Democracia En Honduras
chavezgilbert23 de Noviembre de 2011
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Honduras, los retos de la democracia
En Honduras, el proceso de transición a la democracia presenta dos fases
claramente delimitadas: la primera, referida a la sustitución de militares
por civiles en la conducción burocrático-administrativa del Estado,
situación que se inicia con las elecciones de 1980 y se concreta en los
gobiernos de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) y José Azcona Hoyo
(1986-1990); la segunda fase, de construcción democrática, se inicia con
la presente década y se concreta en los gobiernos de Rafael Leonardo
Callejas (1990-1994) y Carlos Roberto Reina (1994-1998).
La transición a la democracia
La primera fase de la transición se circunscribe a la realización de
procesos electorales bastante legitimados sin que se observen
importantes transformaciones en la relación Estado-sistema políticosociedad
civil; todo ello debido a la presión de la crisis centroamericana
que subordinaba la dinámica político-social a la dinámica de la seguridad.
Los gobernantes de esta fase se movieron en un ámbito de legitimidad
precaria, profundamente disminuidos por la crisis centroamericana y
opacados como actores principales de la transición democrática; esto fue
así porque el elemento militar seguía teniendo un importante peso en la
definición de las reglas del juego político, sustentado en su tradicional
poder arbitral y estimulado por la Guerra Fría que, a nivel internacional,
validaba su supremacía frente a la institucionalidad civil.
La segunda fase de la transición tiene que ver con la eliminación de los
obstáculos autoritarios y la difusión de una cultura democrática que
propicia la incorporación del pluralismo, el debate, la tolerancia y el
respeto, y permite el avance en el proceso de construcción democrática,
más allá de la democracia electoral que continúa fortaleciéndose. El inicio
de esta fase fue posible gracias a la finalización de la Guerra Fría y la
solución de la crisis centroamericana, al finalizar la década de los 80 y
comenzar la de los 90, lo cual coincidió con el inicio de la gestión
gubernamental del presidente Callejas.
La agenda de la construcción democrática
La eliminación del servicio militar se constituye en una demanda social
como producto de la brutalidad con que se reclutaba a los jóvenes para
satisfacer las necesidades de unas Fuerzas Armadas
sobredimensionadas por la crisis centroamericana. El rechazo social
adquirió tales dimensiones que los candidatos presidenciales, por primera
vez en la historia política del país, lo utilizaron como una constante en la
campaña electoral que culminó con las elecciones del mes de noviembre
de 1994. Su abolición y sustitución por un servicio voluntario fue aprobado
por el Congreso Nacional al finalizar el mes de mayo de 1994 –gracias a
la presión de la sociedad civil que exigió el cumplimiento de esa promesa
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electoral– y ratificado por el mismo ente estatal en el primer trimestre del
presente año, pese a la presión de la institución castrense para que ello
no se produjera.
La eliminación de la autonomía militar, está relacionada con la resistencia
militar a realizar una subordinación real a la institucionalidad civil, tal como
lo establece la Constitución de la República. Mucho se ha avanzado en
este sentido, particularmente en lo referente a la restitución del control
civil sobre determinadas instituciones controladas por militares, aduciendo
supuestas razones de seguridad, como la empresa de
telecomunicaciones, HONDUTEL, la Dirección Nacional de Política
Migratoria, la Marina Mercante y el Instituto Geográfico Nacional, los
cuales iniciaron ya un proceso de desmilitarización con el nombramiento
de civiles al frente de las mismas. El punto central de este tema está
relacionado con la eliminación del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas,
cargo creado con la Constitución de 1957 que eliminó el mando directo
del presidente sobre la tropa y que permitió una autonomía creciente del
máximo jefe castrense y de la institución en su conjunto. Su eliminación
se torna difícil por la asociación de este cargo con el control del poder al
interior de las Fuerzas Armadas, razón por la cual los oficiales de las
La iniciativa civil
Decíamos al inicio que el papel privilegiado de las Fuerzas Armadas se
apoyaba en la existencia de una cultura autoritaria que creaba las
condiciones básicas para que se produjera una especie de subordinación
al revés: de los civiles a los militares. Esto se asocia con el papel de los
partidos políticos, sobre todo de los tradicionales, Liberal y Nacional, que
buscaron siempre la sombra protectora de la institución castrense y
disfrutaron cómodamente del reducto de poder concentrado en el espacio
político. Lo mismo puede decirse de algunas organizaciones de la
sociedad civil que legitimaban con sus acciones el poder arbitral de las
Fuerzas Armadas y lentamente se acomodaban al reducido espacio que
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les asignaba el criterio de la seguridad como eje del comportamiento
político.
Honduras: una democracia en proceso
Las dificultades de la restaurada
democracia hondureña
El régimen político establecido por Roberto Suazo
Cordova nació prisionero de la estrategia
contrarrevolucionaria de los Estados Unidos en la región
que implicaba el uso del territorio hondureño
como base de operaciones contrarrevolucionarias y
que se apoyaba en buena medida en el ejército hondureño,
al cual le fueron encomendadas, al menos,
dos tareas fundamentales: l)servir de retaguardia del
ejército salvadoreño en su lucha contra los grupos insurgentes
de aquel país, y, 2) actuar como fuerza de
apoyo de la denominada «contra» nicaragüense que
incursionaba continuamente en territorio del vecino
país y hostigaba al régimen sandinista, que se vio en10
frentado a lo largo de los años que dirigió el Estado, a
una especie de guerra civil permanente.
Callejas y el proyecto de
modernización del sistema político y
del Estado
Las elecciones de noviembre de 1989 fueron ganadas
abrumadoramente por Rafael Leonardo Callejas del
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opositor Partido Nacional. Callejas es más recordado
actualmente por haber iniciado un severo programa
de ajuste estructural de la economía, que por haber
prefigurado un proceso de reforma y modernización
del sistema político hondureño para hacerlo más democrático.
Esta última fue una de las principales responsabilidades
de la Comisión Presidencial de Modernización
del Estado.
En un documento publicado el 12 de febrero de
1992, la Comisión Presidencial de Modernización del
Estado prefigura la naturaleza de los cambios políticos
que requiere el sistema político hondureño para hacerse
más democrático y participativo. Entre estos
quisiera llamar la atención sobre tres de ellas: las reformas
al sistema político, las reformas al poder legislativo
y las reformas al poder judicial.
Entre las reformas al sistema político se señalan las
siguientes:
¥ Reducción de los requisitos para la creación e inscripción
de partidos políticos y para facilitar la inscripción
de candidaturas independientes.
¥ Establecimiento de mecanismos que aseguren la
democratización a fondo de los partidos políticos,
para lograr una participación más decidida y efectiva
de los ciudadanos en la organización, dirección
y supervisión de los partidos a los que estén
afiliados.
¥ Regulación más apropiada del control de procesos
electorales internos de los partidos políticos y
de su funcionamiento, que diferencie respecto de
lo último entre gastos de funcionamiento y los originados
por las campañas electorales.
¥ Utilización de papeletas separadas para la elección
de Presidente de la República y para Diputados al
Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano,
y realización de elecciones de corporaciones
municipales en fecha separada.
¥ Establecimiento del voto domiciliario.
¥ Reducción del período para realizar propaganda
política previa a las elecciones internas de cada
partido político y para cargos de elección popular.
¥ Ampliación de los medios para el ejercicio de la
democracia participativa, favoreciendo el recurso
al plebiscito e instaurando el referéndum para
asuntos de trascendencia para la nación.
¥ Reorganización del Tribunal Nacional de Elecciones
e integración del mismo con ciudadanos de
honorabilidad reconocida y designación de los
mismos por el Congreso Nacional (o alternativamente
por elección directa).
¥ Separación del Registro Nacional de las Personas
para transformarlo en un organismo técnico, modernizando
su organización
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