Ensayo De La Administracion Publica

República bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular

Colegio Universitario Prof. José Lorenzo Pérez Rodríguez

Materia: administración publica

Preámbulo

Una realidad es cierta, todos los presidentes que han llegado a presidir los destinos de Venezuela, los hacen llenos de expectativas al éxito, todos quieren erradicar la pobreza, disminuir los índices de inseguridad, aumentar el aparato productivo y llegar a ser un país productor no sólo de petróleo, sino también promotor del turismo, precursor de los recursos naturales no renovables y agro productor.

Sin embargo, todas las políticas públicas aplicadas por los gobernantes anteriores no han dado los frutos esperados, porque hasta la fecha no existe una fórmula mágica para definir las políticas públicas exitosas que deben emprender los gobernantes de turno, es necesario aclarar que las políticas públicas son un conjunto de decisiones que se llevan a cabo en un lapso de tiempo.

Por su parte, hay investigadores como Hecho (1972), que explican que una política pudiera ser en lo que no se está haciendo, pero para que una política pueda ser considerada pública tiene que haber sido generada, o al menos procesada hasta cierto punto, en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales.

Tamayo Sáez (1997), define a las políticas públicas, como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran como prioritario.

Políticas publicas en Venezuela

1.- Marco de referencia estatal y percepción de la política democrática

El poder político Venezuela ha estado intensamente condicionado por los ingresos fiscales provenientes de la renta petrolera, que han servido para facilitar la tarea de construcción de las bases de sustento del Sistema Político. Durante cuatro décadas (1958-1998) la estructuración y funcionalidad de partidos políticos fuertes y con gran capacidad para articular redes de distribución de beneficios clientelares, permitieron la continuidad de la democracia pactada en un Estado centralizado, pero impidió la articulación de redes externas que pudieran derivar de las iniciativas de la sociedad civil para responder responsablemente a las demandas sociales. La clave institucional de las lealtades políticas en las prácticas gubernamentales en la Venezuela democrática, y los acuerdos o coaliciones que sustentaron el sistema presidencial, han resultado sesgadas por relaciones utilitarias, desnaturalizando las decisiones y llevando a la fragilidad institucional, que incluso en ciertas ocasiones fueron tema central para que muchos analistas políticos, llegaran a poner en duda la aplicación de algunos aspectos esenciales de la cultura política democrática.

A pesar de la emergencia y extensión de la informalidad en la sociedad venezolana, es bastante notorio el precario despeño de la gestión pública, que muchas veces aparece marcada por una especie de cleavaje o escisión entre lo que el gobierno hace y aquellos que la sociedad y los ciudadanos esperan. Ello determina en buena manera la legitimidad de la política gubernamental.

2.- Factores ambientales de las institucionales y de la política pública

El estudio de las políticas públicas y de los principales actores encargados de traducirlas en resultados, primordialmente el Poder Ejecutivo, es ampliamente importante dentro cualquier sistema democrático. El papel de la organización institucional del gobierno también se debe considerar clave para el rendimiento político, en la generación de cambios y en las motivaciones para la modernización. La institucionalización de la autoridad, garantizada en el principio de la legalidad constitucional, exige pautas de conducta y responsabilidad para los gobernantes en el manejo del poder político y de la cosa pública. De allí que una democracia en donde el poder político no es controlado, es una democracia precaria, sometida a los efectos perturbadores de las crisis políticas, que derivan en contradicciones sobre los contenidos y la aplicación de acciones.

No hay razones democráticas para que en un país de gran potencia petrolero, como el nuestro, la esfera administrativa de los gobiernos y el destino de los recursos se haya manejado con criterios de la política discreta, sustraída casi totalmente a la publicidad y, por ende, al control público de los órganos especializados para adelantar esta tarea. El excesivo intervencionismo del poder presidencial, y el déficit de un control político Legislativo devaluado, también ha deslegitimado extensamente la regulación y

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