta iniciativa reconoce experiencias exitosas en el Cono Sur del Continente desde que se lanzó por primera vez en Porto Alegre a fines de los 80, con resultados reconocidos internacionalmente en materia de inclusión social, radicalización de la democracia y descentralización político-administrativa.

Con estos antecedentes, frente a la gravedad de la crisis de fines de 2001 y comienzos de 2002, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salió al encuentro de los vecinos en cada barrio de la Ciudad, quienes se incorporaron tanto desde las organizaciones vecinales como desde su protagonismo individual, dotando así del contenido indispensable a esta herramienta participativa. Este mecanismo de participación y control en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, después de algunas resistencias iníciales, terminó convocando a cerca de 10.000 habitantes en el primer año de gestión, por lo que se implementaron algunas estrategias a seguir:

1. Prioridades Barriales 2002

Ejercicio breve e intenso de participación para que los vecinos se apropiaran del instrumento, estableciendo prioridades barriales en la ejecución del Presupuesto de la segunda mitad del 2002, en esta experiencia participaron 4500 vecinos en 16 Foros Barriales, uno por cada Centro de Gestión y Participación (CGP). Se trabajó en 8 Comisiones Temáticas y en ellos se definieron 338 prioridades barriales para ser realizadas durante el segundo semestre del presupuesto que estaba en ejecución, luego de mantener alrededor de 250 reuniones con funcionarios de todas las áreas centrales del Gobierno.

2. Presupuesto Participativo 2003

En julio se inició el Presupuesto Participativo 2003 creándose instancias formalizadas para la participación de organizaciones no gubernamentales, sociales, vecinales, redes y otras formas de articulación de los ciudadanos, tanto en el nivel central como en el ámbito de cada Centro de Gestión y Participación (CGP).

Para la gestión del Presupuesto Participativo se tomó el territorio de cada uno de los dieciséis Centro de Gestión y Participación, como área geográfica de aplicación institucional, subdivididos en 43 Áreas Barriales, tomando en cuenta criterios de identidad cultural y asegurando que la centralidad propia de cada barrio no resultara fragmentada arbitrariamente.

Del 1° de julio al 23 de agosto de 2002 se desarrollaron los 43 Foros Barriales del Plan, que se constituyeron esta vez con seis Comisiones Temáticas cada uno. Finalmente, unos 9.450 vecinos fueron definiendo sus prioridades las que votaron en los foros de cierre de cada área barrial.

Una vez establecidas éstas, durante septiembre se realizaron los Plenarios de Delegados Relatores (en el futuro “delegados temáticos”) por Comisiones Temáticas a escala de toda la Ciudad con los secretarios de las áreas centrales del Gobierno y sus respectivos gabinetes. Con ellos, los Delegados pudieron definir en forma directa cómo cada prioridad establecida por los vecinos iba a ser incorporada al Proyecto de Presupuesto.

Al Proyecto de Ley se incorporaron 189 prioridades presupuestarias de escala barrial votadas por los vecinos; las cuales finalmente no tuvieron objeciones por parte de la Legislatura y por ende quedaron incorporadas para ser ejecutadas durante el corriente año.

3. Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo

El 14 de septiembre del año pasado, se puso en funcionamiento el Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo (CPP), primer instrumento de democracia participativa de la Ciudad.

Se trata de un órgano de cogestión entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, del que participan los 43 vecinos consejeros que fueron votados en cada uno de los Foros Barriales, 10 consejeros del Gobierno y 4 representantes de organizaciones no gubernamentales, sociales, vecinales, redes socio-gubernamentales .

El Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo (CPP), actualmente tiene a su cargo, entre otras funciones, coordinar el Presupuesto Participativo, difundiendo y organizando los diferentes mecanismos e instancias de participación y estableciendo las instancias de control y seguimiento del presupuesto en ejecución.

4. Consolidación del Proceso

Considerando el proceso fue heterogéneo, tanto en lo referido al volumen de participación de los vecinos en cada área barrial y en cada Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo (CGP), como así también a la calidad y extensión del debate en las Comisiones Temáticas -como era inevitable por ser el primer año de ejecución- esto se tradujo en algunos desfasajes en cuanto a la conformación de la Matriz del Presupuesto y a la propia metodología de participación.

Por ello, y tomando en cuenta la experiencia vivida con sus aciertos y errores, sus potencialidades y carencias, el Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo (CPP) ha incorporado una serie de modificaciones que apuntan a ampliar y consolidar el Presupuesto Participativo y garantizar la superación paulatina del propio proceso, mejorando la metodología de participación y la incorporación precisa y detallada de las prioridades que fijen los vecinos.

En este sentido, la promoción es el concepto central a tener en cuenta. El Estado debe incentivar a la participación. Ningún proyecto de socialización de poder por parte del Estado puede llegar a buen puerto sin una participación activa por parte del mismo. Esto significa que el Estado debe asumir un compromiso serio de delegación decisoria, lo cual no significa que deba dirigir el proceso participativo, sino coordinarlo y darle sentido.

Por otra parte, corresponde al Estado la tarea de descentralizar, de efectivamente ceder poder de decisión y en este sentido existen dos caminos de descentralización que se corresponden con dos ideologías claramente diferenciadas. El primer camino consiste en delegar en instancias administrativas de menor jerarquía. El segundo camino, hasta ahora poco transitado, consiste en descentralizar el poder, no en instituciones estatales inferiores, sino en la misma sociedad, es decir socializar el poder. Por lo general son la izquierda y el progresismo quienes suelen llevar a cabo este tipo de proyectos, correspondiéndose con una visión socialdemócrata.

A modo de conclusión

Actualmente sólo alrededor del 0,004% del presupuesto de la Ciudad es participativo. Hay 8 proyectos de ley sobre Presupuesto Participativo actualmente en discusión en la Comisión de Descentralización y Participación de la Legislatura, pero aún no hay ninguna ley sancionada.

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