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Introducción:

En nuestro país y en otros países, a mayor nivel en América Latina la violencia y el crimen son fenómenos complejos que tienen diferentes escalas y manifestaciones. Las características de cada sociedad proporcionan el marco que determina las acciones tomadas en un momento histórico particular. Por ejemplo, los niveles de institucionalización del Estado funcionan como elemento catalizador del fenómeno y su expresión numérica. Esto se debe principalmente a la (in)seguridad brindada por las instituciones responsables de la prevención y control del delito.

En buena parte de la región estas instituciones se encuentran desbordadas e incapacitadas para afrontar las demandas de seguridad que la ciudadanía exige. En esta situación podrá entenderse que es prioritario el reforzamiento estatal, en general, y el del sistema institucional de seguridad, en particular, bajo los criterios de transparencia y control propios de un Estado democrático. Lamentablemente, hasta el momento, no ha sido el objetivo principal de la mayoría de las políticas aplicadas para combatir el crimen organizado y la delincuencia en general. Lejos de ello se ha recurrido a las fuerzas armadas como principal medio para combatir estas amenazas. Con todo, la aplicación de políticas puramente punitivas y militarizadas no deja de tener implicaciones que redunden en la debilidad estatal.

En Ecuador, la corrupción ha afectado diversas áreas, incluyendo el gobierno, el sistema judicial y otros sectores. Se han reportado casos de malversación de fondos, sobornos y prácticas corruptas a diferentes niveles de la administración pública. Estos problemas han tenido un impacto negativo en la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Es por lo antes mencionado por lo que en este trabajo abordaremos temas como el narcotráfico, la corrupción, el uso ilegal de armas, la debilidad de un estado, lo jurídico y como tema central y prioritario, acerca de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Veremos desde distintas perspectivas como se ha manejado la ley antes mencionada dentro de distintos países, tendremos dentro del trabajo un análisis que nos ayudará a entender mejor los temas abordados, con artículos detallados en relación con lo tratado. Se mencionarán hechos tanto a nivel nacional como internacional, buscando así que el ciudadano conozca más a fondo lo que conlleva un Si o un NO de la pregunta planteada, el por qué la simplificación de dicha ley y las posibles causas del por qué no se ha llevado a cabo la implementación de esta.

Pregunta planteada:

• ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9?

Antecedentes:

Sandro William González; Jaime Arturo Rojas Flórez; Gonzalo Rodríguez López (2015) en su trabajo de grado para optar el título de Especialistas en Derecho Administrativo relatan la administración de los bienes objeto de acción de Extinción de Dominio en Colombia (1991-2014). Se relata este trabajo enfocándose en un diagnóstico sobre la administración de dichos bienes. El trabajo se centra en las últimas décadas de Colombia puesto al nivel de corrupción, narcotráfico, actividades terroristas, la guerrilla, entre otros que han traído consigo el apogeo que ha servido de fachada para el lavado de dinero derivados de sus actividades delictuosas. Es en este sentido, donde ingresa a la mesa la corrupción por parte del estado, que cubre por beneficio propio dichas actividades, lo que ha beneficiado a estos grupos delictivos a proteger y cultivar sus ganancias y así seguir trabajando de manera ilegal. Por eso dentro de dicho proyecto se busca dar a conocer de la extinción de domino de los bienes procedentes de las actividades citadas y lo sucedido con dichos bienes adquiridos. Se han llevado a cabo acciones de extinción de dominio contra los narcotraficantes, encontrando por medio de este análisis que los bienes procedentes de extinción a aquellos personajes antes mencionados pueden ser desde armas o caletas a departamentos, vehículos o sociedades. Se concluye que tales actividades, llevaron a exponer “turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional” y es a causa de problemáticas como está que se ha llevado en Colombia y otras partes del mundo a buscar la implementación de la ley de Extinción de dominio. Implementar dicha ley que asegure el correcto funcionamiento de los bienes obtenidos, que queden en manos del gobierno y al margen de la ley.

Nadia Larissa Moreira-Reyes; Orlando Iván Ronquillo-Riera; Luis Antonio Rivera-Velazco (2021) en su revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología cuyo objetivo principal fue dar un análisis acerca de los beneficios que hay dentro de la aplicación orgánica de Extinción de dominio en el ordenamiento jurídico del Ecuador, puesto a la corrupción dentro del país. Argumentan que el Ecuador posee un estado con un alto índice de corrupción. Esto es un fenómeno que tiene relación con el crimen organizado, bandas juveniles terroristas, entre otros. Donde el objeto de estudio busca mostrar que el estado actual no es capaz de afrontar de forma exitosa los delitos que trasgreden contra los recursos de este mismo, por ello la aplicación de dicha ley. La revista nos habla de los beneficios de que esta ley sea aplicada, mencionando que se fortificaría la lucha contra delitos que trasgreden a la administración pública, el Estado podría recuperar bienes que han sido quitados de manera no legal y ser utilizados a su favor, se menciona también que es de suma importancia buscar e implementar cambios en la estructura en el ordenamiento jurídico por medio del legislativo.

Arévalo Vernenille Vanessa Stefania; Chiriboga Iñiguez Estefanía Mariela (2022) en dicho proyecto de investigación previo a la obtención del título de abogado de los tribunales de la República del Ecuador, nos muestran un análisis acerca de la Ley de Extinción de Dominio como una medida para prevenir la corrupción por parte de los funcionarios públicos y privados en Ecuador.  Artículo 3.- Extinción de dominio. – “La extinción de dominio consiste en la declaración de literalidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para subir, ni quien ostente a se comporte como tal y se aplica sobre bienes adquiridos mediante acciones u omisiones contrarias al 49 derecho. La Extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, se dirige contra bienes y no contra personas y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso.” (Asamblea Nacional, 2021). Una vez de haber entendido dicho artículo podemos mencionar que el propósito de este proyecto es que haya un conocimiento de esto, pero destacando también la aplicación de “Art. 72.- Destino. - La monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado, será invertida en programas destinados a desarrollo infantil integral con énfasis en primera infancia y erradicación de trabajo infantil, en su totalidad” (Asamblea Nacional, 2021). Esto por los grandes casos de corrupción que se maneja dentro del país “el Índice de percepción de la corrupción posee el puesto número 92 de 180 países” (Fundación ciudadanía y desarrollo, 2021), donde nada les asegura a los ciudadanos que dichos objetos obtenidos de forma ilícita sean de total servicio para proteger al pueblo. Si bien se menciona que la implementación de la Ley de Extinción de Dominio estaría puesta para asegurar y prevalecer los derechos de los ciudadanos no hay algo que respalde por completo que será de cierta forma. Se emplearon métodos de análisis y síntesis donde de forma concluyente se pretende tener ejes claros en materia criminal política. Al tener un sistema democrático tan débil existe una cultura política malmirada y deshonesta. Y aunque sea un tema complejo del cual hablar es vital para los ciudadanos conocer sobre aquello. Se propone que el Consejo de la Judicatura tenga las funciones de identificar e implementar políticas donde se busque mejorar y modernizar el poder judicial y así para garantizar, el debido proceso donde se adquiera dicha ley asegurando que será en completo beneficio de ciudadanos.

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