Administracion 1938 A 1958 En Venezuela

INTRODUCCIÓN

La larga dictadura de Juan Vicente Gómez (1908 – 1935), no solo centralizo el Estado (sin abandonar la forma federal) sino que integro un país altamente disgregado incluso territorialmente. Las provincias fueron comunicadas, e incluso el combustible que impulso el centralismo en esa época, fue descubierto, comenzando a ser explotado: el petróleo.

Durante el primer tercio de este siglo, por lo tanto, puede decirse que en Venezuela se consolido, realmente, el Estado Nacional mediante un progresivo proceso de centralización militar (se creó el Ejército Nacional en sustitución de las milicias regionales que antes existían), fiscal (estructuración de la Hacienda Pública y establecimiento del principio de la unidad del Tesoro), legislativa (códigos nacionales) y judicial (nacionalización de la justicia.

El Estado que emerge luego de la muerte de Gómez en 1936 y que inicia su marcha hacia la democracia era un Estado altamente centralizado, dueño además del subsuelo y gran rentista de la explotación petrolera. Ese esquema continuara profundizándose hasta 1958, entre intentos fallidos por democratizar el país y bajo una dictadura militar tradicional.

LA CENTRALIZACION ADMINISTRATIVA: EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 1908 – 1935

Juan Vicente Gómez 1908 – 1935

El proceso de centralización política y fiscal mediante la asunción de competencias por el nivel federal, y que se refleja en las sucesivas reformas constitucionales que amplían las materias que los Estados reservaron al Poder nacional, se materializó además en el establecimiento de un cada vez más poderoso aparato administrativo del Poder central integrado por los Ministerios como brazo efectivo del Estado centralizado.

La extraña y ficticia dualidad en la que Gómez dividió la administración de Venezuela (existía un presidente provisional y él, que era el presidente electo pero que no había jurado su cargo) le permitió establecer su propia capital en Maracay, que pasa de ser un pequeño pueblo a una gran ciudad, no sólo por sus construcciones castrenses (Gómez era el jefe supremo del ejército) sino por los edificios administrativos, de uso público, o simplemente privados, estableciendo además un cinturón industrial que cubría un amplio espectro fabril.

En consecuencia, Maracay se convirtió en el arquetipo de las nuevas ciudades donde los espacios públicos constituían el complemento esencial del nuevo Estado. Era imprescindible para el Régimen lograr la plenitud urbana con espacios holgados que sirvieran de escenario donde el pueblo fuera testigo de los logros del Régimen. Las amplias avenidas, las plazas, los monumentos, etc. constituían el marco necesario para que esa liturgia de masas asimilara el mensaje subliminal de las bondades del Estado en su preocupación por el bienestar de los ciudadanos. Toda inauguración debía ser, en consecuencia, una gran fiesta pública; por eso, las efemérides nacionales debían ir acompañadas de la inauguración de alguna obra al servicio de la comunidad.

En efecto, cuando Castro asume el poder estaba vigente la Ley de Ministerios de 1898, en la cual se establecieron los Despachos de Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, Crédito Público, Guerra y Marina e Instrucción Pública.

Esos nueve Ministerios en la Ley de 1913 se reducen a los siete que habían salido de la Administración guzmancista: Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores,

Hacienda, Guerra y Marina, Fomento, Obras Públicas e Instrucción Pública, los cuales permanecen en igual número a pesar de que la Ley de Ministerios se reforma en seis ocasiones hasta 1929 (1915, 1920, 1922, 1926, 1928 Y 1929).

En esas reformas sucesivamente fueron ampliándose las competencias ministeriales en los más variados órdenes. Sin embargo, sólo es en la reforma de 1931 que se crea un nuevo Ministerio, el de Salubridad y Agricultura y Cría, y sólo será en la reforma de 1936 que se crean los Ministerios de Sanidad y Asistencia Social, de Agricultura y Cría y de Comunicaciones, llegándose a nueve Despachos Ministeriales. Posteriormente, hasta 1976 que es cuando se produce una reforma ministerial importante con la creación de nuevos Ministerios; sólo se crearán el Ministerio del Trabajo (1945), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (1950).

Debe señalarse además que en 1910 se había creado la Secretaría General de la Presidencia de la República, que recogió la Ley de Ministerios de 1926, como órgano de asistencia al Presidente para la conducción del Gobierno.

El Estado centralizado que emerge de la dictadura gomecísta, por tanto, contaba con una Administración pública poderosa que sucesivamente fue configurándose en torno a los Ministerios, en los cuales ya se había formado una nueva burocracia, alentada por la estabilidad del régimen y por los mayores recursos fiscales provenientes de las actividades petroleras. Esta centralización administrativa provocó, además, con las reformas de la Hacienda pública, la aparición por primera vez en nuestra estructura administrativa de la que hoy llamamos «la Administración descentralizada», con la creación, en 1928, de dos Institutos autónomos: el Banco Agrícola y Pecuario y el Banco Obrero.

Después de 1935, sin duda, el proceso de centralismo administrativo en el nivel nacional se hará hasta la época contemporánea con estos instrumentos paradójicos «descentralizados», pues será mediante los Institutos autónomos nacionales que el Poder nacional penetrará en todos los ámbitos nacionales avasallando las ya reducidas competencias estatales y municipales a costa, ciertamente, del progreso en muchos órdenes. Así, desde estas Instituciones nacionales el Estado centralizado prestará el servicio de electrificación, teléfonos, abastecimiento de aguas, recolección de aguas negras e incluso recolección de basura, y construirá, por ejemplo, viviendas populares y las vías de comunicación.

LA CENTRALIZACIÓN EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 1936-1948

Eleazar López Contreras 1935 – 1941

El gobierno de López Contreras puede verse como un gradual proceso de apertura política debido a la ampliación del ejercicio de algunas libertades: de prensa, de manifestación, de reunión, entre otras, siempre de manera controlada, supervisada e incluso susceptible de detenciones si las élites políticas lo consideraban adecuado. El lema de este gobierno

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