Televisa Quinto Poder

Hace más de veinte años, el reconocido periodista Manuel Buendía escribió un memorando al presidente de la República en el que advertía: “En esta táctica de arrinconar al gobierno y hacer retroceder histórica-mente al Estado, nada comparable al caso de Televisa. Esta empresa, que en el fondo depende de la voluntad de un solo hombre, se ha erigido en el quinto poder, y quizá aspira a ser llamada en México simplemente El Poder… Los políticos y funcionarios se disputan las ocasiones de rendir pleitesía a Televisa.”Sobre advertencia no hay engaño. Las palabras de Buen día sorprenden no sólo por su actualidad sino porque revelan la perseverancia de los medios en arrinconar al Estado y porque ha sido precisamente el primer presidente de la República salido de la oposición el que más ha cedido ante el quinto poder. Algunos de los hitos de este proceso son el “decretazo” de2002 que redujo el tiempo oficial en los medios de12.5 a 1.25%, la pasividad del gobierno en el conflicto del Canal 40 que ha favorecido a Televisión Azteca, y el otorgamiento a Televisa de licencias para la instalación de casas de juego. Ante estas evidencias cabe hacer dos comentarios, uno sobre Televisa y otro sobre el actual gobierno. En cuanto a Televisa destaca su cultura oligárquica, compartida con otros sectores del empresariado mexicano, que los lleva a acotar al Estado y conminarlo a proteger sus intereses sectoriales independiente-mente de las consecuencias que ello traiga sobre el resto de los ciudadanos. Por eso es que se trata pro-piamente de una cultura oligárquica: sus miembros e intereses se sitúan, en su imaginario, por encima de los intereses de los ciudadanos de a pie. Del gobierno del presidente Fox destaca su renuncia a defender la soberanía del Estado frente a poderes fácticos, aunque ello signifique la vulneración del Estado de derecho, porque las reformas significan el incumplimiento de mandatos constitucionales expresos acerca de la regulación de la economía, la prohibición de los monopolios, y la protección del patrimonio nacional. Estas consideraciones vienen al caso por las reformas recientes a las leyes federales de telecomunicaciones y radio y televisión, que fueron aprobadas por el Senado el 30 de marzo de 2006, a partir de una minuta aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados el 1 de diciembre anterior. Las actuaciones de ambas Cámaras dejaron mucho que desear por el déficit registrado en la calidad de la deliberación acerca de asuntos públicos en nuestro país: en la Cámara de Diputados no hubo debate y en la de Senadores la discusión de catorce horas no logró cambiar ni si-quiera las erratas de la minuta. Esta sordera contrasta con la multiplicidad de voces que fueron consultadas o que, sin serlo, hicieron importantes advertencias acerca de las consecuencias de la reforma. Pero a estas voces de la periferia del sistema político se sumaron las de instituciones del Estado que se pronunciaron

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