LIBERTAD DE EMPRESA

LIBERTAD DE EMPRESA

La libertad de empresa, también denominada como libre iniciativa privada se concentra en la facultad de participación en el mercado a través de actividades empresariales destinadas a la oferta de bienes y servicios.

Esta garantía constitucional se ha definido como aquella libertad que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia. El término empresa en este contexto parece por lo tanto cubrir dos aspectos, el inicial - la iniciativa o empresa como manifestación de la capacidad de emprender y acometer- y el instrumental -a través de una organización económica típica-, con abstracción de la forma jurídica (individual o societaria) y del estatuto jurídico patrimonial y laboral.

Libertad de empresa

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Concepto

Se sustenta en la ética racionalista de la libertad individual. Según la teoría económica liberal es un concepto esencial para el teórico funcionamiento sin restricciones de un mercado libre de competencia perfecta, sin monopolios coercitivos ni distorsiones debidas al intervencionismo del Estado.

Con el nombre de libertad de empresa se designa también habitualmente al

concepto de libertad económica, con rango constitucional en muchos países.

Bases constitucionales y legales

El artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

…El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa

distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que

satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa,

comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para

planificar, racionalizar y regular la economía e pulsar el desarrollo integral

del país se designa también habitualmente al concepto de libertad económica,

con rango constitucional en muchos países.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los

poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de

acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Así mismo el artículo 114 de la CRBV indica: “el ilícito económico, la especulación,

el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados

severamente de acuerdo con la ley”.

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Obstáculo al tránsito de la propiedad social y colectiva de los medios sociales de

producción

Una de las principales trabas por parte de Abogados y demás profesionales de

derecha o de mentalidad de derecha que aun conservan la industria petrolera y las empresas

básicas de Guayana, y por la cual se oponían a la cogestión y sobre todo a la autogestión,

ellos solo conocen la propiedad privada y la estatal, eso fue lo que les enseñaron en las

universidades y eran los principales oponentes a las empresas de producción social,

cogestión, autogestión y cualquier forma colectiva de propiedad.

La propiedad colectiva es típica de grupos o sectores organizados y determinados

o determinables y debe contar con el apoyo del estado bolivariano y socialista tanto en

tecnología como en financiamiento.

Desarrollo de asociaciones de carácter social y participativo

Se contempla constitucionalmente en los artículos 52 y 299 los cuales rezan,

respectivamente, lo siguiente:

Artículo 52: Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad

con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de ese derecho.

Artículo 299: El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela

se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre

competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar

el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El

Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la

economía nacional

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