CASO DE CORRUPCION: CASAS COPEVA

Nombre: Sebastián Aravena

CASO DE CORRUPCION:

CASAS COPEVA

En el siguiente ensayo daremos a conocer el Caso Copeva, que ocurrió el invierno de 1997, donde miles de viviendas sociales de Puente Alto se inundaron por completo a pesar de haber sido recién entregadas. Además de darles a conocer este caso, les explicaremos el caso de corrupción presente en este, daremos un análisis comparativo de distintos enfoques de distintas fuentes. A esto le sumaremos la evaluación de la sentencia de la Corte Suprema que a través de un fallo unánime, beneficia a 592 familias y determina que el monto de la indemnización se divide en $1.130.000 (un millón ciento treinta mil pesos) por concepto de daño emergente, y $1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos) por concepto de daño moral. Al finalizar nuestro trabajo de investigación acerca del caso de las casas Copeva propondremos sanciones concretas para los involucrados, ya sea para el dueño de la empresa constructora Francisco Pérez Yoma como para el ex Ministro de Vivienda Eduardo Hermosilla.

En junio de 1997 los temporales de viento y lluvia causaron estragos en la Villa Estación Ferroviaria de Puente Alto. Cientos de viviendas sociales resultaron con grietas en las paredes, hongos en los cielos, daños que finalmente derivaron a anegamientos dentro de los inmuebles. La solución del momento fue cubrirlas con nylon, por lo que la población llegó a ser conocida por el calificativo de “casas de nylon”. La responsabilidad de la mala construcción de las viviendas fue de la constructora COPEVA, después de este suceso la empresa constructora se declaró en quiebra, y actualmente opera bajo las siglas PY (Pérez Yoma). Este es un claro caso de corrupción ya que, tras conocerse que Francisco Pérez Yoma, dueño de Copeva y hermano del ex ministro Edmundo Pérez Yoma, le había regalado dos caballos corraleros al ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla (DC). Todo esto fue causado por una apuesta fallida entre ambos hermanos.

Luego de pasar por esta situación, las familias afectadas presentaron demandas ante el SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo). La Corte Suprema determinó que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) de la Región Metropolitana debe pagar una indemnización de más de $ 2.900.000 a cada una de las 10 familias por daños en las viviendas construidas mediante el Programa Especial de Viviendas para Trabajadores (PET) de la Villa Estación Ferroviaria, que resultaron inundadas en junio de 1997.

Según la información publicada en 2011 en los diarios investigados, se pueden observar dos visiones diferentes sobre el tema “Casas Copeva”:

- El diario El Mostrador nos ofrece una perspectiva más penal con respecto al caso, este nos habla de los delitos cometidos por las empresas involucradas, la sentencia, las demandas y el pago o compensación que las empresas deben realizar por daños morales a los afectados.

-El diario El Mercurio ofrece un punto de vista más subjetivo en cuanto a corrupción intraempresarial se trata; se puede observar como el editor da a conocer su punto de vista del caso, haciendo una crítica a las empresas y organizaciones involucradas por las faltas cometidas, hace muchas veces referencia a códigos empresariales; con lo que se puede deducir que se trata de un tipo con vista profesional en el campo. En este caso el código consiste en beneficiar a la empresa tratando de sacar provecho para internamente de los derechos y deberes de una empresa.

Gracias a la información recopilada pudimos identificar cuál fue el organismo que no fiscalizó bien el tema del caso de corrupción (casa COPEVA). Dicho organismo es el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), que según el dictamen de la Corte Suprema: "El daño antes detallado es una consecuencia directa de la falta de servicio en que incurrió el Serviu Metropolitano, como quiera que si hubiera planificado o normado la construcción de viviendas sociales con materiales de calidad aptos para lluvias, exigiendo a los privados que participaron en la construcción, el respeto irrestricto de tales planes o normas, el daño no se habría materializado”, es decir, se ve claramente que no solo tiene la culpa la empresa constructora sino que también el SERVIU por no haber fiscalizado bien las planificaciones y materiales que se ocuparían en la construcción de las viviendas sociales.

Evaluamos la sentencia que dictó La Corte Suprema,

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