LA MORALIDAD DE LA LEY Y LA MORALIDAD DEL ABORTO

1. LA MORALIDAD DE LA LEY Y LA MORALIDAD DEL ABORTO

Hay varias cuestiones morales en torno al aborto y que es importante diferenciar: 1) la moralidad de la ley que penaliza el aborto y 2) la moralidad del aborto mismo; la primera depende en algún sentido de la segunda. La moralidad de las leyes sobre el aborto depende de si se considera o no moralmente permisible la interrupción del embarazo.

Si se ve al aborto como un problema moral, entonces le darán argumentos a los conservadores que están en contra de la despenalización –cuya posición tiene en principio un fundamento religioso. Muchos liberales suelen argumentar a favor de la despenalización diciendo que el aborto no debe verse como un asunto moral, sino como un asunto social y de salud pública–.

Por supuesto que el aborto es un problema social y de salud pública, pero también –y por esa misma razón– es un problema moral. Hay que empezar por distinguir la moralidad de la ley, de la moralidad del acto mismo de interrumpir el embarazo.

El derecho penal contempla el valor oral de los actos para determinar si merecen ser castigados o no. Hay que retomar la cuestión del valor moral del aborto, pero con una perspectiva más amplia, la de la complejidad moral que conllevan las leyes que lo penalizan.

La moralidad de la ley

Hay dos perspectivas a partir de las cuales se puede juzgar la moralidad de la ley que penaliza el aborto: una en términos de los efectos o las consecuencias que tiene la ley, y otra en términos de que la penalización del aborto puede, y de hecho así sucede, infringir los derechos de la mujer.

A] Las consecuencias negativas de la ley

La ley que penaliza el aborto tiene más consecuencias negativas que positivas: en la mujer que quiere abortar, en la criatura no deseada y en la sociedad en general.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2007), a nivel mundial 42 millones de mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado deciden realizarse un aborto, y cerca de 20 millones se ven forzadas a recurrir a un aborto inseguro. Además, según este organismo, por cada 100 mil niños nacidos se presentan 30 muertes por aborto inseguro. En México, el Consejo Nacional de Población (Conapo) calcula en 102 mil el número de abortos inducidos o espontáneos por año. Conapo también indica que 17.8% de las mujeres en edad reproductiva se han practicado un aborto. Cualesquiera que sean las cifras reales, estos datos nos muestran que las leyes que prohíben el aborto no lo detienen; si éstas pretenden tener efectos disuasorios, es claro que no los tienen, pues la mujeres igualmente abortan. El efecto que sí tienen dichas leyes es que orillan a las mujeres que deciden abortar a la ilegalidad: recurren a abortos clandestinos y, en muchos casos, con riesgo de su salud y de su vida, dadas las condiciones en que se realizan, la mayoría de las veces insalubres y sin ninguna regulación sanitaria oficial. Las mujeres que abortan normalmente lo hacen porque están desesperadas; tanta es su voluntad de interrumpir un embarazo no deseado o no aconsejable, que están dispuestas a ir a la cárcel o incluso a arriesgar su vida.

Muchas mujeres están dispuestas a perder la vida y muchas de hecho mueren al practicarse abortos clandestinos e inseguros en este país. Recordemos que es menos riesgoso practicarse un aborto que parir, en particular en mujeres jóvenes adolescentes. Las mujeres que desean interrumpir su embarazo y no tienen acceso a servicios de salud adecuados y seguros, acuden a remedios caseros y se auto inducen abortos que las ayudarán a expulsar al embrión, muchas veces a costa de su salud. Estas mujeres acuden también a comadronas, yerberas o médicos no calificados o sin ninguna certificación oficial que les realizarán un aborto en condiciones con frecuencia inseguras e insalubres. En el mundo, cada año alrededor de 70,000 mujeres mueren a causa de complicaciones por un aborto inseguro. En contraste, un aborto realizado por médico calificado en condiciones técnicas e higiénicas adecuadas es una operación médica bastante segura.

En estas cifras y hechos se piensa cuando se dice que el aborto no es problema moral sino de salud pública. Sin embrago, esto tiene una dimensión moral. La penalización no impide que sigan realizando ni que se reduzca el número de abortos, por el contrario, los hace más complicados, incrementa los riesgos y provoca la muerte de mujeres, en su mayoría pobres. ¿Por qué preferir, bajo el lema de proteger la vida de miembros “potenciales” de la sociedad, sacrificar la vida de sus miembros activos y dañar con ello la estructura de familias y relaciones personales ya existentes? La experiencia de la mayoría de los países que han despenalizado el aborto ha resultado en una disminución significativa en el número de abortos que se realizan cada año, es decir, la despenalización ha tenido consecuencias positivas.

Un modo de reducir el número de abortos es suprimiendo la ley que lo criminaliza, ya que la despenalización posibilita programas y políticas públicas de orientación y consejería en salud sexual y reproductivas a mujeres que deciden abortar. Es así como se muestra que la despenalización salva vidas.

Ahora bien, quien está a favor de penalización del aborto quiere hacernos creer que la mayoría de las mujeres que se embarazan y luego quieren abortar son jóvenes irresponsables que deberían asumir responsabilidad de sus actos. Encuestas realizadas entre mujeres que llegan a hospitales por complicaciones en abortos inducidos muestran que un 69% tiene ya una criatura o más y que deciden abortar porque su situación económica o familiar. Contrario a lo que dicen quienes apoyan la penalización, la mayoría de las veces estas mujeres están más conscientes de su imposibilidad para brindarle un mejor futuro a un posible hijo de lo que ellos quiere creer; y ciertamente están conscientes de los muchos problemas que un hijo no deseado traería a sus vidas. Muy pocas de estas mujeres recurrirán al aborto poniéndolo en que un hijo estropeará sus planes de vida, puesto que, muchas de ellas carecen de cualquier clase de “plan de vida”. Es decir, el ingreso de las mujeres que abortan son pobres. Un gran número son jóvenes que por embarazo ven truncados sus estudios, o las despiden de sus empleos o las corren de sus casas. Muchas de ellas no tuvieron ni la oportunidad ni las condiciones para decidir tener sexo seguro y protegido. La ley que penaliza el aborto castiga a estas mujeres sólo por la falta de prevención de la que muchas veces ni siquiera estaban conscientes, sino también por su falta de educación, su ignorancia, su desconocimiento de métodos anticonceptivos y su marginación y falta de opciones.

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