Reclamación ECOPETROL

Aguazul, Casanare, Noviembre 1 de 2012

Señores

EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL S.A.

Atentamente

Ing. Hernán Alonso Rojas Marín

Administrador del Contrato No. MA-0002539

"Obras de construcción para la línea de gas del proyecto transporte de gas Cupiagua - Cusiana perteneciente a la gerencia técnica de transporte de ECOPETROL S.A"

Aguazul - Casanare

REF: Solicitud de Equilibrio Económico de la Orden de Suministro Subcontratada No. 003 dentro del contrato, suscrito entre SICIM COLOMBIA y ECOPETROL S.A. cuyo objeto es “Obras de Construcción para la línea de gas del proyecto de transporte de gas CUPIAGUA – CUSIANA, perteneciente a la Gerencia Técnica de Transporte de ECOPETROL S.A.”

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ QUINTERO, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.434.404 de Barrancabermeja y portador de la tarjeta profesional No. 83.740 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de JRA SERVICING SAS identificada con Nit No. 900.425.619-8 representada legalmente por el Señor JUAN RICARDO ARANA ZABALA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.387.245 de Ibagué, quienes el 10 de febrero de 2012, firmaron la Orden de Suministro Subcontratada No. 003 dentro del contrato, suscrito entre SICIM COLOMBIA y ECOPETROL S.A. cuyo objeto es “Obras de Construcción para la línea de gas del proyecto de transporte de gas CUPIAGUA – CUSIANA, perteneciente a la Gerencia Técnica de Transporte de ECOPETROL S.A.” viéndose afectada la Empresa JRA SERVICING SAS por un desequilibrio económico del contrato, el cual solicitamos sea declarado, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y FÁCTICAS DEL DESEQUILIBRIO

DE LAS CONCEPCIONES DOCTRINALES DEL DAÑO

PERJUICIOS MATERIALES

El ser humano conforma una unidad psíquica, orgánica, física y funcional que asume la convivencia y conveniencia de practicar, aceptar y respetar acorde a su libertad, normas que compelen al individuo a un determinado comportamiento, bien lo señala ROUSSEAU:

“La libertad común es una consecuencia de la naturaleza humana, cuya primera ley es velar por su propia conservación”.

Pertenecer a una sociedad y estar sometido a cierto nivel de control o dirección estatal implica someterse a reglas de protección, permisión y prohibición para aceptar la convivencia, esto es, aceptando la imposición de conductas restrictivas y/o descriptivas de niveles de comportamiento esperados. Este frágil equilibrio con frecuencia es roto, la eventualidad de la ocurrencia del daño está latente en la sociedad, bien lo aclara el profesor MOREAU cuando nos dice que “en el corazón mismo de la vida jurídica reina el riesgo y en las relaciones sociales se presentan riesgos irreductibles” a lo sumo, porque siempre va a existir una colisión de los derechos de las personas y por la estrecha relación existente entre el daño y los caracteres propios de cada sociedad en cuanto a su evolución, sistema de libertades, sistema productivo y desarrollo.

Hoy en día, la jurisprudencia es unánime al afirmar que el artículo 90 de la Constitución consagra la cláusula general de Responsabilidad Patrimonial del Estado en Colombia, artículo que para los efectos de este estudio (inciso primero) a su letra dice:

Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

Precisamente, y Nótese que el canon constitucional habla genéricamente de responsabilidad patrimonial, la Corte Constitucional de Colombia al referirse a dicho artículo ha dicho:

“...para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual.

La Corte Constitucional coincide entonces con los criterios desarrollados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, juez especializado en este campo. En efecto, según esa Corporación, los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado han recibido una expresión constitucional firme en el artículo 90, que representa entonces "la consagración de un principio constitucional constitutivo de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, tanto la de naturaleza contractual como la extracontractual". Por ello ha dicho esa misma Corporación que ese artículo 90 "es el tronco en el que encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátese de la responsabilidad contractual o de la extracontractual".

En interpretación del artículo constitucional, la jurisprudencia y la doctrina han establecido como presupuestos para la declaratoria de responsabilidad del Estado.

• La existencia de un daño antijurídico

• Que la acción u omisión ocasionante de ese daño sea imputable a la administración pública, y

• Que se presente una relación de causalidad material entre el daño antijurídico y el órgano o rama estatal causante del daño.

Daño es, según el Diccionario de la Lengua Española: “efecto de dañar”, a su vez dañar significa: “causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia”.

“La expresión daño significa todo detrimento, menoscabo o perjuicio que ha consecuencia de un determinado acontecimiento experimenta una persona en sus bienes espirituales o patrimoniales”.

“Daño no significa más que nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable.”

“Toda desventaja que experimentamos en nuestros bienes jurídicos (patrimonio, cuerpo, vida, salud, honor, crédito, bienestar, capacidad de admisión, etc.)”

“Daño es el menoscabo que una determinada persona sufre en sus bienes vitales o

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