Caso Valentina

Violación de los Derechos Humanos en México

Caso Valentina

Luego de más de nueve años Valentina Rosendo Cantú, una indígena me´phaa, logró una pizca de la justicia que reclamó y que originalmente le fue negada.

El 16 de febrero de 2002, Valentina fue violada y torturada delante de su hija de tres meses por elementos del 41 batallón de infantería del ejército en la comunidad de Caxitepec, Gro. (Aguayo, 2011).

Con el respaldo familiar y de algunos miembros de su comunidad, Valentina denunció el terrible ultraje de que fue víctima, sin que ello ocasione justicia en ninguna instancia del Estado mexicano (Aguayo, 2011).

El apoyo con que contó originalmente se fue diluyendo, pues Fidel, su esposo, la abandonó y su comunidad acabó dándole la espalda, ante el acoso de las autoridades (Aguayo, 2011).

Tras los hechos, la Secretaría de Defensa Nacional se limitó a difundir un comunicado de prensa asegurando que “los efectivos del Ejército [...] no efectuaron en dicha fecha [...] alguna operación” en el lugar de los hechos, como puntualmente lo consigna Sergio Aguayo en su artículo publicado en el periódico Reforma.

Como antecedente del caso vale la pena destacar que Valentina y su esposo se habían incorporado a la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT), que denunció el hostigamiento militar tras la masacre ocurrida en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Gro, el 7 de junio de 1998, cuando elementos del ejército rodearon e irrumpieron en la escuela primaria “Caritino Maldonado”, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, luego de participar en una asamblea (Meléndez, 2009).

La acción militar provocó 11 muertos y 5 heridos. El ejército detuvo además a 27 personas, quienes, según el dicho de sobrevivientes, fueron sometidas a tortura por dos días (Meléndez, 2009).

Las denuncias que hizo la OPIT generaron una persecución hacia sus miembros, de la cual fue víctima la propia Valentina (Meléndez, 2009).

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias mexicanas, Valentina tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien desde el 10 de octubre de 2010 emitió una resolución en la que consideró probada la violación a Valentina, en lo que textualmente se describe en la sentencia como: “violencia institucional castrense” (Aguayo, 2011).

Parte de la sentencia ordena al Estado mexicano un acto de reconocimiento público de responsabilidad, lo que finalmente ocurrió el pasado 15 de diciembre, 14 meses después, a través de Alejandro Poiré, secretario de gobernación, al comparecer personalmente y expresar: “Hoy el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia, este acto público es prenda de esa convicción y a sabiendas

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