El Control Sobre La Corrupcion Y Vigilancia Interna

EL CONTROL SOBRE LA CORRUPCIÓN

La corrupción de los funcionarios penitenciarios, ha representado un tema latente en los últimos treinta años. Alrededor de variados personajes que han trabajado y prestan actualmente servicios para el Sistema Penitenciario nacional, se ha tejido toda una maraña de señalamientos donde se les involucra en comportamientos irregulares en el ejercicio de funciones públicas.

La realidad muestra que la corrupción comienza a manifestarse en la cárcel desde el mismo ingreso del preso; en las primeras de cambio, cualquier funcionario está dispuesto a despojarlo de los bienes que trae: dinero, joyas, perfumes, entre otros. Posteriormente lo extorsionan para ubicarlo en un lugar de alojamiento que ofrezca menos riesgo, y en el curso de la reclusión continúan haciéndole cobros irregulares.

Las investigaciones del personal de seguridad, en muchos casos dan muestra que este tipo de reos forma parte de las mafias que funcionan en los centros para la venta de drogas y armas; sin embargo, se les otorgan privilegios de forma muy desigual al resto de los reclusos, se les asignan locales para dormitorios acondicionados, se les permite acceso de cualquier artefacto eléctrico, se les conceden visitas diarias a sus familiares, etc.

Con respecto a la permanencia de la corrupción en los establecimientos penales podemos citar como ejemplo, la perdida de los equipos dotados por la Unidad de Gestión del Proyecto de Reinserción Social de Delincuentes del Convenio Unión Europea – República de Venezuela, realizadas en el año 2.008, donde se hizo entrega de varios equipos que tanta falta hacen para facilitar el trabajo a los funcionarios y poder ejecutar actividades de tratamiento y seguridad. A escasos días de haberse realizado la dotación en las Cárceles de Maracaibo y Barquisimeto, se extraviaron las computadoras, televisores y otros materiales.

MECANISMOS DE CONTROL DE LA CORRUPCION

Diversos mecanismos han sido propuestos para corregir la corrupción, entre los que se encuentran: el aumento de las sanciones, el incremento de la transparencia de las normas y el refuerzo de las inspecciones y otros controles a los empleados públicos. Además, la probabilidad de detectar la corrupción se ve afectada por los incentivos con que cuentan los encargados de vigilar los comportamientos (Basu, Bhattacharya y Mishra, 1992).

Es preciso un adecuado nivel de los salarios de los empleados públicos, siendo contraproducente el mantener sueldos bajos. Unos sueldos demasiado bajos invitan a la corrupción. Un caso extremo lo constituye el de un gobierno africano que redujo a cero el salario de los funcionarios de aduanas, dando por sentado que sabrían cuidar de sí mismos. La corrupción, al estar influida por lazos sociales fuertes, disminuye cuando el país es grande y se produce una gran movilidad de la población o de los funcionarios. En los Estados Unidos, la corrupción se da sobre todo en los gobiernos locales, donde los funcionarios y los ciudadanos a menudo se conocen. La movilidad periódica, cuando se puede aplicar, puede ser una política efectiva de reducción de la corrupción.

El evitar la corrupción exige una clara definición de las normas, no dejando lugar a dudas respecto a su significado. No es ámbito para la discrecionalidad de los responsables públicos. Es evidente que cuanto mayor sea el grado de discrecionalidad, mayor será la posibilidad de que pueda ser utilizada por alguien en su beneficio. La existencia de normas claras, concretas, con una interpretación y aplicación simples, favorece el control de la corrupción. Con frecuencia, el gran número de normas y su complicación son el terreno abonado para la corrupción. Unas normas muy rígidas y complejas de cumplir por parte de los ciudadanos, permite al administrador público flexibilizar su cumplimiento a cambio de un pago.

El Premio Nobel de Economía Gary Becker, analiza el fenómeno de la corrupción y considera que la única forma de atajarla es reducir la intervención de los gobiernos y simplificar las normativas. Tal como manifiesta Becker G. (1994, pág. 81) “Sólo hay una forma permanente de reducir la influencia ilegal de los intereses económicos en la política: debilitar la relación entre la economía y la política. Es imprescindible simplificar y reducir las regulaciones de la actividad económica.”

Determinados países como Hong Kong y Singapur, han creado organismos especiales para coordinar el esfuerzo del Gobierno contra la corrupción. Igualmente, el empleo de varios tipos de mecanismos de coordinación y vigilancia puede permitir articular los diferentes componentes de este esfuerzo. Se debe nombrar a un personal y a unos organismos especializados en combatir la corrupción, con el apoyo y los recursos necesarios para superar las trabas burocráticas y coordinar las campañas para reducir las infracciones. Un aspecto significativo es la especialización y dotación de órganos encargados de la persecución penal de las conductas relacionadas con la corrupción.

La mejora de la regulación legal no suele ser suficiente para combatir la corrupción, y de hecho, numerosos ejemplos de países con sistemas legales desarrollados como los países sudamericanos, tienen altos niveles de incumplimiento de las normas. La reforma de los sistemas corruptos debe considerar la mejora de la información, los adecuados incentivos, el incremento de la competencia y de la participación. Mejores normas y leyes son útiles en la medida en que aumentan los flujos de información, inducen a la competencia, penetran en el monopolio natural del gobierno, evitan incentivos perversos y fomentan incentivos eficaces.

Siguiendo a Klitgaard (1995, pág. 29 y siguientes), podemos formular la corrupción (C) como función del monopolio (M), la discrecionalidad de los funcionarios (D) y de la transparencia (T).

C= M + D - A

La disminución de la corrupción pasa por:

1. Limitar el monopolio. El aumento de la competencia en los sectores privado y público. Evitar las regulaciones que atribuyen un poder de monopolio siempre que sea posible. El abrir la economía a la competencia tanto interna como a la internacional.

2. Clarificar la discrecionalidad de los funcionarios. Simplificar normas y reglamentos delimitando lo que está permitido y lo que no lo está. Ayudar a que los ciudadanos sepan cómo deben trabajar los sistemas públicos.

3. Aumento de la transparencia. La promulgación de normas y leyes claras hacen más fácil la responsabilidad. Una mayor apertura en las licitaciones, el refuerzo de los controles internos y los sistemas de inspección y supervisión, la mejora de los incentivos

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