Asignacion Universal Por Hijo

Concepciones Generales

Las políticas sociales están actualmente relacionadas con la provisión de una extensa gama de programas orientados a la asignación de recursos económicos a poblaciones pobres.

Durante las últimas décadas del siglo XX, las importantes transformaciones ocurridas en América Latina en el plano político y económico, acentuaron la desigualdad en todo el continente y elevaron fuertemente los niveles de pobreza (CEPAL, 2011). Los planes de ajuste en búsqueda de equilibrio fiscal y eficiencia en los mercados, redujeron los alcances del Estado de Bienestar, sus esferas de participación y sus mecanismos de protección social.

Las medidas de liberalización del sector financiero, la desregulación del mercado laboral y las privatizaciones estuvieron acompañadas por el desmantelamiento paulatino de las instituciones sociales universales (CEPAL, 2010). De esta manera, se produjo una retracción del rol del Estado, que desde el programa de gobierno proponía limitarse exclusivamente a aquellas funciones que no resultaban rentables para el sector privado.

En la Argentina, durante los últimos años, la política social fue cambiando de rumbo, dejando el patrón asistencial netamente focalizado de la década de los noventa, para orientarse hacia una política más masiva de transferencia de ayudas económicas. En el contexto de la extendida crisis del 2001-2002, dado el ambiente de degradación social, principalmente debido a los elevados indicadores de pobreza y desempleo, fue necesario ampliar los programas sociales. Esto se focalizó principalmente en las transferencias económicas que buscaban sostener la seguridad alimentaria de la población a través de asistencias monetarias condicionadas, comedores comunitarios, bolsones de alimentos o tarjetas para compras, entre otras ayudas.

Surge así el “Programa Jefes de Hogar” como modelo de política social universal. El mismo fue implementado en el año 2002 en Argentina, dando respuesta a la grave situación social de aquel momento.

En octubre de 2001, según la EPH, la desocupación en el Gran Buenos Aires alcanzaba el 18,4 % de la PEA, impactando especialmente sobre los jefes de hogar: el 28 % de los hogares y el 32 % de las personas vivían entonces por debajo de la línea de pobreza. Ese porcentaje había sido sólo del 3 % en octubre de 1991. Vastos sectores de la llamada “clase media” se empobrecieron y a comienzos del siglo XXI se hallaban por debajo de la línea de pobreza.

La devaluación con la que se dio el golpe de gracia al régimen de convertibilidad provocó inicialmente una elevada inflación, agravando la situación del desempleo, la pobreza y la indigencia.

Formalmente el “Programa Jefes y Jefas de Hogar” es una transferencia monetaria a las personas desocupadas (originalmente la unidad monetaria fijada era de 150 lecops, pero posteriormente ese monto era pagado en pesos), cuyos núcleos familiares cuenten con determinadas características. El acceso al Plan no es universal, pues está condicionado.

No podían recibir el beneficio los desocupados que estuvieran participando al mismo tiempo en algún otro programa de empleo, ni quienes estuvieran jubilados o recibieran pensiones no contributivas. En cuanto a la situación de los demás miembros del hogar, se suponía implícitamente que también el cónyuge debía estar desocupado, pero en la norma de creación no se hace referencia explícita a la situación de los demás miembros de la familia mayores de 18 años.

El Programa Jefes de Hogar reemplazó al “Plan Trabajar” de la década anterior, de carácter focalizado. Aquel se había instrumentado cuando los índices de desocupación treparon a los dos dígitos, producto de las privatizaciones de empresas públicas y una apertura indiscriminada de la economía ayudada por la revalorización del tipo de cambio, que tuvo entre otras consecuencias la desindustrialización.

La justificación para implementar un programa social universal como el “Programa Jefes de Hogar” fue, en palabras del Presidente Eduardo Duhalde en ese momento, que no haya un solo hogar en todo el país que no reciba un ingreso. El programa, si bien tiene su origen como programa transitorio de empleo y se ubicó en la cartera de trabajo, luego fue migrando hacia un Programa de Transferencia Condicionada de Ingresos (PTCI).

Los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI), como uno de los componentes de un sistema de protección social, pertenecen a regímenes no contributivos, por lo que se constituyen en instrumentos destinados a proteger a las personas más pobres y vulnerables de la sociedad, con vistas a promover y facilitar el acceso a los servicios sociales para el desarrollo y fortalecimiento del capital humano.

En general, los PTCI se construyen con criterios de condicionalidad y de transferencia directa. La condicionalidad se compone de metas que implican un cumplimiento generalmente vinculado a controles sanitarios o la asistencia a la escuela y, de no efectuarse, esto comprometerá los pagos futuros de la transferencia. En algunos casos, el total de la transferencia está condicionada al cumplimiento de los objetivos, en otros se trata solo de un porcentaje. Asimismo, los requisitos pueden exigirse ex-ante o ex-post del pago de la transferencia. De esta forma, los PTCI buscan intervenir en el comportamiento individual del hogar mediante el incentivo monetario.

Por otro lado, el “Programa Jefes y Jefas de Hogar”, se enmarco en un esquema de políticas sociales duales. Por un lado, los objetivos de reducción de pobreza y/o más ampliamente de inclusión social, estaban sostenidos sobre todo en la promoción de políticas activas en materia de empleo en el marco de la recuperación económica. El empleo aparecía como el elemento cohesionante de la familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de la persona. Estas políticas convivían con un conjunto de de programas sociales (algunos de transferencias condicionadas de ingresos que se iban desvalorizando y algunos casos permanecían cerrados).

La educación y la salud son dos áreas que se vieron fuertemente afectadas por las políticas neoliberales de los noventa. Los niños, niñas y adolescentes se incorporaron masivamente entre los grupos excluidos de dichos servicios básicos, sufriendo situaciones de discriminación, privación y pobreza. Por eso, los objetivos de la mayoría de los PTCI se focalizaron en las transferencias monetarias hacia familias con hijos menores de edad y condicionaron las mismas con el fin de reconstruir el vínculo familiar y el ejercicio de condiciones sociales básicas: educación y salud pública.

El programa, a cargo del Ministerio de Trabajo, fue implementado

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