Golpe De Estado De Honduras

Introducción

A continuación veremos lo del golpe de estado de Honduras El 28 de junio de 2009 se produjo la ruptura del orden democrático y constitucional en Honduras. La Comisión Interamericana el mismo día condenó el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional e hizo un llamado urgente a que se restaure el orden democrático, se respeten los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, urgió al respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión.

Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han reiterado la intrínseca relación existente entre la democracia y la vigencia y respeto de los derechos humanos. La democracia representativa es la forma de organización política explícitamente adoptada por los Estados miembros de la OEA. La Carta de la OEA establece en sus principios que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Asimismo, “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Los países del continente americano reforzaron su compromiso con los regímenes democráticos a través de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, estipulando que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla. Ese instrumento jurídico refleja tanto los esfuerzos realizados para la promoción y fortalecimiento de la democracia como los mecanismos implementados para prevenir y responder frente a situaciones que afecten el desarrollo del proceso político institucional democrático.

Golpe de Estado en Honduras de 2009

Causas

En los meses previos al 28 de junio de 2009 ocurría en Honduras una crisis política entre los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una Cuarta Urna, para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaba con esta modificación a la constitución su reelección, aunque Zelaya lo negó. Debido a que en la Constitución de la República de Honduras, se encuentra detallado la prohibición sobre una Cuarta Urna, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron este acto por parte de Manuel Zelaya como ilegal, con base en una ley aprobada posteriormente a la realización de la convocatoria (cinco días antes de la celebración de la consulta) expresamente para prohibirla. A pesar de las decisiones y ordenanzas por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, Zelaya actuó en desacato al mandato del Poder Judicial, manteniendo la consulta para junio y ordenó al Ejército distribuir papeletas de votación de forma ilegal. Después de que el jefe del Ejército, Romeo Vásquez Velásquez, se negase a obedecer esta orden, Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea.

En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la constitución hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de un manifestante opositor a la sucesión, la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país "restaure el gobierno democrático" (el de Manuel Zelaya), El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela, anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa de la Sucesión Política, el BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras.

Tras la realización de las elecciones presidenciales hondureñas del 29 de noviembre de 2009, donde resultó victorioso Porfirio Lobo del conservador Partido Nacional de Honduras, Estados Unidos y diversos países latinoamericanos, donde destacan Colombia, Costa Rica y Perú, reconocieron al nuevo gobierno; mientras que la mayoría de los países latinoamericanos anunciaron que no reconocerían estas elecciones. Inicialmente la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos continuaron sin cambiar su no reconocimiento, aunque José Miguel Insulza, secretario general de la OEA aseguró que estaba abierto al diálogo con la nueva administración hondureña. Roberto Micheletti se mantuvo al frente del gobierno hondureño hasta el 21 de enero de 2010, cuando delegó la administración del mismo a su Concejo de Ministros, aunque no presentó su renuncia. Posteriormente diversas nacionales del mundo fueron reconociendo al gobierno de Lobo, y en la actualidad los únicos gobiernos que mantienen su postura de no reconocimiento se encuentran en Latinoamérica, donde destacan Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

La crisis política originada a partir de los sucesos del 28 de junio del 2009 tuvo su causa inmediata en una consulta, promovida por Zelaya, que se realizaría ese día. El objetivo era promover la instalación de una "cuarta urna" en las elecciones generales de noviembre de ese año, en la que, en caso de haber sido aprobada, los ciudadanos podrían decidir sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Los opositores alegaron que el Presidente Zelaya planeaba presentarse para un segundo mandato presidencial, algo prohibido en la Constitución de Honduras de 1982 en el artículo 42, numeral quinto:

La calidad de ciudadano se pierde... por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República.

Artículo 42, numeral quinto de la Constitución de Honduras de 1982.

Además, el artículo 239 de la Constitución establece que quien proponga una reforma de la prohibición de reelección deberá cesar inmediatamente de su cargo. Varias organizaciones de la prensa citaron las palabras de Zelaya tras una reunión con sus seguidores el 25 de junio: "El único que no se reelige en Honduras es el presidente, pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente."

Aunque Zelaya negó que estas fueran sus intenciones, en el pasado dejó entrever que podría ser reelecto si la "voluntad popular" lo deseara Sin embargo, la documentación presentada por la Corte Suprema de Justicia, que incluía el expediente judicial en que se basaba la destitución de Zelaya, no mencionaba los artículos 42 ó 239 de la Constitución, ni las palabras "reelección", "reelegir" o "reelegido".Además, era técnicamente imposible que Zelaya lograra volverse a presentar en las próximas elecciones, ya que a día de las elecciones, la Constitución no estaría modificada.

A pesar de la prohibición del Congreso, el Presidente Zelaya continuó adelante con la promoción de la consulta y ordenó que se distribuyesen las tarjetas de votación. Cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, el General Romeo Vásquez Velásquez, se negó a acatar esa orden aduciendo una contraorden del Tribunal Supremo de Justicia, Zelaya anunció su destitución en un mensaje televisado a la Nación. Poco después, el Ministro de Defensa y los comandantes de las tres ramas de la Fuerzas Armadas hondureñas renunciaron a sus cargos

El 25 de junio, la Corte Suprema anuló la destitución del General Vásquez, mientras grupos militares tomaban la capital hondureña. Ese día, portavoces de Zelaya anunciaron que el Presidente estaba a punto de nombrar el sustituto de Vásquez. Al día siguiente la situación en Honduras parecía más calmada, y los militares abandonaban Tegucigalpa en dirección a sus cuarteles, luego de que el General Vásquez se los ordenase. Por su parte, Zelaya declaró en una entrevista que en realidad no había destituido al General, solamente había anunciado su futura destitución.

Poco después, el Presidente Zelaya irrumpió en una base de la Fuerza Aérea donde se guardaba el material electoral que el General Vásquez se había negado a distribuir, retirándolo del lugar. De acuerdo a la Fuerza Aérea hondureña, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió este material a Honduras; pero Zelaya negó haber recibido financiamiento externo

El 26 de junio, la Corte Suprema, a pedido del Ministerio Público, aprobó por unanimidad de votos acusar como autor responsable al ciudadano José Manuel Zelaya, de los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras; por lo cual dictó orden de captura y allanamiento contra el presidente. El mismo día, el juez José Tomás Arita Valle de la Corte Suprema de Justicia ordenó al teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en allanar la vivienda del presidente Zelaya y ponerlo a orden de la justicia de Honduras por delitos en perjuicio del Estado ante el requerimiento del Ministerio Público.

El 27 de junio, el día anterior a la votación, el Congreso designó una comisión especial para investigar a Zelaya, supuestamente "por desconocer los fallos de las instancias jurisdiccionales y violentar el Estado de Derecho"

Reacción internacional

Ante la destitución se pronunciaron en contra el Presidente de la ONU, el ALBA, el Mercosur, la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos y todas las naciones

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