Las nuevas fuerzas del paramilitarismo

Las nuevas fuerzas del paramilitarismo

Edgar Hernando Moreno Mendoza

¿Se imagina usted qué en algún momento le vulneraran sus derechos y le impidieran salir de su casa por miedo a amenazas?, ¿cómo cree que actuaría si le obligaran a encerrarse para proteger su vida y la de sus seres queridos?, ¿cuánto tiempo podría soportar viviendo en un lugar lleno de zozobra e incertidumbre, sin la mayor esperanza de cambio? Las respuestas a los anteriores interrogantes son de difícil concepción para un citadino como el que escribe este ensayo.

Para contextualizarse no es necesaria una búsqueda exhaustiva, por estas fechas solamente sería necesario echar un vistazo a las noticias de los últimos días, como el caso del 1º de abril cuando por medio de un paro armado el denominado “Clan Úsuga” paralizó varios sectores del país sembrando el miedo entre los pobladores. Este hecho rememoró viejas épocas en las cuales los grupos paramilitares hacían de las suyas, y es muy probable que se pueda decir que no estamos ante un retorno de estos sucesos, ya que para muchas comunidades poco o nada cambió a pesar de la desmovilización del paramilitarismo en el año 2006.

Hoy en día aparecieron nuevos nombres, apelativos como el de bandas criminales o “bacrims” que usa el gobierno y los medios de comunicación para referirse a estos grupos; sin embargo, hay aspectos que señalan que estas “nuevas” fuerzas al margen de la ley tienen nexos que hacen pensar que el paramilitarismo en Colombia aún no ha dejado de ser un flagelo para la comunidad.

En estos tiempos que se habla tanto de paz, es imposible ignorar los sucesos acaecidos en los últimos meses, lo que se está gestando como un posible rearme paramilitar no ayuda en nada el proceso de paz actual con la guerrilla de las FARC. A muchos nos parece que el gobierno debe tomar las acciones necesarias para que esta situación con las bandas criminales no pase a mayores. De muy poco serviría llegar a un acuerdo con las guerrillas mientras otros grupos al margen de la ley se van adueñando de herencias criminales pasadas, es necesario que el gobierno ponga más sillas en la mesa y dialogue con todos los sectores posibles para que la guerra que acosa a este país no se siga perpetuando.

En un reciente artículo publicado en el portal Verdad Abierta existe una breve biografía que relata cómo surgieron estos grupos desde la desmovilización del paramilitarismo bajo el gobierno Álvaro Uribe Vélez. Se señala como uno de sus fundadores fue Vicente Castaño, quien decidió tomar distancia de las negociaciones y formó una estructura armada que ejercería control en territorio de dominio paramilitar de los departamentos de Antioquia y Córdoba, expandiéndose con el transcurso del tiempo a otras regiones. Fue así como empezaron a darse a conocer nuevos nombres de este grupo como el de Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, hermano de Freddy Rendón Herrera alias “El Alemán” quien se había acogido al proceso de justicia y paz (Verdad Abierta, 2016).

Verdad Abierta también informa cómo por su ubicación y zona de dominio a estos grupos se les empezó a conocer como Los Urabeños, pero para finales de 2008 ellos se autodenominarían Autofedensas Gaitanistas de Colombia cuando promovieron un paro armado en los municipios del llamado Eje Bananero. Con el tiempo ampliaron sus ataques y financiados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal fueron conquistando territorios, contrataban pandillas locales para efectuar trabajos urbanos mientras se movilizaban por sectores rurales adueñándose de lugares estratégicos que pudieran ser útiles, como los alrededores de las rutas por las cuales se mueve el narcotráfico.

Con el paso del tiempo el gobierno ha efectuado infructuosas labores para desarticular estas bandas, desde la captura de sus principales cabecillas como es el caso de “Don Mario”, así como dar de baja a algunos de ellos como sucedió con Juan de Dios Úsuga David, alias “Giovanni”; hermano de una de las cabezas visibles de estos grupos hoy en día que es Dario Antonio Úsuga, un desmovilizado del EPL y quien también desertó del proceso de paz con los paramilitares para seguir su carrera delictiva (Verdad Abierta, 2016).

En el último informe de la ONG Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo de la paz) que es una entidad que trabaja para promover un clima de reconciliación, diálogo y no violencia, el señor Leonardo González coordinador de la unidad investigativa de la entidad, hace un análisis de la presencia de grupos con el mismo esquema paramilitar antiguo durante el primer trimestre de este año. Los resultados hablan de 14 bloques que son reductos del paramilitarismo que hacen presencia en 149 municipios y 22 departamentos. Se habla de que no todos tienen un control territorial pero que si se ha comprobado su participación en acciones ilícitas como el narcotráfico, microtráfico, contrabando, minería ilegal, extorsión, vínculos políticos,  amenazas y asesinatos de líderes sindicales y sociales, método muy común en las antiguas filas del paramilitarismo (Unidad Investigativa Indepaz, 2016).

Este informe se convierte en una verdad no muy agradable para el gobierno que aduce a bandas criminales lo que se podría determinar como paramilitarismo, pero al hacer un balance se pueden hallar similitudes que evidencian que solamente se cambió el nombre de los perpetradores, que el proceso de paz con los paramilitares tuvo una serie de errores que valdría la pena analizar para evitar este tipo de sucesos en el proceso de paz actual con las FARC, en aras de impedir una posible repetición.

El paro armado del pasado 1º de abril efectuado por el denominado Clan Úsuga -uno de los 14 grupos indicados en su listado por Indepaz- se realizó en diferentes puntos de la geografía nacional, principalmente en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Hubo cuatro policías y un militar asesinados, bloqueo de vías, reducción de transporte, interrupción de clases en colegios y pintada de grafitis en casas y vehículos (El Universal, 2016). En la ciudad de Medellín, una de las más importantes del país, se presentaron alteraciones de orden público, balaceras, quema de un vehículo, diferentes métodos de amenaza contra la población que dejaron entrever la falta de acción de los gobiernos locales quienes se comprometieron, después de lo sucedido en el paro armado, a aumentar la seguridad para mermar la fuerza que están tomando estos grupos al margen de la ley (El Colombiano, 2016). Sin embargo queda la inquietud de qué si esto pasa en lugares como una capital de departamento y centro urbano que se supone debería estar protegido debido a su amplia población, no es difícil imaginar lo que puede ocurrir en poblaciones más vulnerables y con mayor presencia de bandas criminales.

...