La Deslegitimacion De Keynes

1. Introducción

Parece evidente que cualquier intervención gubernamental que se proponga la implementación de un modelo de actuación global en pro de reducir la desigualdad de la renta debe contemplar la política fiscal como uno de los principales mecanismos que permite ayudar a los grupos más desfavorecidos, tanto en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como en lo que concierne a la protección social y disminución de la vulnerabilidad de los mismos ante ciertas adversidades.

En las últimas décadas, se vienen cuestionando, desde las denominadas las tesis neoliberales, la intervención estatal en la economía y, en particular, el denominado Estado de bienestar desarrollado en la mayoría de las sociedades industrializadas a partir del decenio de los cuarenta. Recordemos que, en palabras de Wilensky (1975, p. 1), “la esencia del Estado de bienestar es la garantía por parte del gobierno de estándares mínimos de rentas, alimentación, salud, vivienda y educación, atribuidos a cada ciudadano no como gesto caritativo sino como un derecho político” .

La fuerte expansión del Estado de bienestar coincidió con el periodo dorado de auge económico de los países desarrollados entre 1945 y 1975. Este crecimiento del Estado de bienestar tuvo su refrendo en la disminución de las desigualdades sociales que se produjo de manera generalizada en estos países (ver Navarro, 1995, pp. 50-51). En el caso español, en concreto, se aprecia una tendencia hacia una distribución más igualitaria de la renta en las décadas de los setenta y los ochenta como consecuencia, en buena parte, del papel desempeñado por el sector público a través de su política redistributiva (ver Subdirección General de Estudios del Sector Exterior, 1996, pp. 7-8).

Los motivos que se viene aduciendo contra el Estado de bienestar son múltiples. Insostenibilidad financiera, falta de legitimidad, ineficiencia o incluso falta de eficacia en el logro de los objetivos clásicos del Estado de bienestar –igualdad, redistribución y reducción de la pobreza–, son algunos de los argumentos más comunes (Ochando, 1997, p. 55). Pero quizá sea la consideración de la presumible incoherencia o inutilidad de las políticas keynesianas para hacer frente a los problemas económicos uno de los principales aspectos que han contribuido a poner en entredicho el papel del Estado de bienestar, dado que la política keynesiana había servido de sustento al mismo hasta la década de los setenta. No olvidemos, de hecho, que, como acentúa Tobin ([1983] 1985, p. 3865), “la economía keynesiana proporciona, como mínimo, una justificación para las medidas del estado de bienestar y otros esfuerzos del gobierno respecto a la redistribución de la riqueza”.

En este trabajo, pretendemos traer a colación la posición de Keynes ante la desigualdad de la renta en el contexto de su pensamiento económico, y su influencia en la deslegitimación de las ideas imperantes en su época acerca de las ventajas económicas que podían conllevar la desigualdad distributiva. De igual forma, sometemos a debate la vigencia de las propuestas keynesianas en conexión con las críticas y cuestionamiento del denominado Estado de bienestar, tratando de aportar alguna luz sobre las posibles razones que han podido contribuir al descrédito que actualmente sufren las tesis de Keynes y el propio Estado de bienestar, especialmente, desde determinados posicionamientos.

2. La deslegitimación de Keynes de la desigualdad de la renta

A lo largo del siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XX, estuvo presente en la sociedad el argumento de que la redistribución de la renta de los ricos –a quienes se suponía capaces de ahorrar una parte– entre los pobres –de quienes se suponía que gastaban todo su ingreso– tiene un efecto desfavorable sobre la producción como consecuencia de su influencia negativa sobre el ahorro, de acuerdo con el pensamiento de los economistas clásicos .

Pero, la irrupción de Keynes en la más alta escena científica dio un giro inesperado a este argumento. Así lo reconoce, p. ej., el mismo Schumpeter ([1954] 1995, p. 1267), cuando afirma que “no debe olvidarse que [Keynes] prestó un servicio decisivo a los igualitaristas en un punto de fundamental importancia. Desde hacía mucho tiempo los economistas de esa tendencia habían aprendido a prescindir de todos los demás aspectos o funciones de la desigualdad de los ingresos, salvo en un caso: al igual que J. S. Mill, habían mantenido ciertos escrúpulos en cuanto a los efectos de la política igualitaria sobre el ahorro. Keynes los liberó de esos escrúpulos”.

En palabras de Paukert (1973, p. 109), Keynes “convirtió el argumento más convincente en contra de la igualdad de ingresos en el argumento económico más importante a favor de dicha igualdad, y transformó un pecado capital en virtud cardinal”.

En efecto, hasta entonces, aquellos que habían pretendido atenuar la desigualdad económica habían tropezado frontalmente con la arraigada idea de que el crecimiento del capital dependía especialmente del ahorro de las clases ricas. El autor británico aceptaba la tesis de que la gente más rica ahorraba proporcionalmente más que la gente pobre, pero consideraba que el aumento del consumo era el método más eficaz para aumentar la producción en una economía que opera por debajo de su capacidad.

Keynes estaba convencido que en las condiciones de la época, el ahorro de las instituciones era suficiente y, en contra de la creencia clásica, la “frugalidad” de las clases más opulentas, lejos de favorecer el crecimiento económico, lo retiene. Así, pues, cualquier medida de política económica que favorezca la igualdad distributiva y que suponga, por tanto, un incremento del consumo, se traducirá en un estímulo para el crecimiento económico.

De este modo, Keynes se opone a la postura de los economistas clásicos y arremete contra uno de los grandes obstáculos que bloqueaba el camino hacia una distribución de la renta más igualitaria, proporcionando un argumento de peso a favor de la relación de compatibilidad entre distribución de la renta y crecimiento económico, en la cual la distribución influye positivamente sobre el crecimiento.

La ruptura esencial de Keynes con los economistas clásicos se produjo en relación con la Ley de Say que, formulada de un modo amplio y simple, sostiene que la oferta crea su propia demanda. Se suponía que la creencia en la Ley de Say implicaba que el desempleo, al menos en cuanto proposición a largo plazo, no era posible. Además, implicaba que la economía se ajustaría por sí misma, esto es, que las discrepancias respecto del equilibrio con pleno empleo y plena producción serían sólo temporales.

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