La Opinion Publica

LA OPINIÓN PUBLICA SOBRE LA JUSTICIA EN VENEZUELA

Carmen Luisa Roche

La exposición de este tema se ha dividido en tres partes: una primera parte donde se explica brevemente lo que son los estudios de opinión sobre la Justicia, los realizados en Venezuela y la manera como se hizo aquí un intento de sistematización de los resultados de esos estudios; en una segunda parte se muestra la lista de los estudios de opinión venezolanos que fueron incluidos en esta exposición, con sus datos técnicos y de publicación; y una tercera y última parte que contiene la matriz clasificatoria de los resultados de esos estudios de opinión.

PRIMERA PARTE: SÍNTESIS EXPLICATIVA

LA JUSTICIA Y LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN

La Justicia, entendida como función jurisdiccional, ha sido considerada en la sociedad venezolana, al igual que en otras sociedades de nuestra parte del mundo, de manera ambigua. En el discurso se enfatiza su importancia pero en la práctica se desconfía, hasta el punto de evitar en lo posible tener que ver con ella. De allí la escasa relevancia social que generalmente había tenido. Sin embargo, esto debe verse en gran parte como algo del pasado, toda vez que en las democracias contemporáneas se concibe a la Justicia como uno de los servicios públicos esenciales del Estado. Partiendo de esta perspectiva ha surgido un interés por evaluar el funcionamiento de este servicio público con el fin de mejorarlo. El conocimiento de la opinión que sobre el sistema de Justicia existe en la sociedad cumple un papel importante en su evaluación.

Los estudios de opinión pública tienen por objeto indagar acerca de la percepción que posee una determinada población de una porción de la realidad y sobre la evaluación que esa población ha hecho de lo que percibe. Como lo expresa José Juan Toharia , se trata de indagar sobre la forma en que la realidad es vista y definida, y por tanto reconstruida, por una población. La herramienta más utilizada, si bien no la única, en los estudios de opinión pública, son las encuestas de opinión. Se suele comparar a las encuestas con una fotografía que refleja la realidad -en este caso la opinión- en un momento dado. En consecuencia, la información que se capta a través de una sola encuesta se limita a ese momento. Por ese motivo, y porque siempre existe un margen de error, para generar información suficientemente sólida y detallada sobre la opinión pública con respecto a determinado tema es necesario contar con un cierto número de encuestas de características similares, realizadas de manera regular y periódica, que permitan realizar comparaciones y determinar una tendencia.

La encuesta de opinión sobre la Justicia y sobre el Derecho es la principal metodología que se ha empleado para investigar lo que, desde que Lawrence Friedman acuñó el término en 1969, se ha llamado “cultura jurídica” o “cultura legal” y que puede definirse como “el conjunto de actitudes y opiniones respecto del mundo de lo jurídico, prevalecientes en una sociedad dada en un momento determinado” . El sociólogo español José Juan Toharia ha dirigido por más de veinte años la realización de una serie de Barómetros de Opinión sobre la Justicia, patrocinados por el Consejo General del Poder Judicial Español. Partiendo de su experiencia, Toharia sugiere una lista tentativa de cuestiones a explorar en las encuestas dirigidas a estudiar la cultura jurídica, que comprende un amplio listado que va más allá de los temas referidos estrictamente al Sistema de Administración de Justicia. En esa lista se incluyen: el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre el contenido y el alcance de las principales normas legales, sobre el funcionamiento básico de las principales instituciones jurídicas y sobre los propios derechos y obligaciones; su experiencia personal con el sistema, su confianza en las instituciones, sus actitudes respecto de las leyes, respecto de la Administración de Justicia, sus actitudes ante el conflicto, su tolerancia de la desviación y su predisposición a cooperar con la Justicia.

Son pocos los países, que al igual que España, han llevado a cabo, regular y sistemáticamente, encuestas de opinión sobre sus Sistemas de Justicia, lo que les permite hablar con propiedad de la percepción que sus ciudadanos tienen de ese sistema . La cuestiones exploradas sin embargo, no suelen ser todas las incluidas en la lista mencionada arriba, sino que se limitan a aquellas referidas fundamentalmente al sistema de Administración de Justicia y a su percepción y valoración por tres tipos de poblaciones: los operadores del sistema, los usuarios del mismo y la población en general. Parece evidente, y de hecho así ha resultado en la práctica, que la percepción de la Justicia por el público en general no puede ser la misma que tienen quienes han sido o son usuarios de ella, así como tampoco la que tienen los operadores del sistema, léase, los jueces, los fiscales, los defensores públicos y los abogados en ejercicio. A este respecto, es frecuente que se alegue que el público en general, e incluso los usuarios que no son abogados, no saben muy bien de qué están hablando cuando opinan en materia de Justicia y que por tanto sus opiniones pueden ser infundadas. Frente a ese alegato, Toharia señala que las opiniones son opiniones sea que estén fundadas o no y que igualmente producen efectos sociales.

Por otra parte, en un trabajo reciente, Toharia habla de dos grandes planos o dimensiones en la evaluación ciudadana de la Justicia: el de la eficiencia, que es el más obvio y por eso el más usual, y otro que llama la legitimidad social, dimensión que ha sido obviada a pesar de ser determinante. La eficiencia tiene que ver con la capacidad del sistema de Justicia de dar respuestas eficaces y efectivas a las cuestiones que le son planteadas y depende de la rapidez y diligencia con que son resueltos los asuntos, de la efectividad real de la sentencia dictada, y de la preparación y competencia profesional de los jueces. La legitimidad social se refiere a la confianza y a la credibilidad que el sistema de Justicia le merece a los ciudadanos. Esto último es el resultado de la evaluación que los mismos hacen de su independencia e imparcialidad, de su accesibilidad y de su capacidad de dar cuenta a la sociedad de su funcionamiento. La evaluación que hacen los ciudadanos de estas dos dimensiones no tiene por qué ser equivalente.

Aunque Venezuela no está entre los países que han llevado a cabo de manera sistemática encuestas de opinión sobre su Sistema de Administración de Justicia, sí se han efectuado diversos estudios de opinión pública

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