ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION PROPUESTAS POR LA ONG CIUDAD NUESTRA ¿QUE HACER?

INFORME Nº 01-2011-DIREDU-PNP-INAEP/XXX-PIACIP-G4

ASUNTO : Análisis de las alternativas de solución planteadas por la ONG “Ciudad Nuestra”

REF. : Decreto Nº05-2011-INAEP-ÏACIP del 25MAR11.

Oficio N° 249-2011-DIRGEN-PNP-EMG/SEC del 10MAR11

I. ANTECEDENTES:

A. Mediante los documentos signados en la referencia el señor General PNP Oswaldo HURTADO CACERES, Jefe del Estado Mayor General PNP, remite al INAEP una copia del libro “INSEGURIDAD CIUDADANA ¿QUE HACER? escrito por el Dr. Gino Costa y Dr. Carlos Romero y presentado por la ONG “Ciudad “Nuestra”, sugiriendo que sea sometida a un análisis y evaluación por parte de los participantes del PIACIP, a fin de emitir comentarios, sugerencias, propuestas respecto a las alternativas de solución plasmadas en dicho texto para ser consideradas en el Plan Estratégico Institucional de la PNP.

B. La ONG “Ciudad Nuestra” es una organización creada el año 2007 que se propone desarrollar un puntos de convergencia con otras instituciones no gubernamentales y organizaciones sociales y vecinales para el desarrollo de la ciudad. Pretende hacerlo supervisando la gestión de la ciudad, analizándola críticamente y formulando recomendaciones de políticas públicas. El Dr. Gino Costa Santolalla la preside.

II. SITUACIÓN

De manera general, se puede decir que el diagnóstico que se hace a las alternativas de solución planteadas en el libro “INSEGURIDAD CIUDADANA ¿QUE HACER? escrito por el Dr. Gino Costa y Dr. Carlos Romero y presentado por la ONG “Ciudad “Nuestra”, es acertado, toda vez que un enfoque de los comportamientos delictivos, desde una perspectiva nacional, no resulta tan eficaz, como uno local; ya que las autoridades locales conocen la problemática y demandas ciudadanas de sus zonas. De igual forma el empleo de los recursos institucionales es más efectivo a nivel local e involucra mejor a la población.

Siendo correcto que el alcalde, deba ser el gran coordinador de los esfuerzos públicos y privados para frenar a la violencia y la criminalidad, mediante políticas de prevención que busquen la convivencia pacífica.

Asimismo, se reconoce que si bien es cierto, la seguridad se ha deteriorado, la violencia y el delito no se han desbordado, debido entre otros factores, al fortalecimiento de las Unidades policiales especializadas en la lucha contra el crimen organizado y al crecimiento de la organización vecinal alentada por la policía,

Otro aspecto importante que abordan, es el hecho de considerar que la victimización, crece, y que existe inseguridad y temor en la ciudadanía, señalando que han tomado como base para realizar su trabajo de investigación, la experiencia nacional e internacional en materia de seguridad ciudadana.

PROPONEN RECOMENDACIONES, EN BASE A CINCO GRANDES ASUNTOS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA:

1. El Gobierno de la Seguridad Ciudadana que Lima necesita.

2. La Policía que Lima necesita.

3. El Serenazgo que Lima necesita.

4. El Observatorio de Seguridad Ciudadana que Lima necesita.

5. Otros servicios de seguridad ciudadana que Lima necesita

II. ANALISIS:

A. Del análisis efectuado a lo propuesto en el “Gobierno de la Seguridad Ciudadana que Lima necesita” se desprende lo siguiente:

1. En cuanto al primer punto: proponen articular e integrar a las Instituciones comprometidas en la seguridad, dentro de las cuales se encuentra la PNP., en un Sistema, con un plan de acción conjunto, que asegure el liderazgo del alcalde metropolitano, en la conducción de las políticas de seguridad; repotenciando la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana, para que sea el órgano operativo por excelencia de las políticas metropolitanas de seguridad.

No especificando, si el encargado de la Gerencia, deba contar con algún conocimiento sobre esta problemática, ni tampoco si deba hacerlo con participación de la PNP y/o otras entidades comprometidas; por el contrario literalmente colocan a esta entidad, por encima de la policía.

2. En cuanto al Marco Normativo, proponen como máxima autoridad del Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, al Comité Regional de Seguridad Ciudadana, a fin de identificar, evaluar y controlar a las Instituciones Públicas y Privadas con competencia y responsabilidad en seguridad ciudadana.

3. A fin de asegurar la cooperación de la Policía con los municipios, proponen la adecuación de las jurisdicciones policiales, a la jurisdicción política de la ciudad; no siendo adaptable esta alternativa, en razón que existen Distritos que requieren un mayor número de dependencias policiales, por contar con un considerable número poblacional y/o una gran extensión territorial. La distribución actual de las Comisarias obedece a las constantes mejoras organizativas, efectuadas en base a la operatoria y disponibilidad logística de la policía; de ponerse en ejecución esa propuesta afectaría el criterio de practicabilidad.

4. También proponen un patrullaje integrado, conducido operativamente por el comisario, quién rendirá cuentas de este, al alcalde correspondiente (responsable político), siendo el Comisario secundado por el Gerente de Seguridad Ciudadana de cada municipio, con quien elaborará los planes de operaciones respectivos. De igual forma plantean la integración de los sistemas de comunicaciones y de información delictiva, la implementación de un sistema estándar de denuncias, para ser compartidas por la policía y el serenazgo y el establecimiento de criterios para que los Alcaldes evalúen anualmente el desempeño profesional del comisario y sus oficiales; en base a la diligencia que desarrollen en el cumplimiento de los planes y acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad Ciudadana, así como las que imparta el alcalde, para su implementación; logros en reducir la percepción de inseguridad y victimización; en mejorar la seguridad ciudadana; en mejorar la organización vecinal y el establecimiento de criterios para que los Alcaldes, participen en la selección de los comisarios de sus jurisdicciones, así como para que puedan solicitar su remoción.

En primer lugar, los planes de operaciones que actualmente ponen en práctica las diferentes Unidades Policiales, dentro de las cuales se encuentran consideradas las Comisarías, son aprobados por el ente policial encargado, quien supervisa el uso adecuado de las fuerzas y de los recursos que se van a emplear, no siendo posible que los planes de operaciones, se formulen con personas sin la experiencia y el conocimiento necesario, pues podría devenir en situaciones que produzcan un costo social.

5. Asimismo, las posibles soluciones planteadas por los autores, relacionadas principalmente con el quehacer policial, colisionan en muchos aspectos con las funciones de nuestra Institución, como base fundamental del Estado peruano; siendo la definición de roles primordial; en este sentido el Alcalde, si bien es cierto debe estar en coordinación permanente con el Comisario, como responsable político de la seguridad ciudadana en su distrito, debe limitarse a atender sus requerimientos logísticos, a fin de contribuir con el equipamiento y modernización de las Comisarias. Una evaluación de la gestión del Comisario tendría que ser colegiada, con todos los integrantes del Comité Distrital, porque si no, se corre el riesgo de politizar la función del Comisario.

6. Puesto que el hecho, de que el Comisario rinda cuentas al Alcalde y que juntamente con el Gerente de seguridad ciudadana, formule los planes de operaciones respectivos, afecta a la organización policial, al tener el Comisario una doble dependencia, generándose un problema que afecta seriamente el principio de Unidad de Comando, la PNP, a pesar de los inmensos problemas que afronta, cuenta con la preparación y experiencia acumulada por los años de servicio, posee, además, un régimen disciplinario y según sea el caso hay responsabilidades, que llegan hasta el Comando. En el caso de los Municipios, 2.000 alcaldes ¿qué responsabilidad política y legal asumirían?

7. Al pretenderse que el alcalde evalúe anualmente el desempeño del Comisario y de sus Oficiales; daría lugar a que se tomen decisiones, que conducirían a la subordinación del Jefe Policial al Alcalde, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 2° de la Ley de la PNP donde se establece que la Policía Nacional del Perú” es profesional y jerarquizada” por lo tanto en cumplimiento a esa jerarquía solo puede tener dependencia de su Superior jerárquico, de igual forma, en los distintos Distritos, muchos Alcaldes no son profesionales en los asuntos de la seguridad ciudadana, es decir no tienen conocimiento sobre Derecho Penal, Derecho Civil, Derechos Humanos, Código del Niño y adolecente, Educación Cívica, Criminalística, Orden Publico, Violencia familiar, Constitución Política, y necesitan más bien del asesoramiento profesional del Comisario, para que puedan emitir opiniones y alternativas de solución acertadas, dentro del Estado de Derecho.

Además, la pretendida calificación carecería de objetividad, en razón de que el Alcalde no conoce la problemática de la función policial, ni las limitaciones de recursos tanto humanos, como económicos y logísticos que existen en la policía.

La alternativa seria que la Policía Nacional establezca instrumentos de medición que le permitan conocer

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