Ley Antitramites

LEY ANTITRAMITES

Es una iniciativa del Gobierno Nacional para facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, mediante la optimización de los trámites y servicios que las personas jurídicas y naturales deben hacer ante diferentes entidades. Tiene como principio que las actuaciones administrativas de los particulares y autoridades públicas se ciñan al postulado de la Buena Fe (honestidad, lealtad y sinceridad) y eleva la Moralidad a artículo de ley.

La nueva norma simplifica y en otros casos elimina muchos trámites, que harán la vida más amable a los ciudadanos. “El objetivo de todo esto se resume en una frase: menos trámites y mejor servicio para los colombianos”. Se pretende fortalecer las relaciones entre los ciudadanos, empresarios, servidores públicos y el Estado. Lo anterior para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de lo ciudadanos y la competitividad del Sector Público, a través de una Administración Pública eficiente, eficaz y transparente.

Llama la atención sobre este mecanismo porque suponiendo la Buena Fe y la Moral de los colombianos, existe una enorme tentación a sobrevalorar los derechos y subestimar los deberes. Las sociedades han aprendido a fortalecer sus instituciones democráticas, dividir los poderes y delegar la toma de decisiones colectivas en representantes o intermediarios.

Prohíbe la exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de derechos o actividades que hayan sido reglamentadas de manera general por la Ley. Existen regulaciones de carácter general, así como trámites y procedimientos innecesarios que atentan contra el propósito de racionalizar el aparato estatal, garantizar la eficiencia y la eficacia de la función administrativa y la reducción del gasto público.

Es claro que la ineficacia e ineficiencia de la función administrativa esconden la corrupción y la venalidad, ofenden la dignidad del ciudadano y cuestionan la legitimidad de la Administración Pública. La modernización de la Administración Pública requiere devolverle su majestad y al ciudadano su confianza en ella. Serán de obligatoria observancia los principios de racionalización, estandarización y automatización de trámites. La nueva ley tiene disposiciones claras que implican que las asociaciones público-privadas operarán para proyectos que generaran más salarios para el país.

Se destaca que con esta ley son tres los grupos beneficiados: los ciudadanos de a pie, los empresarios y las entidades públicas. Como empresario, resulta más beneficiado que la mayoría, porque representa a las personas que más tiempo necesitan y más tiempo gastan en este tipo de actividades. La norma eliminaría trámites y prohíbe a las autoridades administrativas revivir trámites ya eliminados. La Nueva Ley Antitrámites espera solucionar los problemas y congestiones en las entidades públicas y privadas, mejorando también el tiempo disponible de personas que tanto sufrían con este tipo de papeleos, prohíbe la exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de derechos o actividades que hayan sido reglamentadas de manera general por la Ley.

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