Análisis Resolución Administrativa 189-12 SISALRIL

Análisis Resolución Administrativa 189-12 SISALRIL

Gran polémica ha levantado la resolución emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL),en la vual se dispuso el traspaso a la ARS Senasa de los afiliados que laboran en el sector público y actualmente se encuentran registrados en aseguradoras privadas. Esto ha traído respuestas de diversos sectores, desde las aseguradoras privadas hasta los empleados públicos que se entienden afectados por la misma.

Este conflicto no es nuevo, en el 2008 a raíz de una resolución con las mismas características se inicio una controversia que fue llevada ante los tribunales, llegando incluso a la Suprema Corte de Justicia, la cual fallo a favor de SISALRIL. No obstante al emitirse esta nueva resolución el conflicto ha vuelto a surgir, y fue nuevamente llevado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual de manera provisional suspendió la resolución 189-12, en la cual se ordena el traspaso de 400 mil empleados públicos y sus familiares al Seguro Nacional de Salud (Senasa), hasta que no se emita una sentencia.

Ahora bien, lo que nos compete en este trabajo es analizar esta resolución en base al principio de libre elección que reposa en la Ley 87-01, que crea el Sistema de Seguridad Social, que es donde las ARS demandantes apoyan su defensa para atacar dicha resolución.

Este principio de libre elección está contenido en el literal “g” del artículo 3, y el mismo reza de la siguiente manera:

“Los afiliados tendrán derecho a seleccionar a cualquier administrador y proveedor de servicios acreditado, así como a cambiarlo cuando lo consideren conveniente de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente ley;”

Como notamos en efecto la legislación otorga el derecho a elegir libremente la ARS a la cual la persona quiere afiliarse, pero condiciona esta libertad a una serie de barreras que establece la misma ley.

En el caso de los empleados públicos estas condiciones que establece la ley están contenidas en el articulo 31, en su párrafo I, el cual establece que “El Seguro Nacional de Salud (SENASA) tendrá a su cargo:

a) Todos los empleados públicos y las instituciones autónomas o descentralizadas y sus familiares, al momento de entrar en vigencia la presente ley, excepto aquellas que tengan contrato de Seguro hasta su vencimiento y las que tengan seguro de autogestión o puedan crearlo en los próximos tres años, después de promulgada esta ley; …”

Como podemos observar para los empleados públicos, esta libertad de elección no abarca las ARS privadas, sino que de manera sistemática pone al empleado público en manos de SENASA, solo con dos excepciones, y son que si la institución o gremio al que pertenece posee un seguro de autogestión, podrán permanecer en el mismo si asi lo deciden

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