Ley de Etica El Salvador

Introducción

La corrupción dentro las instituciones públicas cometidas por parte de los funcionarios, corrompidos por los sobornos, no solo sucede en El Salvador, es un hecho mundial. Pero nuestro país es más vulnerable en cuanto al abuso de poder por estar en vías de desarrollo y la falta de transparencia con respecto a los bienes del estado y el uso a conveniencia de la justicia a favor de los más acaudalados.

Desarrollo o argumentación

La ley de ética gubernamental es sus artículos permite normar y promover la ética en la función pública del estado y los municipios; además intenta prevenir y detectar la corrupción; sancionando estas prácticas contrarias a las establecidas con respecto a los deberes y prohibiciones éticas.

Esta ley es aplicada a los servidores públicos en cualquier tipo de contrato; además incluye los ex-servidores públicos, y personas externas que no sean parte de un servicio público; pero, administren bienes del estado.

Todas las personas deben regirse bajo: supremacía del interés público, actuar con integridad, igualdad, imparcialidad, justicia, transparencia, responsabilidad, legalidad, lealtad, decoro, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas

Los deberes que deben cumplir son los siguientes: uso de fondos públicos para fines institucionales, denuncia de violaciones a los deberes o prohibiciones, evitar conflictos de intereses, no aceptar ningún tipo de valor económico o beneficio adicional a lo establecido en su cargo, desempeñar solo un cargo público, evitar realizar actividades personales, tener un empleo en el sector privado que genere conflicto de interés, no interferir en procedimientos administrativos, evitar el racismo de cualquier ámbito, no utilización de bienes del estado para hacer proselitismo, valerse del cargo para hacer política partidista.

Conclusión

La Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, el presidente de la República y la Corte de Cuentas deben elegir a personas con capacidad, probidad, independencia y valor para ejercer sus funciones. Su objeto es normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y los municipios, mediante acciones promocionales y represivas. Las acciones represivas se manifiestan en un régimen sancionatorio.

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