Relaciones Estado - Sociedad Como Espacio Para La Construcción De Una Nueva Hegemonía

Relaciones de Estado-Sociedad de Acuerdo al Modelo de Estado

En toda sociedad se establece vincular entre el colectivo social y los entes responsables de ejecutar las políticas públicas. De hecho, la institucionalidad publica y las autoridades nacionales, regionales y locales encarnan el Estado. Si bien, esta relación caracteriza a los regímenes democráticos, la lógica relacional no es única, varía de acuerdo al tipo de democracia, que a su vez define un modelo de Estado.

Relaciones Estado-Sociedad en el Estado Liberal

Antecedentes. Como es bien sabido, en las últimas tres décadas se han producido cambios sustanciales en la sociedad en general. Uno de esos cambios alune a lo que se denominó la quiebra del Estado benefactor. Si bien en América Latina y, especialmente en Venezuela, este modelo, surgió en Europa, no llego a consolidarse, es necesario mencionarlo porque en el discurso político estuvo presente durante un largo tiempo, lo que genero expectativas crecientes de progreso y mejoras en la sociedad.

Se entiende por estado benefactor el sistema social que se consolido, principalmente en Europa, luego de la II Guerra Mundial. Estuvo asociado a los años cincuenta y sesenta, gracias al crecimiento económico y a su incidencia en los elementos niveles de productividad y en la expansión del consumo y la demanda de bienes. Adquirió gran significado porque impuso un modelo garante del predominio de las economías del norte, desarrollado principalmente sobre los países que estuvieron bajos su dominio en calidad de colonias.

Es Venezuela, el régimen democrático instaurado a partir del 1958, bajo la egida de la sociedad liberal burguesa, se logró con el apoyo de todos los sectores que en el momento conformaba la escena política y económica del país. El establecimiento del régimen se basaba en un modelo que concebía la participación social solo a nivel político, especialmente en la dimensión electoral, lo que atribuye a la democracia el carácter de representatividad. El Estado era el agente fundamental a él se atribuía la responsabilidad de impulsar el desarrollo económico y social en el país lo que a la sociedad venezolana. A través de las políticas sociales, el ente rector intentaba aproximarse a un Estado de bienestar.

Como propuesta de la Venezuela petrolera, a la luz de este modelo, el Estado pretendió controlar la vida en todos los órdenes y asumió su intervención en todos los órdenes y asumió su intervención en todos los espacios públicos y privados con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad a través de la redistribución de los ingresos; al mismo tiempo, promovió el desarrollo económico y el bienestar social. Sin embargo, este modelo no llego a concretarse ni mucho menos logro brindar el bienestar que ofreció como objetivo central.

En la práctica no se implanto plenamente este modelo, debido a que, pese a lo que profesaba, no logro el carácter universal, solidario e integral. Entre las causas de su fracaso destacan la irresponsabilidad política y la inconsistencia entre la política económica y la política social.

Las relaciones Estado-sociedad estuvieron signadas por un modelo de administración altamente centralizado, incapaz de responder rápida y oportunamente a los problemas existentes; en consecuencia, la gestión gubernamental se tornó ineficaz. A la vez que se insistía en la participación ciudadana para la resolución de los problemas, el carácter representativo del sistema democrático limito su concreción, tota vez que dejo sin efectos el liderazgo de los sectores populares.

Estado neoliberal. El distanciamiento entre el estado y la sociedad

Históricamente, el sistema capitalista ha atravesado diversa etapas. La etapa actual expresa una nueva forma de expansionismo y colonialismo (imposición de reglas económicas de los países ricos sobre los países pobres).

La sociedad se ha insertado en una nueva era representada por la revolución digital, el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, mejor conocida como globalización. A diferencia de otros tiempos históricos lo que importa es conquistar mercados y la posición de la riqueza. (Ramonet, Ignacio, 2008:48).

Para que la propuesta globalizadora obtuviera legitimidad a escala mundial, se impuso como una alternativa o justificación, el modelo de Estado neoliberal. Este aparece en el umbral del debilitamiento del estado de bienestar durante la década de 1980. La decreciente significación de la renta petrolera minimizo la capacidad financiera y política del estado para atender, mediante el mecanismo redistributivo tradicional, el crecimiento sostenido de las demandas sociales. Junto con ello el aumento de la deuda interna y externa, así como el aumento de la burocracia a gran escala, dieron al traste con la oferta dadivosa y benefactora. La oferta neoliberal plantea la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades, en correspondencia con el texto de la Constitución de 1961.

Los regímenes de ese momento comenzaron a adoptar los planes de desarrollo de los organismos multilaterales, específicamente del fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. El Estado neoliberal atribuye el mercado mundial la regularización de la dinámica social, y actúa como garante de toda la propiedad privada y de la libertad de contratos.

Contrario a la propuesta del estado de bienestar, la estrategia no es responder a las necesidades sociales, sino responsabilizar a los ciudadanos de su propio bienestar. La intervención del Estado se achica, en tanto se orienta únicamente hacia aquellos sectores de la población para los cuales esa misma dinámica neoliberal no produce beneficio alguno.

El Estado neoliberal canalizo los recursos para atender proturamente los problemas económicos. Las partidas o presupuestos para atender lo social disminuyeron considerablemente. Este proceso estuvo ligado a la descentralización y a la privatización de la gestión de los servicios públicos, los cuales se mercantilizan, supuestamente para hacer más eficiente y accesible la intervención social del Estado. La función del Estado se redujo a compensar, mediante subsidios directos canalizados a través de diferentes programas sociales, el impacto causado por los ajustes macroeconómicos. Para ello era necesario identificar a los grupos pobres y poblaciones vulnerables que serían los beneficiarios directos de estos programas compensatorios. En este escenario aparecieron nuevos ejecutores de la política social: las ONG y los gobiernos regionales y locales (D´Elia, 2002).

Sin embargo, la naturaleza y el alcance delas medidas se direccionaron hacia la corrección de las consecuencias de la pobreza, mas no a su superación o eliminación, sin solucionar sus causas. A finales de la década de 1980, específicamente en 1989, se imponen unas medidas diseñadas y acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas medidas incluían entre otros ajustes, el proceso de privatización de empresas estratégicas pertenecientes al Estado Venezolano, la desregulación del capital privado, la liberación de las tasas de interés, el aumento de la gasolina y la eliminación del control de cambio. Son esto se pretendía no solo la reducción del tamaño del Estado, sino también su participación en la dirección y control de la sociedad.

La panacea ofrecida mostro crudamente su ineficacia, con el agravante de que el Estado y el sistema político fueron incapaces de construir espacios para la participación. Los programas sociales intermediados por las Organizaciones No Gubernamentales, incorporaron como condición para la transferencia de recursos, elevados niveles de organización social, requisito difícil de obtener, por la histórica relación clientelar y paternalista establecida entre el Estado y la sociedad. Esto trajo como consecuencia que, precisamente, la población con mayores carencias y necesidades, al no calificar en cuantos al criterio organizativo, quedara excluida de los beneficios sociales. La ejecución de una gran parte de los programas sociales fue transferida a las comunidades organizadas.

Amplios sectores de la población se encontraban excluidos de las redes sociales del Estado. Ante esta crisis de la democracia representativa, la sociedad poco a poco presionaba por la exigencia d una democracia más participativa; es decir, por el derecho de comunidades organizaciones sociales y múltiples sectores d pobladores de incidir directamente en las políticas de interés colectivo. Prueba de ello fue el estallido social ocurrido ese mismo año conocido como el Caracazo, el cual fue una manifestación por

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