Las reformas electorales en Нonduras y la actual contrarreforma electoral

LAS REFORMAS ELECTORALES EN HONDURAS Y LA ACTUAL CONTRARREFORMA ELECTORAL

Desde su promulgación el 20 de abril de 1981, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas ha sufrido 19 reformas por las cuales han sido reformados 169 artículos de la misma. ¿Cuál es el trasfondo político de esas reformas? ¿Por qué se producen las contrarreformas hoy día?

REFRESCANDO LA MEMORIA HISTORICA

El actual sistema electoral burgués hondureño nace como un sub producto de la revolución centroamericana de los años 70s y 80s. Ante el triunfo de la revolución sandinista en 1979 y la crisis de las dictaduras militares en Guatemala y El Salvador, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, promovió la realización de elecciones en Honduras como una medida preventiva de que no fuera a expandirse la fiebre revolucionaria en nuestro país debido a que aquí gobernaba una dictadura militar corrupta. No fue ninguna “bondad” del imperio hacia el Pueblo Hondureño, sino parte de una estrategia política que le permitió encubrir con una fachada “democrática” el vergonzoso papel jugado por el Estado de Honduras como sede de la contrarrevolución armada somocista, sin el riesgo de que aquí se produjera igualmente una revolución.

Que no fue en beneficio del Pueblo lo muestra el hecho de que con esa naciente “democracia” se produjo el más grave retroceso del movimiento popular de los últimos 20 años a raíz de la represión del gobierno Suazo Córdova-Alvarez Martínez. Fue la época de los desaparecidos, de la división de las organizaciones populares, etc. Por consiguiente, la Tercera República, que existe hasta el día de hoy, nace tutelada desde el imperio con la connivencia de las clases dominantes del país, y no fue el resultado de la acción directa de la lucha de las masas populares.

La ganancia de la clase dominante de Honduras fue que los gobiernos de entonces recibían enormes cantidades de dinero de los Estados Unidos, destinado a financiar el armamentismo del ejército hondureño, los planes de apoyo económico a los empresarios (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) y la corrupción de los gobernantes. El servilismo de esta burguesía entreguista llegó a tal grado de ignominia que ofreció a los Estados Unidos convertir a Honduras en un Estado Libre Asociado (propuesta de la APROH al gobierno norteamericano).

Sin embargo ese cambio no se dio sin contradicciones secundarias al interior de la misma clase dominante; no por amor a Honduras, sino disputando cuál de sus facciones se ponía al frente de la nación para servir mejor al imperio y obtener sus prebendas. Ello dio lugar a varias crisis políticas entre las que destaca la crisis institucional de 1985 (que partió en dos al Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema). Esas contradicciones condujeron a un conjunto de reformas institucionales del Estado, incluidas reformas electorales, desde fines de los 80s y comienzos de la década de los 90s.

La gran mayoría de esas reformas obedecieron a la necesidad de los partidos políticos de saldar sus crisis inter e intra partidarias (por ejemplo, la reforma que instituyó las elecciones internas en los partidos que buscaba evitar una nueva situación como la de 1985, o el voto separado que alivió las presiones locales a raíz de la conquista de la autonomía municipal) y de acomodar la Ley a sus necesidades específicas (por ejemplo el Voto Domiciliario que redujo los costos de transporte de los partidos y la creación de la Deuda Política).

Pero hubo otras reformas que la clase dominante hondureña tuvo que hacer a regañadientes durante los gobiernos del Presidente Callejas y Carlos Roberto Reina, en el marco de los acuerdos internacionales por poner fin al conflicto centroamericano (especialmente los acuerdos del Grupo de Contadora), entre las que destacan la apertura para la participación de la izquierda hondureña en el proceso electoral (inscripción de la UD) y la eliminación de la autonomía de las FFAA.

Estas podrían considerarse la primera generación de reformas electorales e institucionales en la actual República, resultado indirecto de la salida política provisional que se le dio al conflicto centroamericano.

De Centroamérica el eje revolucionario pasó a América del Sur. En 1998 se produjo otro acontecimiento internacional de enorme importancia como fue el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, que en pocos años derivó en una completa crisis de la forma de dominación que había prevalecido en ese país, incluida la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente. Esa revolución se dio en el marco de tremendas crisis de dominación en América Latina en el transcurso de los 90s, como la caída de varios gobiernos en Brasil, Argentina, Ecuador, Perú , la crisis del Pinochetismo en Chile y del priismo en México entre otros.

La revolución bolivariana disparó la alarma en el imperio y en los organismos multilaterales que llegaron al convencimiento de que había que hacer algo para evitar su expansión a Centroamérica y a otros países de Latinoamérica. Fue así que diversos organismos, como el PNUD el BM el BID abren para toda América Latina programas de “fortalecimiento de la democracia” a fin de evitar que los sistemas de dominación política caigan en semejantes crisis. Y como parte de esos programas se encuentra la promoción de nuevas reformas electorales.

El 4 de septiembre del año 2001, a efecto de la presión de la cooperación internacional, y siempre motivados por la promesa de apoyo económico a las instituciones del Estado y a los partidos políticos, se produjo un conjunto de compromisos del estamento político hondureño para hacer múltiples reformas constitucionales y electorales, como las siguientes: despartidización y tecnificación del Tribunal Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de las Personas; aprobación del Plebiscito y Referéndum; regulación de las Campañas Electorales; aceptación de las Alianzas Políticas, regulación de la Financiación de la Política; renovación de las formas de elección de Diputados y Designados Presidenciales, la no postulación del Presidente del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, entre las más importantes. Dichas reformas fueron aprobadas en el marco de una nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas por Decreto 44-2004, que añadió otras no previstas: como el voto individualizado con fotografía para diputados(as). A la par se hicieron reformas en el Sistema de Justicia, en la Policía Nacional, entre otras.

Fresca estaba la tinta de esa segunda generación de reformas, cuando el 15 de mayo de 2004 las cúpulas de los partidos tradicionales oligárquicos (Liberal y Nacional) llegaron a un pacto secreto para repartirse las nuevas instituciones

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