Elementos regulatorios frente a la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad

ELEMENTOS REGULATORIOS FRENTE A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La convención de derechos de las personas con discapacidad es un acuerdo que se aprobó el 13 de diciembre de 2006, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y se firmo el 30 de marzo de 2007; por un grupo de países en donde se precisaban los derechos de las personas en condición de discapacidad; en este se hacía énfasis en el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo y ejemplo.

En Colombia se han decretado normas, leyes, artículos y decretos en favor a las personas con discapacidad, el problema es que estos han quedado en buenas intenciones o en el papel, mientras no se destine el presupuesto, se invierta en la infraestructura y se brinden estímulos a los proyectos que tienen el fin que la educación inclusiva sea real.

La misión de vincular a la educación como un derecho para la personas en condición de discapacidad es para brindar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, de esta forma se desarrolla plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, la creatividad y se estimula las aptitudes mentales y físicas; haciendo posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

Para garantizar el derecho a la educación es necesario que los Estados que firmaron aseguren que las personas con discapacidad no quedaran excluidas del sistema general de educación, en ninguno de los niveles: primaria, secundaria o nivel superior; se les brindara la posibilidad de aprender habilidades para la vida y el desarrollo social para esto facilitaran el aprendizaje del sistema Braille, la escritura alternativa, el apoyo entre pares, el lenguaje de señas y por ultimo asegurizar que la educación para los niños ciegos, sordos, sordo ciegos o con cualquier tipología de discapacidad sea impartida en los lenguajes y los modos apropiados para cada persona y así mismo los entornos permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

Los Estados firmantes reconocen el derecho a la salud para la personas en condición de discapacidad por lo tanto deben gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación alguna; se les proporcionara programas de atención gratuitos o con precios accesibles, incluso de salud sexual y reproductiva; se les brindara apoyo, atención y cuidados para prevenir, detectar e intervenir en la aparición de nuevas discapacidades; los profesionales de la salud estarán obligados a dar la misma atención con calidad a todos los pacientes sin importar el tipo de discapacidad y no se podrán negar los servicios de salud, ni alimentos o líquidos que se necesiten para su recuperación en el centro médico.

Los Estados firmantes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, bajo las mismas condiciones

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