TRABAJO SOBRE EL REGIMEN DE PRIVACION DE LA LIBERTAD y ANÁLISIS DE CASO

TRABAJO SOBRE EL REGIMEN DE PRIVACION DE LA LIBERTAD y ANÁLISIS DE CASO.

La Constitución de 1991 establece que Colombia es un Estado social de derecho, democrático – participativo y pluralista, con instituciones jurídico-políticas donde se encuentran entidades importantes encargadas de salvaguardar los derechos de la sociedad, tales como lo es la Corte Constitucional, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la constitución y protección de los derechos fundamentales descritos en el ordenamiento jurídico, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, encargada de promover la acción penal, todo esto se da a través de un modelo judicial que fue impulsado por medio de la ley 906 de 2004 ya que con la ley 600 de 2000, todo era de carácter escritural, es así entonces que se ha acogido el nuevo sistema de carácter Mixto, trayendo a los estados judiciales el principio de Oralidad, donde la Fiscalía investiga, practica pruebas, impone medida de aseguramiento, acusa o precluye, y los jueces aprueban, juzgan o en su defecto absuelven al procesado, por lo que es llamado el nuevo Sistema Penal Acusatorio. Dándole unas facultades a la fiscalía general de la nación, como la de realizar de manera individual el procedimiento de investigación del juzgamiento, encaminada a la búsqueda de preservar la libertad, cuyas garantías judiciales son menester de la ley 906 de 2004.

El derecho a la libertad es un principio inherente al ser humano, libertad que se encuentra avalada y custodiada por la Carta Magna de nuestro ordenamiento jurídico, donde nadie puede ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, donde todos nacemos libres sin importar religión o raza, no obstante la misma nos garantiza la libertad al desarrollo de los atributos de la personalidad como lo es el reconocimiento no solo natural sino también jurídico, soportados bajo el principio de dignidad humana que preserva otros derechos como lo es el derecho a la intimidad, buen nombre y honra, habeas data, libre desarrollo de la personalidad, donde se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquier modalidad, el derecho a la locomoción, al trabajo en condiciones dignas y humanas cuya condición goza de especial protección del estado.

La transgresión de un bien jurídicamente tutelado genera una restricción a la libertad, cuya facultad puede ser restringida por vulneración de otro derecho, ante el agravamiento de una crisis social, donde la delincuencia genera un impacto o reproche por la sociedad, afecta la convivencia y la seguridad ciudadana, es ahí entonces donde se impone dicha restricción cuando esta puesto en

peligro el bien jurídico tutelado de cualquier persona, sin importar su denominación y que en aplicación de la Ley 906 de 2004, es la norma que sugiere dicha imposición de restricción a la libertad por haber transgredido el derecho de otro por medio de una conducta punible jurídicamente reprochable, el legislador expide una serie de leyes que modifican el sistema penal acusatorio (ley 906 de 2004), imponiendo forzosamente la medida de aseguramiento de detención en centro carcelario en un número elevado de delitos y por diversas circunstancias, debilitando la garantía constitucional de la preservación de la libertad durante el transcurso del proceso, desvirtuando el principio constitucional de la libertad del procesado y diversas instituciones del sistema penal acusatorio.

La restricción de la libertad tiene una finalidad, tal como está descrita en el el Título IV, Del régimen de la libertad y su restricción (Ley 906 de 2004) en su articulo 296. Esta será afectada cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado dentro del proceso, para que se garantice la protección a la comunidad y de las victimas en caso de ser necesario cuando se evidencia un eminente peligro, o para el cumplimiento de la pena cuando ya se es condenado, todo esto de conformidad a los lineamientos de la constitución política de Colombia, preservando las garantías al debido proceso,

el cual tenemos después de la vida, el bien supremo del hombre es la libertad. Que según el derecho penal consagra un catálogo de sanciones denominados delitos, para quienes violen en forma grave los derechos y libertades de los asociados, sanciones que la mayor parte de las veces implican la privación de la libertad. He ahí el interrogante de muchos a resolver

¿Cuáles son situaciones que establece la normatividad Penal y Constitucional vigente en las que se puede restringir el derecho de la Libertad a una persona en Colombia?, explicando anteriormente hay que tener claro que la restricción puede ser para cumplir las siguientes finalidades obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado dentro del proceso, para que se garantice la protección a la comunidad y de las víctimas en caso de ser necesario cuando se evidencia un eminente peligro para sociedad, o para el cumplimiento de la pena cuando ya se es condenado, modalidades que de conformidad a los artículos 306 y 307 del Código de procedimiento penal Ley 906 de 2004, previa solicitud presentada por el fiscal encargado podrá solicitarla de la siguiente manera y que para el caso en concreto que son las

privativas de la libertad las siguientes en el artículo 307. Siempre y cuando su procedencia sea sustentada cuando se trata de lo siguiente:

Numeral A.

Detención preventiva en establecimiento de reclusión:

Cuando se trata de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.

Cuando se trata de delitos para los que está prevista una pena privativa de la libertad que exceda los cuatro años.

Delitos contra los derechos de autor, pero solo si la defraudación supera los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cuando la persona haya sido condenada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro de los tres años anteriores, contados desde la captura o imputación, siempre y cuando, en el primer caso, no se haya presentado absolución.

Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento, con la excepción de que el artículo 314 del código penal colombiano establece cuales son los delitos que no son procedentes para una sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria.

Casos de sustitución de la medida de aseguramiento: ejemplos De este pretende lo siguiente, Cuando para el cumplimiento

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