Ensayo derechos humanos

ENSAYO

Joel Sánchez Regino

En el presente artículo se intenta rebatir posiciones ideologistas y culturalistas que suponen que, por sobre la legitimidad de los derechos humanos, existen instancias supra y antipolíticas a las cuales tales derechos deben ser subordinados. Por lo mismo, se insistirá en subrayar el carácter esencialmente político que poseen los derechos humanos, lo que significa entenderlos en un sentido tanto regulativo como discursivo. Regulativo porque ofrecen una plataforma de orientación frente a diversos conflictos que se presentan en las arenas nacionales e internacionales, y discursivo porque su aplicabilidad se encuentra siempre sometida a discusión, sobre todo cuando se trata de contradicciones o por lo menos «desajustes» entre esos derechos y el derecho estatal. Tanto la regulación como el discurso presuponen, a su vez, el derecho a opinar, es decir, la libertad de palabra.
Igualmente se insistirá en rebatir la tesis que supone que los derechos sociales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos deben poseer un valor superior a los individuales, o lo que es igual, aquellas posiciones representadas por regímenes antidemocráticos, y por sus defensores ideológicos, quienes en nombre de una crítica al carácter individual de los derechos humanos postulan la violación de los derechos individuales. Por el contrario, aquí se sostiene que sólo la defensa de los derechos individuales permite la defensa de los sociales, lo que no siempre es posible en un sentido inverso.
Por último, frente a la estéril contienda que se da entre universalistas y particularistas, se defiende una opinión que postula, por un lado, que el sentido universal de los derechos humanos es una condición que lleva a la aceptación de particularismos y diferencias, y por otro lado, que su universalismo es, en última instancia, particularista, pues limita la expansión universalista propia a cada orden religioso, ideológico, o simplemente cultural.

Ideologismos y culturismos
La Declaración de 1948 de las Naciones Unidas donde fueron inscritos los derechos humanos surgió en un espacio occidental como propuesta a las naciones. De ese origen ha sido derivada una infundada acusación que todavía sigue escuchándose como crítica monótona y usual a los derechos humanos: el de ser universalistas e individualistas y por lo mismo no tomar en cuenta, en su debida magnitud, los derechos de pueblos, «sociedades» y culturas. Esa acusación ha provenido particularmente de sectores políticos que subscriben ideologías: a) comunistas, b) culturalistas y c) religiosamente fundamentalistas.
De acuerdo con la ideología comunista, el ser humano, al ser una entidad social, no puede ser separado de las relaciones sociales a las cuales pertenece. Es por esa razón que cada conciencia individual es, según esa ideología, expresión de una conciencia de clase. Por lo tanto, al establecer el primado de la conciencia de clase «proletaria» sobre la «burguesa», los Estados socialistas se encontraban autolegitimados para defender los derechos de la supuesta colectividad que representaban frente a las clases «enemigas». De ahí que violar derechos individuales era para ellos una posición justa, si se trataba de proteger y defender los llamados derechos sociales. De este modo, las dictaduras comunistas se arrogaron el derecho de asesinar a muchos disidentes, amparados en la doctrina de los derechos colectivos. Esta es, por lo demás, la esencia de la doctrina totalitaria que aún en nuestros tiempos subscriben Estados como el chino, el coreano y el cubano.
De acuerdo con la ideología culturalista, esas entidades colectivas que son las culturas deben ser consideradas como unidades orgánicas, dotadas de vida propia, dentro de las cuales el individuo no es más que una minúscula parte de un todo, cuya existencia no cuenta más que la de una hoja respecto a un árbol. Las ideologías culturalistas suponen, por lo mismo, que las culturas, al haber producido sus propios valores, no necesitan ni requieren derechos políticos, y mucho menos extraculturales, y en ningún caso, extraestatales. Dicha doctrina es defendida por representantes de sistemas culturales cerrados que, o excluyen la existencia de otras culturas, y por lo mismo la convivencia con ellas, o establecen una relación de dominación y de represión del otro. Curiosamente, más que en las unidades culturales, dicha posición ha tomado fuerza en círculos occidentales que buscan hacer de cada cultura una entidad sacral, que no puede ni debe ser alterada por el sólo hecho de ser una cultura. Dicha posición abarca un espectro relativamente amplio que va desde un culturalismo que defiende territorios culturales de supuestos aborígenes con la misma pasión con que los ecologistas radicales defienden la intocabilidad de los ecosistemas, hasta determinados sectores que en nombre de la defensa de culturas, incluyendo la occidental, postulan la marginación de otras.
El fundamentalismo religioso, a su vez, que en cierto modo puede ser considerado como un derivado de la posición culturalista, supone que los derechos humanos, al haber surgido de un orden secular, no tienen nada que hacer en órdenes socioculturales que se rigen de acuerdo con un orden religioso. No sin cierta razón, plantean sus exponentes, en Occidente los humanos hubieron de inventar derechos políticos, nacionales e internacionales, debido a que el fervor religioso no era en sí suficiente para ordenar la vida colectiva, esto es, que los derechos humanos deben ser considerados como el producto de una ausencia de espiritualidad colectiva. A partir de esa constatación, que, repito, no es totalmente errónea, algunos sectores islámicos plantean que hacer valer los derechos humanos por sobre aquellos derechos dictados por Dios, en pueblos dotados de una profunda espiritualidad, significa una blasfemia que no pueden ni deben aceptar. Dicha posición no es defendida sólo por sectores fundamentalistas, sino incluso por representantes religiosos relativamente abiertos al «diálogo intercultural».

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