Ensayo Mafer

RESUMEN ANALITICO EDUCATIVO

Elaborado por:

ALARCON BLANCO MARIA FERNANDA

ESCAMILLA AMAYA YENNY PATRICIA

SANCHEZ VILLAMIZAR ERIKA PATRICIA

¡BASTA YA!

COLOMBIA: MEMORIA DE GUERRAS Y DIGNIDAD

INFORME GENERAL GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA

CAPITULO III:

GUERRA Y JUSTICIA EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA

Impreso en Colombia – Imprenta Nacional

Primera edición, 2000 ejemplares, julio 2013

Segunda edición corregida, 10000 ejemplares, agosto de 2013

RESUMEN

RELACIÓN ENTRE GUERRA Y JUSTICIA: Esta es una relación compleja y central por tres elementos:

1) la tradición legalista colombiana:

Es la relación histórica entre las formalidades jurídicas y el lenguaje judicial en las interacciones sociales con interpretación a las normas o leyes legalmente constituidas

2) la tradición de independencia relativa de la rama judicial, permite el derecho de selección del personal o funcionarios que sean partícipes de esta rama, otorgando indecencia para toda de decisiones que les conciernen.

3) las formas diferenciales de presencia territorial de las instituciones judiciales.

Expresada en la existencia de un conjunto más o menos incoherente e inestable de órdenes jurídicos, algunos articulados a prácticas violentas y excluyentes, repartidos por el territorio Nacional.

La justicia heredada del Frente Nacional (1971-1987)

Gracias al gobierno de JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, se declaró un Estatuto de seguridad que habitaban facultades a los militares para detener, investigar y juzgar civiles. Esto genero violaciones de Derechos Humanos, produciendo persecución a grupos como la guerrilla y movimientos sociales.

Hasta finales de los 80´s y principios de los 90´s, se restó injerencia por el cambio constitucional, creándose así más estricto en la justicia penal que tenían los militares.

Durante el período de excepcionalidad hubo 4 impactos negativos. Iniciando con la pérdida de vidas y violaciones a los derechos humanos, seguido de la inestabilidad jurídica y su ineficiencia. el tercer impacto fueron los conflictos gracias al manera utilizada del derecho penal para resolver conflictos; y por último las declaraciones de quienes consideraban que la justicia no era eficaz en la solución de problemas, apoyaban la justicia castrense.

Estas reclamaciones llevan a que la justicia se combine con disposiciones orientadas a la garantía de independencia política, lleva a la reforma constitucional de 1945 donde debían ser elegidos los funcionarios de la corte suprema, por caras legislativas de las opciones presentadas por la presidencia.

Unos de los principales motivos de discusión pública era la justicia, donde se producen diferentes intentos de reformas judiciales que no prosperan y que están relacionados con los preámbulos de la constitución de 1991.

La guerra durante los diálogos de paz, fue la estrategia que optó el gobierno de Belisario Betancur como apertura democrática, pero realmente influyó para más desapariciones, amenazas y asesinatos, disminuyendo significativamente, las detenciones oficiales.

Una justicia penal híbrida: la instrucción criminal y la justicia castrense

El Código de Procedimiento Penal de 1971 era un cuerpo normativo de corte inquisitivo en el que las funciones de investigación y juzgamiento no se encontraban completa y claramente diferenciadas, estas eran realizadas por jueces de instrucción, encargados de abrir investigaciones y decidir si eran ejercicios acusatorios o simplemente se daba por cancelado el proceso. Estos jueces de instrucción se veían en la necesidad de hacer partícipes a las fuerzas militares, cuando los procesos involucran grandes violaciones a los derechos humanos.

Ya que en esta época era difícil implementar eficazmente, la justicia, debido al dominio militar existente, se decidió que el derecho penal podría ser utiliza como herramienta para controlar los problemas de orden público.

La justicia militar, era una jurisdicción especializada para el juzgamiento de los militares. Estaba referida en la Constitución de 1886 únicamente al juzgamiento de militares. Sin embargo, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y los demás hechos ocurridos el 9 de abril de 1948 darían lugar a que la Corte Suprema de Justicia sostuviera que las violaciones a la ley militar por parte de civiles implicaban que estos debían ser sometidos a las sanciones previstas en ella.

La Constitución de 1991 establecería que “en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”, de tal forma que la justicia penal militar quedaría reservada

Para los propios militares en uso del fuero penal. Después de esto, las facultades que tenían los jueces castrenses se transfirieron a la justicia ordinaria y a las jurisdicciones especializadas.

Esta declaratoria ha sido entendida como una de las primeras muestras de independencia política de la judicatura frente al Ejecutivo, pues constituyó uno de los ejercicios pioneros de control constitucional.

El tratamiento judicial del delito político

En este periodo sucedieron también importantes transformaciones en el tratamiento judicial, como la revolución universitaria por la visita del vicepresidente de los Estados Unidos en

Colombia, donde encajaba como delito político y conexión con delitos de homicidio, incendio y terrorismo; por otro lado durante el gobierno de Turbay se declaró una amnistía condicional que beneficiaba a los responsables de los delitos políticos y conexos, con lo cual conservaba su vigencia el enfoque político en el tratamiento de la guerra.

El Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, expedido en plena vigencia del estado de sitio, constituye la mejor muestra del primer rasgo. El Estatuto no solo endureció la pena para el delito de rebelión que pasó de cinco a nueve años para quienes tomaran parte en el

alzamiento, y de ocho a doce años para quienes lo lideraran;

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