Derecho Administrativo

NUEVO TAMAÑO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA.

Han transcurrido más de 80 años de administración pública federal dentro del marco de la constitución de 1917; La administración pública federal ha corrido paralelamente al crecimiento ascendente de las tareas que ha ido asumiendo el Estado y, por ende la administración.

Destaca el crecimiento sostenido de la población, que solo interrumpieron las dos guerras mundiales pero que en varias décadas ha sido acelerado. Gracias a la política de planeación familiar prohijada por la Ley General de Población de 1974, vigente, el fenómeno poblacional ha disminuido su veloz marcha.

Los servicios públicos vitales se vuelven pronto insuficientes e irregulares, como el suministro de agua potable, el transporte público, la seguridad pública, la salud, la educación, la justicia, la vivienda social, que hacen crisis en las grandes metrópolis de la Republica.

En nuestra economía es natural la inestabilidad, que a la larga genera más empobrecimiento de la población e inseguridad en los grandes capitales inversionistas.

La política económica instauro el proteccionismo a la industria y a los fabricantes nacionales con dos grandes decisiones: la sustitución de importaciones y el otorgamiento de subsidios.

El estado quiso contribuir más directamente en su política nacionalista y empezó a ser empresario.

La administración es una herramienta de trabajo siempre al servicio de los fines políticos de los gobiernos y los cambios o reformas que sufra serán invariablemente impuestos por estos criterios.

Fue la era de la producción masiva de empresas públicas. Cuando en los años veinte del siglo pasado empezaron a surgir los primeros organismos descentralizados por servicio.

Los primeros cubrieron servicios públicos administrativos; pocos incursionaban en campos económicos, como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A., Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., etc.

El gobierno federal empezó a ser accionista mayoritario o minoritario de sociedades anónimas y adopto el papel de empresario. Los motivos para adueñarse de las acciones eran diversos, bien para recuperar adeudos que empresarios privados no pudieron solventar a Nacional Financiera, S. A., o bien porque interesaba al Estado vigilar de cerca importantes actividades económicas, o finalmente por razones políticas.

El gobierno federal se hizo propietario de numerosas empresas, organizadas bajo la figura mercantil de la sociedad anónima.

A todas esas empresas de participación estatal mayoritaria se sumó la propiedad menor de empresas de participación estatal minoritaria que también se ocupaban de la producción de los bienes más diversos: alimentos, azufre, bolsas de papel, cobre, tabaco, alojamiento turístico, etc.

Acrecentó todas estas propiedades empresariales con otras que facilito la formula mercantil del fideicomiso, y para fines de los años ochenta los fideicomisos, a los que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1976 vigente les dio personalidad de entes paraestatales, servían a propósitos múltiples del gobierno que en muchos casos difícilmente se podían aceptar como propios del Estado. Así, administraban, otorgaban créditos, daban financiamiento a ciertas investigaciones.

Todo el ejército de organismos paraestatales quedó identificado en la relación que de los mismos hizo la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto en diciembre de 1980 y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Enero de 1981.

Al cerrar sus puertas el sexenio del presidente López Portillo en 1982, se tomó la audaz decisión política de expropiar la banca privada, y de esta manera el gobierno federal enriqueció su caudal de empresas públicas ya de por si rebosante. Los bancos como sociedades nacionales de crédito, su adquisición trajo consigo la propiedad de numerosas empresas privadas en las que eran accionistas mayoritarios aquéllos.

El de 1990 es un año histórico, como lo fue el de 1982; en él otra gran decisión política privatizó la banca pública, o sea, dio marcha atrás. El Ejecutivo federal con aprobación del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, reformo el artículo 28 constitucional y el 123 para quitar al estado el monopolio del servicio público de la banca y crédito y puso a la venta los “bancos del Estado”

En los días y meses del gobierno federal que empezó en 1988, se trabajó con firmeza para reducir las dimensiones de la administración: se desincorporaron empresas, se fusionaron y extinguieron.

En octubre de 1991 se publicó El proceso de enajenación de entidades paraestatales por la secretaria de Hacienda y Crédito Publico y se sabe que para tal fecha quedaban solo 247 entidades paraestatales: 79 organismos descentralizados, 123 empresas de participación estatal mayoritaria y 45 fideicomisos públicos, y ninguna empresa de participación estatal minoritaria.

La pulverización de la administración es otra realidad que alimenta su desproporción. Pudiera parecer que en un lapso de más de medio siglo el número de secretarías no ha crecido en forma alarmante, ni siquiera preocupante,

Al gigantismo de esa organización interna ha contribuido el poderoso fenómeno administrativo legal y económico de la desconcentración administrativa.

Antes de 1979, por ejemplo, existían en todos los estados de la Republica las oficinas federales de Hacienda, órganos dependientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. De la misma secretaria dependían las juntas calificadoras del impuesto sobre la renta y las aduanas fronterizas e interiores.

Junto a la maquinaria de reforma administrativa construida por el gobierno echeverrista, la acción des concentradora pareció encontrar fácil el camino. Pronto cada secretaria de Estado localizó los servicios que podía y le era

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