LIMA LA PLURAL: 1990-2010

LIMA LA PLURAL: 1990-2010

Un desborde popular permanente

La crisis política de la década de 1980 hirió de muerte al Estado Mercantilista y abrió las puertas al Estado neoliberal. En teoría, un aparato más eficiente para la plena vigencia e la economía de mercado y la democratización política. Durante dos décadas este modelo ha sido implantado en el Perú desmontando la actividad empresarial del estado, mediante las privatizaciones, lo que redujo la capacidad interventora del sector público. Esto renovó y empequeñeció sus responsabilidades enfatizando las sociales (educación, salud, seguridad).

Lo peculiar en el Perú es que este tránsito no cambia la relación existente entre el Otto Perú y el nuevo el nuevo Estado que, a falta de otras alternativas, no tiene más remedio que reproducir y continuar con el clientelismo bajo el ropaje de formalización. Relación que, en esencia, es la misma: bases urbanas que demandan inclusión y mejora, y Estado cercado que responde con títulos de propiedad y obras públicas.

Un modelo económico excluyente

Tal como expusimos, en 1990 la voluntad popular eligió como presidente al poco conocido exrector de la Universidad Nacional Agraria Alberto Fujimori descartando la candidatura liberal del ilustre escritos Mario Vargas Llosa. El sustrato de esta elección que fue Fujimori ofreció estabilizar la economía de una manera no traumática como pregonaba Vargas Llosa.

El efecto fue devastador. De un día para otro los precios se estabilizaron, pero la pobreza se disparó. Fujimori no se quedó ahí, con el conjunto de reformas económicas propugnadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial liberalizó el comercio externo, redujo sensiblemente el tamaño del Estado y “flexibilizó” el mercado laboral. En término prácticos, esto significó la reestructuración de la industria nacional, a fin de competir con la producción importada; el cierre de ventas o empresas públicas y la pérdida de los derechos laborales ganados por la acción sindical.

Toda esta reforma liberal promovida desde el Estado consiguió la reanudación de la inversión extranjera. Sobre todo, mediante la privatización de empresas y proyectos, la inclusión de importantes seguridades jurídicas en favor de la inversión privada en la nueva Constitución de 1993, además de un régimen tributario estable.

Pese a las reservas frente a las formas autoritarias de Fujimori, los gobiernos sucesivos de Alejandro Toledo y Alan García mantuvieron el modelo liberal y lograron la dinamización de la economía favorecidos, además, por la suscripción de un Tratado de Libre Comerio (TLC) con los Estados Unidos y una excepcional etapa de bonanza de los precios internacionales de los minerales, que aumentaron el valor de las exportaciones y consecuentemente los ingresos fiscales.

El problema estriba en que este modelo, por basarse en actividades de muy alta productividad, no es de generador de empleo y solo beneficia a segmentos selectos de la población laboral.

El estado neoliberal y en Otro Perú

En esas circunstancias, la ocupación de Lima por el Otro Perú redefine también las relaciones con el estado liberal de la “nueva sociedad”, gestada y consolidada al margen de él, cuya característica principal será consagrar una dialéctica incorporación-rebasamiento.

Para comprender esta situación hay que recordar lo dicho antes en el sentido que el Otro Perú no buscó destruir el Estado sino incorporarse a él, es decir, democratizarlo, como bien se ha expresado con el estímulo o el apoyo de las clases medias. Por ello, la crisis que el desborde generaba era de incapacidad de absorción de las demandas crecientes de la población. Crisis que fue superada con un cambio de régimen político.

Así, los gobiernos populistas y clientelistas de Acción Popular y el APRA, que en la década de 1980 desmantelaron el capitalismo de Estado sin proveer una alternativa válida, fueron reemplazados por un gobierno que acorde los nuevos vientos internacionales inició la construcción de un Estado neoliberal en lo económico, y autoritario en lo político, al que no le quedó otra alternativa que aceptar la realidad bullente del nuevo Perú a las cuales buscó instrumentalizar como base social, al margen del sistema político previo y de la denostación de los “partidos tradicionales”.

De un lado, ocurre el languidecimiento primero y la desaparición después de los órganos federativos de pobladores, por lo que los reclamos se orientaran ya no a los intereses generales sino a las demandas segmentadas y puntuales de cada sector en cuestión. Es cierto que el llamado “movimientismo” decae a favor de reivindicaciones más particulares y menos solidarias, y que el desarrollo urbano va diluyendo la conflictividad social; pero también es cierto que esa no fue la vía principal de acción de los pobladores sino la resistencia, el copamiento gradual, la transgresión limitada, la política de hecho consumado. De otro lado, la asimetría de los nuevos términos de negociación agudiza la intensidad de los reclamos. Por ello sobre todo durante el último lustro del siglo XX y la primera década del XXI, surgió una estrategia recurrente de los sectores populares ante el Estado, que tuvo tres fases. En la primera, se aprovechaba al máximo los márgenes que brindaba la ley o el presupuesto público para la atención de necesidades sociales. En una segunda fase, rebasando estos marcos y avanzando de facto más allá de lo permitido por la ley o el presupuesto, crean una zona de incertidumbre que avalaba lo hecho. En una tercera fase, los pobladores estallaban movilizándose violentamente bien sea en reclamo de ampliación de márgenes legales o presupuestales, o en defensa de los espacios de incertidumbre ganados, que exigían sea considerados como “derecho adquirido”.

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