DERECHOS VULNERADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

DERECHOS VULNERADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

"Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás", frase contenida en el artículo 44 de la Constitución Política Nacional, y que es rectora al momento de reconocer a los niños y niñas, sin distinción, el goce de las mismas oportunidades de vida sana y desarrollo pleno hasta el máximo de sus potencialidades. En el presente trabajo daré a conocer la problemática situación que se está presentando en el municipio de Montería, capital Cordobesa; debido a la constante violación de los derechos fundamentales de los niños y niñas de dicha población, expondré cuales son los derechos más violentados, y mostrare datos relevantes que deja dicha vulneración.

La problemática cotidiana en Colombia, muestra que niños y niñas no son vistos por los adultos como sujetos de derecho y, por el contrario, con alta frecuencia sus derechos son vulnerados, tanto en la vida familiar, como en la vida social. Son ellos quienes más se ven afectados por la exclusión social, la pobreza, la violencia, las guerras y otras duras realidades que viven el país y el mundo.

En Córdoba, se puede evidenciar que los casos más frecuentes en los que se violan los derechos de la niñez se presentan cuando ocurren el maltrato y la violencia intrafamiliar, la explotación y el abuso sexual, la presencia de limitaciones especiales, el trabajo infantil, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados.

Para el caso de una ciudad como Montería, en la cual hay unos índices de pobreza que sobrepasan el 70% de la población, se cree que la mayoría de los niños y niñas no cuentan con nivel de vida adecuado, y se evidencia que los derechos más vulnerados son el derecho a disfrutar de alimentación, vivienda digna y servicios de salud adecuados.

Lo mencionado antes, son circunstancias a veces transitorias, en las que les puede faltar la garantía para el goce de sus derechos, es entonces cuando entidades oficiales como privadas, al tiempo que normativas del orden nacional e internacional como la Convención de los Derechos de la Niñez, convocan a diseñar y aplicar medidas de protección especial, de tipo judicial, educativo o asistencial, orientadas a restituir los derechos vulnerados y a garantizar el pleno disfrute de los bienes y servicios sociales a quienes han sido excluidos.

La Casa de Justicia de Montería, con el conjunto de las entidades que hacen parte de su plataforma institucional (Comisaría de Familia, ICBF, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Personería Municipal, Medicina Legal, y Policía de Menores) tienen la obligación de velar por la protección y garantizarían de los derechos fundamentales antes descritos, ya que en general estas entidades tienen como función principal velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y guardar por la garantías y el cumplimientos de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes.

Un dato relevante que muestra la vulneración y abordaje de los derechos descritos es la declaración de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, en la que  aseguró que las cifras de violación de derechos a menores en el país son aterradoras y deberían avergonzarnos, al revelar que la entidad atiende diariamente cuatro nuevos casos por flagelos contra la niñez., y afirmo que el ICBF abrió un total de 1.391 procesos para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de violación de derechos fundamentales durante el segundo bimestre del año anterior, por lo que pretende emprender una campaña para sensibilizar a la sociedad sobre la responsabilidad con los menores.

El reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos se presenta hoy más cómo un discurso que una realidad. Más aun en un contexto como el nuestro, donde hay escenarios sociales y económicos que conllevan a que la mayor parte de los niños y sus familias vivan en condiciones de inequidad, tal como lo podemos evidenciar con la historia de Miguel Ángel Albornoz, un menor Monteriano que tiene un tumor en la cabeza y cada vez más se le afecta la motricidad, uno de sus brazos no responde como quisiera. Los servicios autorizados por la EPS de Oncología Pediátrica no se cumplieron de forma rápida porque la EPS no tenía convenio con una IPS y en otro hospital no había agenda, según su madre, Marlen Ramírez. “A mi niño se le tuerce el piecito, le formularon equinoterapia, pero la EPS pregunta cuál es la razón”. La EPS Savia indicó que el menor tiene todos los servicios autorizados y que la Equinoterapia, es un tema que se sale del Plan Obligatorio de Salud. Días después a Marlen le informaron que tenía las citas. (El colombiano, 2016).

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