CASOS DE CORRUPCION EN CAMPECHE

DERIAN SALVADOR CAÑAS PEREZ.

1. CASOS DE CORRUPCION EN CAMPECHE.

1. SANSIONES

2. FUNCIONARIOS SANCIONADOS

3. INHABILITACION

• APICAM: CORRUPCIÓN Y COMPLICIDAD

CON LA VENIA DEL GOBERNADOR, URIBE HAYDAR NEGOCIA CON OCEANOGRAFÍA DEUDA DE 52 MILLONES DE PESOS.

Días después de que el escándalo de Oceanografía detonara con la intervención de la PGR y del SAE, y el bloqueo total al Puerto Industrial y Pesquero "Isla del Carmen", todo en menos de 8 días, se supo que esta petroempresa debía al APICam una cantidad que ascendía, según su director general, a "pocomás de 40 millones de pesos", y según su segundo de a bordo, a 50 millones. El 11 de marzo, apenas 4 días después del bloqueo, el director general del APICam, David Uribe Haydar, fue cuestionado sobre esta deuda, la demora en cobrarla y el monto millonario. Uribe replicó: "Nunca nos hemos demorado, la labor de cobranza la hemos hecho…

En cuanto a la documentación de nosotros, todo está debidamente soportado y cobrado en tiempo y forma. Lo que pasa es que no se nos ha pagado". Sin embargo, lo cierto es que la Oceanografía de Amado Yáñez Osuna no pensaba ya en pagarle, y él tampoco en cobrarle, porque unos meses atrás ese saldo había sido negociado en una corrupta y turbia operación que el mismo gobernador del Estado, Fernando Eutimio Ortega Bernés, consintió y ordenó ocultar, una vez desatado el escándalo de la petroempresa, acusa el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Luis Alonso García Hernández.

Y esta negociación, precisa, se había dado en función del robo de una maquinaria propiedad de la empresa petrolera, la cual se encontraba en el área del puerto al momento de ser sustraída, en septiembre de 2013.

El hurto fue videograbado gracias a cámaras de seguridad de la petroempresa, y en él están implicados Juan José Boeta Rosiñol, coordinador general de Infraestructura, Operación y Mantenimiento del APICam; el arquitecto Gilberto Federico Espinosa Peña, jefe de Departamento de Proyectos en Carmen; y César Israel Lechuga Arroyo, subdirector Jurídico en Carmen, aseveró Luis García.

MATARON DEUDA

Precisó que cuando funcionarios del APICam quisieron cobrar los 52 millones de pesos adeudados (no 40 ni 50 millones), altos ejecutivos de Oceanografía les mostraron el video del robo de la maquinaria, valuada en 3 millones de dólares (unos 39 millones de pesos), y que claramente los implica a los tres.

La evidencia gráfica, acompañada de una clara amenaza de llevar el asunto ante el Ministerio Público, obligó a Boeta, Espinosa y Lechuga a replantear el asunto y aceptar, no sólo que se restara esa cantidad, sino que el resto de la deuda se "matara" con dos jeep, valuados cada uno en 500 mil pesos. Unode estos vehículos afirmó García le fue entregado a Juan José Boeta Rosiñol y el otro al licenciado Lechuga, que es el subdirector jurídico del API".

Afirmó que estos funcionarios siempre le apostaron a que la deuda de 52 millones y la obligación de ellos de cobrar, se diluyera con el tiempo, pero no consideraron que el escándalo por la intervención de la PGR y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) destapara la cloaca. Destacó que este enjuague prueba "la enorme corrupción que existe en el API Carmen", donde los tres (Boeta Rosiñol, Espinosa Peña y Lechuga Arroyo) han instaurado una mafia que comanda el mismo director general del API, David Alberto Uribe Haydar.

CORRESPONSABLES

En este sentido, afirmó que Uribe Haydar es corresponsable del robo de la maquinaria a Oceanografía y de ese acuerdo ilegal, porque, al conocer de este asunto, no sólo no actuó en consecuencia, sino que "ha protegido en forma descarada, no apegada a la ley, a estos delincuentes de cuello blanco".

Pero el gobernador del Estado, Ortega Bernés, tampoco está ajeno de responsabilidad, porque –afirmó- fue él quien ordenó que todo se parara, se ocultara el asunto y no trascendiera, "con el claro fin de mantener incólume a Juan José Boeta Rosiñol, uno de sus consentidos, y a David Uribe Haydar, uno de sus protegidos".

"Eso habla de complicidad y de que se pretende proteger a estas personas, aun a costa de un daño al caudal público", espetó. "Por lo tanto, agregó, le exigimos al Gobernador que deje de proteger a estos delincuentes, que están lacerando la economía y las finanzas del API, y que le han hecho un enorme daño patrimonial al API". "Esto no puede ser, se tiene que limpiar el API de la gran corrupción que lo carcome", matizó.

PROCURADOR, SABEDOR

El dirigente político aseguró que el procurador general de Justicia del Estado, Arturo José Ambrosio Herrera, también tiene conocimiento del robo de la maquinaria de Oceanografía, e incluso copia del video, que "le fue entregado por un funcionario menor" del API Carmen. "A éste –cuyo nombre me reservo- le querían echar la culpa, lo bueno fue que él respaldo el video y se lo entregó a tres personas, una de ellas al Procurador General de Justicia del Estado de Campeche".

"Nosotros, como PRD a nivel estatal, le estamos pidiendo también al Procurador, que no le tiemble la mano y proceda penalmente en contra de estos funcionarios deshonestos que aprovechando su cargo, hoy han solapado una deuda millonaria, de 52 millones de pesos, a Oceanografía".

RUEGAN A LA VIRGEN

Afirmó que actualmente, "desde Juan José Boeta, Uribe Haydar, hasta el gobernador, están rogándole a la Virgen y a 'San Peña Nieto' que declaren la quiebra de Oceanografía y la extinción de sus deudas, porque de esa forma también desaparecerá el pendiente con el API".

"Ellos están ganando tiempo ahorita, por eso yo le pido al Gobernador del Estado, que si no quiere ser cómplice de estos truhanes, actúe conforme a la ley, porque también es un delito encubrir delitos, más que nada, que dañan el patrimonio de los campechanos". "Que no proteja a David Uribe, quien será uno los aspirantes a diputado federal por el segundo distrito, y a Juanjo Boeta Rosiñol, que sueña con ser alcalde como sus abuelos y tíos", matizó.

Y exclamó: "¡Imagínense a David Uribe!, ¡corresponsable y cómplice de estos delincuentes, siendo el candidato del PRI en el segundo distrito federal electoral!" Destacó que el mandatario debe enjuiciar a esta pandilla y recuperar esos 52 millones de pesos, que "sirven de mucho para la modernización del puerto pesquero, así como para hacer algunas obras que beneficiarían en el Malecón de la Ciudad".

Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, se apoderó en menos de 1 década de la Administración Portuaria Integral de Campeche –concesionada por la SCT al gobierno del estado–, a la que Banamex otorgó un crédito por 450 millones de pesos que aún adeuda; en supuesta complicidad con la administración local, también se hizo por la fuerza de terrenos de particulares en el Parque Industrial de Ciudad del Carmen

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Además del fraude a Banamex, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Oceanografía por el agravio a la empresa Exincomer, SA de CV. Y es que el propietario de esta última, Juan Carlos Velázquez Rivas, denunció que Amado Yáñez Osuna invadió y explotó en forma ilegal un terreno de 12 mil metros cuadrados en donde operaba su negocio en el Parque Industrial Pesquero Laguna Azul, de Ciudad del Carmen, Campeche.

Los afectados han interpuesto denuncias desde hace más de 1 década ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por las concesiones violentadas por la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam); ante la PGR, por despojo y delitos continuados, asociación delictuosa y lavado de dinero; así como ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Presidencia de la República. Y han obtenido en algunos casos sentencias firmes que no han sido ejecutadas por presiones del gobierno de Campeche, indican.

Jorge Márquez, director corporativo de empresas y activos financieros del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), declara –en entrevista con Contralínea– que en medio del escándalo de corrupción que protagoniza Oceanografía han surgido diversas anomalías que en su momento deberán atender y resolver la PGR y el Sae, en función de sus respectivas competencias, por lo que invita a los empresarios agraviados a acercarse a la Procuraduría a efecto de conocer sus demandas.

Del adeudo de Oceanografía a la Apicam por más de 40 millones de pesos por servicios no pagados, el funcionario dijo que la empresa tendrá que responder de ello ante las autoridades correspondientes, pues el Sae se limita sólo al pago de los salarios de 7 mil trabajadores, a efecto de que no se detenga la operación de la empresa intervenida por el gobierno federal.

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El despojo a Exincomer

La historia del despojo conra Exincomer comenzó hace 1 década. El 10 de junio y el 11 de diciembre de 1992, Exincomer adquirió mediante la celebración de dos contratos de compra-venta con reserva de dominio (DJ/CV-RDS/63/92 y DJ/CR-DR/SCS/32/92) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a través del Fideicomiso Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios (Fondecorp), los inmuebles ubicados en lote 1, manzana K, de la calle Uno Sur, esquina con Avenida Central, con superficie de 12 mil 341 metros cuadrados; y el lote 1D, manzana M, calle Uno Sur, esquina con Avenida Dos Poniente, con 6 mil 798 metros cuadrados.[pic 3]

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