Abuso Del Poder

INTRODUCCION

Las personas organizadas en un Estado establecemos ciertos parámetros de conducta de modo tal que permita la convivencia armoniosa en sociedad. De ese modo, también se permite que el Estado cumpla con sus objetivos y fines primordiales, buscando concretizar los valores subyacentes en su norma fundamental. Además, la norma fundamental y sus normas de desarrollo reconocen y reglamentan los derechos, deberes, cargas y demás situaciones jurídicas de las personas que se encuentran dentro del territorio donde el Estado ejerce su soberanía. Para ello el estado designa órganos los cuales van a cumplir dichas funciones, y esos órganos van a estar representados por personas físicas a los cuales se les atribuyen facultades (Funcionarios Públicos). En ese sentido, las conductas contrarias a los parámetros establecidos deben ser reprimidas con base a la Constitución, Derecho Penal, Derecho Administrativo y a cualquier orden que acarree responsabilidad a los funcionarios públicos. Los particulares desarrollan sus actividades en base a su libertad reconocida por el Estado, con respeto a los límites establecidos en la Constitución y las leyes. El Estado por su parte posee discrecionalidad plena en su ejercicio facultada por las leyes, pero siempre y cuando a excepción de vulnerar la libertad del administrado, su actividad se orienta a alcanzar sus objetivos y fines primordiales contenido en diversas normas de diversos rangos y jerarquías. Así mismo, los particulares actúan por sí mismos o por sus representantes; sin embargo, el Estado en la medida que es una ficción jurídica para interrelacionarse con los demás necesitará siempre de los particulares para funcionar. Lo que implica que los particulares no actúen por cuenta propia sino por cuenta del Estado y con atención a sus fines y objetivos. Por ello, estos particulares cuando actúen en representación del Estado gozan de facultades y atribuciones reconocidas por el Ordenamiento Jurídico, que no poseerían como particulares, en base a la cual se les conocerá como funcionarios públicos.

En el estado de Coahuila se han presentado situaciones de abuso de autoridad, comisión o encargo de servidores públicos, con la realización de esta investigación se determinara que factores influyen en la omisión de la aplicación de sanciones penales y/o administrativas por parte de las autoridades facultadas en la administración de justicia, ya que a los ojos de todos han quedado impunes servidores públicos. Las conductas contrarios al ordenamiento jurídico de los funcionarios públicos pueden atentar tanto contra los intereses y derechos de otros particulares o contra los del Estado. En caso de que se afecte el normal funcionamiento del Estado estaremos ante los delitos contra la administración pública, dentro de los cuales podemos hacer mención a la usurpación de funciones, el abuso de autoridad, corrupción, peculado, etc. Estos delitos ocasionan una distorsión en el correcto funcionamiento del Estado. Esta distorsión no solo acarrea el mal funcionamiento del aparato estatal sino que incluso afecta la esfera jurídica de los particulares y del propio estado. Los delitos contra la Administración Publica en general y de modo particular los tipos señalados repercuten en la legitimidad y credibilidad de la que gozan las instituciones estatales ante la población. En la presente investigación, se estudian las figuras indicadas en base a situaciones o casos que se han presentado en la actualidad en nuestro estado, considerando que en algunos casos donde se encuentran involucrados funcionarios públicos de alta jerarquía se les ha seguido una administración de justicia deficiente, y que si su debida aplicación se hubiera llevado a cabo crearían preceptos en la actualidad para que los ya mencionados consideraran realizar conductas no de acuerdo a su función, comisión o encargo. De ese modo se pretende determinar si a la luz de las investigaciones que se realizaran, concuerdan con lo demarcado en la ley.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El funcionariado aparece en la historia fuertemente unido al concepto de estado. Aunque durante la Edad Antigua aparecen cuerpos de trabajadores públicos en todas las grandes civilizaciones de la época, el cambio se producirá durante la Edad Moderna, cuando estos cuerpos de trabajadores pasarán de estar formados por personas vinculadas a las estructuras clásicas del poder, para formar un cuerpo de funcionarios moderno, cuya lealtad aparece ligada sola y únicamente al estado, evitando así los intereses de partidos políticos que aparecieron durante todas las épocas anteriores, un mejor ejemplo son quizás, la corrupción de los magistrados provinciales romanos, en los estados herederos del imperio carolingio, y que desembocarán en el feudalismo más puro. El funcionario es aquel que hace funcionar las situaciones públicas así sea de buen o mal modo. Los funcionarios componen el cuadro administrativo de un grupo determinado. Los juristas liberales de aquella época, y algunos actuales, estiman que la ley es la que delimita las actuaciones humanas, y por lo tanto, siempre que actúen dentro de los parámetros legales, no se tiene por qué estar investigando las intenciones y menos, por los daños que se produzcan a la contraparte o a terceros. Sin embargo, el francés Josserand, ha argumentado que los derechos no pueden ser puestos al servicio de la malicia, de la voluntad de dañar al prójimo, de la mala fe, tiene un espíritu, que es la razón por la cual la ley los ha concedido; es evidente y legitimo ejercerlos en contra de los fines que inspiraron la ley, es así, entonces, que el abuso de autoridad afecta tanto a las partes, los terceros, como a la justicia.

En la época medieval los cargos públicos se obtenían por concesión graciosa del todopoderoso señor feudal, a cambio de inquebrantable fidelidad y sumisión. Con la llegada del Estado Moderno y de la Ilustración, los cargos públicos se obtenían de forma venal: se adquirían, transmitían y heredaban. Este modelo de función pública, patrimonialista, rudimentario, no defendía los intereses públicos, sino más bien, los de la Autoridad, Jerarca o Gobernante.

Fue hasta la Revolución

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